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Proceso

Harfuch confirma órdenes de aprehensión contra el ex Fiscal de Chihuahua que ayudó a la CIA

Según reportes, Guillermo Arturo Zuany Portillo, ex Fiscal de Operaciones Estratégicas, montó operativos con agentes estadounidenses
10/11/2026 11:01

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Chihuahua mantienen órdenes de aprehensión vigentes contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, ex Fiscal de Operaciones Estratégicas de esa entidad.

“Tengo entendido que las dos fiscalías tienen una orden de aprehensión vigente en su contra”, respondió al ser cuestionado respecto a la situación judicial del ex funcionario.

Aclaró que corresponde a las instituciones encargadas de las indagatorias confirmar los detalles de los procedimientos.

“Preferiría que fuera Fiscalía quien informara”, asentó.

Zuany Portillo renunció a su cargo y permanece prófugo.

El caso está vinculado con un operativo realizado en abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde las autoridades localizaron un laboratorio clandestino.

En esa operación murieron dos policías estatales y dos agentes estadounidenses.

En octubre de 2026, autoridades de Chihuahua informaron de una orden de aprehensión contra el ex Fiscal por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, mandamiento cuya ejecución el ex funcionario buscó impedir de forma temporal mediante recursos judiciales.

Según reveló el diario The New York Times, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos realizó operaciones contra el narcotráfico en Chihuahua con apoyo de Zuany Portillo, señalado por presuntos vínculos con cárteles.

La investigación, basada en cientos de páginas de documentos confidenciales y en entrevistas con una veintena de funcionarios de México y Estados Unidos, estableció que la agencia estadounidense comenzó a trabajar con el entonces fiscal de Operaciones Estratégicas desde el otoño de 2025 y que él facilitó durante más de seis meses la participación de agentes estadounidenses en entrenamientos y operativos de las fuerzas estatales.

Estados Unidos le había revocado previamente la visa por sospechas de nexos criminales y el ex funcionario afrontaba denuncias penales por complicidad en el asesinato de policías, pese a lo cual fue utilizado como enlace principal en la entidad.

A cambio de garantizar la entrada y la coordinación de los efectivos estadounidenses con la policía local, Zuany Portillo recuperó el documento que le permitía ingresar a ese país.

El trabajo periodístico documentó que los agentes estadounidenses no se limitaron a tareas de observación o asesoría, sino que participaron armados en los despliegues tácticos, con equipo táctico, armas largas y, en diversas ocasiones, chamarras con la insignia oficial del estado de Chihuahua para mimetizarse.

Durante los patrullajes e intervenciones portaban tabletas y computadoras para procesar información operativa en el momento.

En el cateo a una casa de seguridad de un cártel, un agente brindó cobertura desde el exterior con un rifle de asalto mientras ingresaba la policía mexicana y después participó en la revisión de dispositivos electrónicos decomisados y en el interrogatorio de un detenido.

Diversas misiones, entre ellas la irrupción en un bar para capturar a un líder criminal, se frustraron porque los objetivos escaparon momentos antes de la llegada de los contingentes, lo que generó sospechas entre oficiales mexicanos respecto a alertas previas a los delincuentes.

La operación encubierta quedó expuesta durante la mayor misión conjunta desplegada en la entidad, la localización y destrucción de un laboratorio de metanfetaminas en la sierra de Chihuahua.

Tras ubicar la instalación clandestina, una caravana de nueve vehículos con más de 60 elementos mexicanos y cuatro agentes estadounidenses inició el regreso nocturno por caminos de montaña.

La polvareda levantada por un vehículo blindado que encabezaba el convoy redujo la visibilidad y provocó que la camioneta que lo seguía, en la que viajaban dos agentes de la CIA y dos policías estatales, se desbarrancara más de 90 metros y explotara al fondo del precipicio, con la muerte instantánea de sus cuatro ocupantes.

Después del percance, Zuany Portillo llamó al lugar para ordenar a los policías que recuperaran los cuerpos de los agentes estadounidenses, los despojaran de cualquier insignia del Gobierno estatal y ocultaran la participación de la agencia ante peritos e investigadores federales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su indignación, aseguró que el Gabinete de Seguridad federal desconocía las actividades de la CIA en la entidad y exigió explicaciones tanto a la administración encabezada por Donald Trump como a la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

La secuela judicial derivó en el arresto de César Jáuregui, ex Fiscal general de Chihuahua y aspirante a la Alcaldía de la capital del estado, acusado de traición a la patria por haber autorizado el ingreso y la operación de la agencia estadounidense en territorio estatal.

Jáuregui rechazó los cargos y atribuyó la responsabilidad a un comandante fallecido en el choque.

En mensajes enviados a The New York Times, Zuany Portillo aseveró haber actuado de forma “ética y profesional” y sostuvo que las filtraciones provenían de personas “con mala intención”.

El ex funcionario afirmó también, en un mensaje de texto, que la Gobernadora sí tenía conocimiento de la presencia de los agentes estadounidenses, pese a que ella ha mantenido lo contrario.

En un comunicado, Campos respondió que el ex Fiscal está equivocado y que debería estar dispuesto a testificar ante un juez.

“Si tiene algo que decir, que se presente a declararlo”.