Gobierno federal y gobernadores aprueban Acuerdo Nacional contra la Extorsión

El Gobierno federal y los 32 gobernadores del País aprobaron el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, con el objetivo de unificar la respuesta institucional frente al único delito de alto impacto que mantiene una tendencia al alza en México.

La nueva etapa de la estrategia, lanzada desde julio del mismo año, fue presentada durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, explicó que el acuerdo obliga a armonizar las leyes estatales, crear o fortalecer unidades especializadas en las fiscalías locales y homologar procedimientos mediante un manual nacional de actuación.

“Somos conscientes que uno de los delitos que más preocupa a la población es la extorsión”, afirmó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la extorsión será el principal reto que el Gobierno federal y los estados deberán enfrentar durante 2026. “¿Qué pienso yo en los retos hacia adelante? Creo que uno de los grandes retos, además de todo el trabajo de coordinación, es avanzar más en la erradicación de la extorsión en el País”, declaró Sheinbaum Pardo durante la sesión.

Explicó que la extorsión era un delito del fuero común que requería denuncia de la víctima para que el Ministerio Público abriera la carpeta de investigación, pero la reciente modificación constitucional permite la participación de la Fiscalía General de la República y elimina la denuncia como requisito de procedibilidad, por lo que el ilícito se perseguirá de oficio.

“¿Qué virtud tiene esto? Que no recae en la víctima la denuncia, sino que se convierte en un delito que debemos perseguir todos”, expuso.

García Harfuch detalló que desde el arranque de la Estrategia Nacional contra la Extorsión el 6 de julio de 2025, se han recibido más de 102 mil llamadas al 089 y han sido detenidas 615 personas vinculadas al delito en 22 entidades.

Precisó que, entre julio y noviembre, se registraron 10 mil 854 extorsiones consumadas o con información suficiente para abrir carpeta de investigación, equivalentes al 11 por ciento de las llamadas recibidas.

Según el informe presentado, otro 14 por ciento de los reportes correspondió a intentos de extorsión sin pago concretado, mientras que el 75 por ciento restante, que representa 77 mil 428 llamadas, fueron casos que no se consumaron gracias a la intervención de los operadores del sistema.

En total, las fiscalías estatales iniciaron 3 mil 684 carpetas de investigación durante el periodo reportado.

Reveló que 12 centros penitenciarios concentran el 56 por ciento de las líneas telefónicas utilizadas para extorsionar a la población.

Para contrarrestar esta situación, se han instalado inhibidores de señal, escáneres, sensores de movimiento y sistemas de circuito cerrado en los penales.

Durante el primer trimestre de 2026, estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México.

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien intervino a nombre de los mandatarios estatales de Morena, respaldó la reforma federal pero advirtió que resulta insuficiente si no se fortalecen los mecanismos de protección a quienes denuncian.

“Es necesario ampliar e implementar la figura de identidad reservada de las víctimas y los denunciantes”, afirmó Ramírez Bedolla, quien propuso reformar el artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que la identidad reservada pueda mantenerse hasta el desahogo de la prueba.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión aumentó 23.1 por ciento desde el inicio de las administraciones de la autodenominada Cuarta Transformación, al pasar de un promedio diario de 25.11 casos en 2019 a 30.9 en 2025.

Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, señaló que la estrategia ha incentivado las denuncias al 089 y permitido prevenir más de 77 mil casos.

En contraste, los datos oficiales muestran disminuciones en otros ilícitos de alto impacto entre 2019 y 2025: feminicidio registró una reducción de 23.4 por ciento; lesiones dolosas por arma de fuego, 22.6 por ciento; secuestro, 58.4 por ciento; robo con violencia, 49 por ciento; robo a casa habitación con violencia, 52.8 por ciento; robo de vehículo con violencia, 45 por ciento; robo a transportista, 49 por ciento; robo a transeúnte con violencia, 44.7 por ciento; y robo a negocio con violencia, 57 por ciento.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública también avaló los criterios de operación de los fondos federales para seguridad y justicia: el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

El acuerdo incluye el compromiso de instalar sistemas de inhibición de llamadas en centros penitenciarios en un plazo de 180 días.