Informa SSPC sobre 8 supuestos suicidios de internas del Cefereso 16 de Morelos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre ocho supuestos suicidios de mujeres privadas de la libertad dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 16, mejor conocido como “CPS Femeninos de Morelos”, ocurridos entre julio y noviembre.

A través de una nota informativa, la dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez informó que la Fiscalía General del Estado de Morelos ya se encarga de las investigaciones, la cual deberá determinar la causa de los hechos y el deslinde de responsabilidades.

“Lamentamos el fallecimiento de estas personas y en cada uno de los casos se mantiene atención y acercamiento con las familias”, informó.

Recién el pasado 23 de octubre, Animal Político publicó el reportaje El cementerio de las vivas: el turbio negocio del Cefereso 16 de Morelos, en el que se documentó que la intoxicación masiva de 404 mujeres privadas de la libertad en este penal federal privado en 2022 exhibió graves violaciones a Derechos Humanos y el traslado de cientos de mujeres privadas de la libertad desde otros estados, que fueron alejadas de manera arbitraria de sus hijas, familias y defensa legal.

Salvador Leyva, ex secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que estuvo presente aquel jueves 29 de septiembre de 2022, en el que más de 400 mujeres sufrieron una fuerte intoxicación, relató desde entonces que el suicidio de mujeres suele ser cotidiano debido a las condiciones inhumanas en las que viven.

“O sea, son cuestiones muy graves, la cantidad de suicidios que han cometido las mujeres dentro del penal no son una cuestión fortuita, es consecuencia de una falta de atención médica generalizada dentro del penal y de la negligencia de las autoridades”, dijo.

“Cambios y rotación de directores”, medidas contra el suicidio

De acuerdo con la tarjeta informativa de la SSPC, desde hace unos meses que se presentaron los primeros casos de suicidio dentro del Cefereso 16, las autoridades del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) mantienen un trabajo conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para atender estas situaciones en ese centro penitenciario.

No obstante, entre las medidas que la Secretaría informó están “cambios y rotación de directores y mandos en el Cefereso 16” para atender la problemática y el reforzamiento de “trabajos de prevención del suicidio por lo que se realizan campañas de revisión para la detección y el tratamiento de casos”.

“Asimismo, se han redoblado las actividades artísticas, culturales y deportivas entre la población de mujeres privadas de la libertad”, señaló justo antes de asegurar que mantiene “su compromiso para coadyuvar con las autoridades correspondientes, evitar la impunidad ante cualquier eventual responsabilidad y en su compromiso para reforzar el tratamiento preventivo”.

Respecto a los “cambios y rotación de directores”, Leyva señala que esta medida “no tiene sentido” para atender la problemática de salud mental de las mujeres dentro de Cefereso 16, mientras que el reforzamiento del trabajo de prevención del suicidio con campañas de revisión para la detección y el tratamiento de casos es “falso”.

“No existe la capacidad ni la voluntad de brindar atención médica psiquiátrica ni psicológica oportuna, de calidad y continua, como debería ser, es la queja permanente de las internas. Y la respuesta de las autoridades es, sin ningún diagnóstico clínico serio, que lo que quieren las mujeres es consumir drogas o comerciar con ellas”, dijo.

Gasto de reclusorios privados, equivalente a “un hotel de cinco estrellas”

El 13 de enero de 2021, casi dos años antes de la intoxicación en el Cefereso 16 de Morelos, la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, se presentó en Palacio Nacional para informar que tanto la dependencia a su mando como la Consejería Jurídica de la Presidencia revisaron los ocho contratos de prestación de servicios celebrados con las ocho cárceles privadas que hay en el país, entre ellas el Cefereso 16.

Quien dio la orden de revisar esos contratos que calificó de “leoninos” fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo que estos resultaron “muy favorables para las empresas y muy malos para la hacienda pública”, mismos que fueron firmados en la administración de ex presidente Felipe Calderón entre el ex secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, y particulares para la construcción y operación del mismo número de penales.

Ahí, por primera vez, la Secretaría de Seguridad tomó la palabra para hablar sobre el Cefereso 16 y ponerlo de ejemplo como uno de esos contratos con irregularidades, en el que estaban albergadas 899 personas privadas de su libertad, 32% de su capacidad hasta ese día, y que según sus cálculos implicaban un costo de dos millones 308 mil pesos por persona al año; es decir, 192 mil pesos al mes, seis mil 411 pesos al día.

Tres meses y nueve días después, la funcionaria se presentó nuevamente en Palacio Nacional, pero esta vez para festejar que se habían conseguido diversas modificaciones a los ocho contratos celebrados con particulares que culminaron en ahorros por 41 mil 496 millones de pesos.

“El trato (antes de las modificaciones) representaba un gasto para el pueblo de México equivalente -nosotros decimos, esa es una percepción de la secretaría- este gasto representa un equivalente al hospedaje diario en un hotel de cinco estrellas o más por el alojamiento, alimentación y la atención de cada interno”, dijo.

Recién el pasado 19 de julio, la organización CEA Justicia Social y familiares de mujeres privadas de la libertad denunciaron graves violaciones a derechos humanos cometidos en contra de más de mil reclusas trasladadas al Cefereso 16.

De acuerdo con la organización, uno de los aspectos que son de mayor preocupación es la negación, falta de atención y omisión por parte de las autoridades a las necesidades de salud de las mujeres, lo que evidencia “un indicio de que las mujeres se enfrentan a tratos crueles, inhumanos y actos de tortura”.

Pese a tener señalamientos similares por violaciones graves a derechos humanos dentro del Cefereso 16, la secretaria de seguridad aseguró en la misma conferencia en la que festejó las modificaciones a los contratos que éstos se habían hecho para respetar los derechos humanos de las presas.

“Mediante este diálogo se acordó mejorar también con estos recursos las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y que las autoridades penitenciarias, que finalmente son o somos los responsables, logren la cobertura y un mejor respeto a los derechos humanos”, aseguró.