Insiste Sheinbaum en rechazar informe de la ONU sobre desapariciones
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó este 7 de abril el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, al afirmar que el documento tiene “otra orientación” cuyo propósito es criticar al Gobierno de México y llevar el caso ante la Asamblea General del organismo internacional.
Cuestionó que el comité no reconozca los esfuerzos institucionales emprendidos en la materia.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo sostuvo que la postura de su Gobierno no es de índole política, sino resultado de un análisis técnico realizado párrafo por párrafo del documento, desde su primer borrador hasta la versión final.
“Nada más hay que leer las conclusiones para saber que no están reconociendo el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de México”, afirmó.
Anunció que la Secretaría de Gobernación ofrecerá una conferencia de prensa para exponer esa postura técnica ante la opinión pública.
Pidió distinguir entre dos fenómenos distintos: las desapariciones forzadas cometidas por el Estado, como las ocurridas durante la llamada Guerra Sucia, cuando la extinta Dirección Federal de Seguridad detenía, torturaba y desaparecía a personas por razones políticas; y las desapariciones perpetradas por grupos del crimen organizado.
Señaló que el informe del Comité contra la Desaparición Forzada no establece esa diferenciación, lo que constituye, en su opinión, una de las principales debilidades del documento.
“No entendemos por qué esta extrapolación, por qué la extrapolación de crimen de lesa humanidad cuando el Gobierno está actuando”, cuestionó.
El informe del CED sostiene que las desapariciones forzadas en México tienen carácter generalizado o sistemático por parte del Estado, y recomienda elevar el caso ante la Asamblea General de la ONU a través del secretario general António Guterres.
El presidente del comité, Juan Pablo Albán, defendió el proceso y precisó que el análisis examina la evolución de la situación hasta la actualidad, a la luz de las interacciones sostenidas con el Estado mexicano desde 2012.
“El Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas, más de 132 mil al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional”, declaró Albán.
El funcionario rechazó que el comité pueda ser sometido a presiones por parte de los Estados parte de las convenciones en materia de derechos humanos.
A diferencia del Gobierno federal, diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), respaldaron la decisión del CED de solicitar la intervención de la Asamblea General.
La Segob había calificado el informe de “tendencioso” desde su publicación la semana previa.
En paralelo a la controversia, integrantes del colectivo Colectiva Memoria, Verdad y Justicia realizaron el 7 de abril de 2026 una jornada de búsqueda en Chilpancingo de Guerrero en la que pegaron fichas de personas desaparecidas en puntos concurridos de la ciudad, entre ellos el puente El Capricho y el mercado de la colonia Los Ángeles, para trasladarse posteriormente a la ciudad de Tixtla.
Las actividades fueron encabezadas por Socorro Gil Guzmán, presidenta del colectivo y madre de Jhonatan Guadalupe Romero Gil, joven de 25 años y recién egresado de la licenciatura en Derecho que fue detenido y desaparecido por elementos de la Policía Municipal de Acapulco la noche del 5 de diciembre de 2018, en la avenida Costera de ese puerto, cuando se dirigía a jugar futbol.
Gil Guzmán denunció que el caso permanece en la impunidad y que el Gobierno estatal no ha cumplido las recomendaciones formuladas por la ONU en el marco de la Acción Urgente 1824/2024, entre ellas la investigación del entonces fiscal regional David García Muñoz, señalado de haber ocultado pruebas en la carpeta de investigación, así como la comparecencia de los nueve policías municipales que presuntamente participaron en la detención del joven.
“Estamos ante un Gobierno que le importa más el mundial que los desaparecidos”, afirmó la madre buscadora.
Las integrantes del colectivo contaron con el acompañamiento de personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero, efectivos de la Guardia Nacional y elementos del Ejército mexicano.
