Javier Duarte enfrenta nueva prisión preventiva por peculado
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México dictó prisión preventiva justificada contra el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado relacionado con el desvío de 5 millones de pesos de recursos públicos federales y estatales.
Con este proceso, se complica la posibilidad de que obtenga su libertad en abril de 2026, cuando cumple su condena de 9 años de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Durante una audiencia de aproximadamente 6 horas y media realizada en el Reclusorio Norte, la Fiscalía General de la República imputó a Duarte de Ochoa el desvío de 5 millones de pesos que, según la acusación, estaban destinados en 2012 al Fondo de Apoyo a Personas con Discapacidad y a un fondo para personas vulnerables en Veracruz, recursos que habrían sido mezclados con otros fondos federales y estatales y posteriormente redistribuidos a diversas cuentas bancarias mediante un esquema conocido como “licuadora”.
La representación social sostuvo que el dinero se utilizó para fines distintos a los originalmente previstos, entre ellos el pago de sueldos, pensiones y proveedores del Gobierno estatal de aquel periodo.
La medida cautelar se dictó en el contexto de una nueva causa penal por peculado que se suma a la sentencia de 9 años de prisión que el ex Gobernador de Veracruz cumple desde 2018 por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, condena que concluye formalmente en abril de 2026 y que había abierto la posibilidad de una salida anticipada del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México.
En noviembre de 2025, una jueza de ejecución ya había negado a Duarte un beneficio de libertad anticipada al considerar que no acreditó un plan de actividades educativas, culturales, deportivas o recreativas durante su reclusión, por lo que su permanencia en prisión quedó sujeta al cumplimiento íntegro de la pena y a la evolución de los procesos penales pendientes.
En la audiencia del 12 de febrero, la Fiscalía General de la República presentó al menos 38 datos de prueba para sustentar la acusación por peculado, entre ellos documentos oficiales y elementos contables sobre la transferencia de los cinco millones de pesos destinados a personas con discapacidad y a población vulnerable en el estado de Veracruz.
Planteó que el presunto desvío ocurrió en 2012, cuando Duarte se desempeñaba como Gobernador, y subrayó que el delito de peculado, en este caso, puede ser sancionado con penas de hasta 14 años de prisión, además de posibles multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Tras conocer la imputación, la defensa de Javier Duarte solicitó la ampliación del término constitucional para definir su situación jurídica, por lo que el juez de control fijó como fecha el 17 de febrero de 2026 para determinar si lo vincula o no a proceso penal por el delito de peculado.
En ese lapso, la defensa particular tendrá oportunidad de analizar íntegramente la carpeta de investigación, preparar sus argumentos y ofrecer medios de prueba en favor del ex Gobernador de Veracruz, mientras la Fiscalía General de la República buscará sostener que el manejo de los recursos públicos configuró un desvío contrario a la normatividad aplicable en la administración estatal de 2012.
Duarte rechazó los señalamientos de la Fiscalía General de la República durante la diligencia realizada en el Reclusorio Norte y cuestionó la solidez de las evidencias presentadas por el Ministerio Público federal.
En su intervención ante el juez de control, calificó los elementos de prueba exhibidos por la Fiscalía como “una bola de sandeces” y afirmó que “no hay un solo dato verificable” que lo vincule directamente con el presunto desvío de los 5 millones de pesos, postura con la que buscó desacreditar la acusación y reforzar la narrativa de que se trata de un procedimiento orientado a impedir su eventual salida de prisión en abril de 2026.
La nueva prisión preventiva justificada, decretada por el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, impacta de manera directa en las expectativas de Duarte de Ochoa de recuperar su libertad al término de la condena de 9 años impuesta por delitos federales en un procedimiento abreviado.
Con esta causa por peculado, la Fiscalía General de la República busca que el ex Gobernador permanezca en reclusión mientras se desarrolla el proceso por el presunto desvío de recursos destinados a sectores vulnerables, lo que podría derivar, en caso de vinculación y eventual sentencia condenatoria, en una pena adicional de prisión.
