Jesús Plácido: de defensor de la Montaña a preso en el Altiplano
Por Israel Fuguemann
El viernes 17 de julio, Jesús Plácido Galindo trabajaba la tierra cuando una notificación en su teléfono interrumpió su labor. Del otro lado de la pantalla había un mensaje atribuido a Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno de Guerrero, según la reconstrucción de las organizaciones que acompañan su caso. El texto lo convocaba a una reunión urgente en Acapulco.
Jesús dejó el campo, volvió a su casa y emprendió el viaje junto a su esposa, pero nunca llegó a la cita.
A la altura del municipio de San Marcos, decenas de agentes rodearon su vehículo en un retén integrado por policías ministeriales, estatales, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Su esposa alcanzó a ver cómo lo esposaban y le confiscaban el teléfono celular. También atestiguó cómo destruían el botón de pánico que portaba como beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Acto seguido, lo subieron a una patrulla y se lo llevaron.
Durante más de veinte horas, su familia desconoció su paradero. Fue hasta el día siguiente cuando se confirmó su traslado directo al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Horas más tarde, la Fiscalía de Guerrero informó que el activista era investigado por el homicidio de José Pablo Xanteco Bartolo, miembro de una comunidad indígena, ocurrido el 30 de octubre de 2021.
Detrás del anuncio oficial sobre las razones de su captura, se asomaba una contradicción de fondo: el aparato judicial enviaba a una prisión de máxima seguridad a un defensor de derechos humanos bajo cargos del fuero común; un castigo político que las organizaciones interpretaron como máxima expresión de la criminalización.
La alerta se propagó entre los pueblos de la Montaña Baja y la Costa Chica. El Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), respaldados por la Red Todos los Derechos para Todos (TDT) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunciaron que la detención del defensor comunitario forma parte de una estrategia de hostigamiento coordinada por los tres niveles de gobierno.
El nombre de Jesús Plácido Galindo está arraigado en decenas de comunidades del sur del país. Su figura es reconocida por recorrer algunas de las regiones más olvidadas para acompañar asambleas, asesorar a autoridades tradicionales, impulsar procesos organizativos y, más recientemente, documentar los cruentos desplazamientos forzados provocados por la violencia criminal en Guerrero y otros estados.
Pero, ¿quién es Jesús Plácido Galindo?
Para entender por qué su captura desató la indignación de diversos pueblos originarios, es necesario volver varios años atrás, a Buenavista: una pequeña comunidad del municipio de San Luis Acatlán donde comenzó su historia.
El hijo de Cirino
Enclavada entre la Costa Chica y la Montaña de Guerrero está Buenavista. Allí nació Jesús Plácido Galindo, hijo de una familia mixteca. Desde niño acompañó a su padre en el corte de caña, aprendió el proceso para elaborar panela y a destilar aguardiente. La economía familiar dependía de extenuantes jornadas de agricultura para el autoconsumo. Como ocurría con la mayoría de las familias indígenas, el precio de las cosechas lo imponían intermediarios y comerciantes locales, mientras los caminos, los servicios de salud y las oportunidades seguían siendo inexistentes.
Su padre, Cirino Plácido Valerio, llevaba una doble vida. Durante el día era campesino y el resto del tiempo lo usaba para el trabajo comunitario: recorría los pueblos para participar en reuniones, resolver conflictos y construir una forma distinta de organizar la seguridad y la justicia en Guerrero.
A mediados de la década de 1990, Cirino se convirtió en uno de los fundadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), un sistema de seguridad creado ante el abandono del Estado.
Con el tiempo también participó en la fundación del Congreso Nacional Indígena (CNI), un espacio clave de articulación para los pueblos originarios de todo el país. Junto con su hermano Bruno Plácido formó parte de una generación de dirigentes indígenas que, desde principios de esa década, impulsó el movimiento 500 años de resistencia indígena, negra y popular que surgió en respuesta a la pobreza, la discriminación, la violencia y el abandono que padecían las comunidades de Guerrero.
Jesús creció bajo el cobijo de ese legado. Su lengua materna era el me’phaa y durante su infancia no habló español. Cuando salió de Buenavista para continuar sus estudios de preparatoria en Chilpancingo, se topó de frente con el racismo que asfixia a muchos jóvenes indígenas fuera de sus comunidades. El idioma y el origen se convirtieron en motivos de exclusión. La falta de recursos y la discriminación terminaron por obligarlo a abandonar la preparatoria y regresar a su comunidad.
Comenzó entonces a trabajar con su tío Bruno Plácido, quien recorría las comunidades de la Montaña vendiendo sal y refrescos. Aquellos viajes por los caminos serranos le permitieron conocer de primera mano la marginación que vivían los pueblos indígenas, pero también la violencia que enfrentan los comerciantes de la región, constantemente asaltados en rutas donde la presencia del Estado era prácticamente inexistente. Esa experiencia terminó de reforzar el aprendizaje que ya había comenzado junto a su padre: la defensa comunitaria no era una idea abstracta, sino una realidad que le atravesaba el cuerpo.
Cuando Jesús comenzó a asumir un papel más activo acompañó a su padre en los procesos organizativos que impulsaba en distintas regiones de Guerrero. En 2014, autoridades y habitantes de comunidades de la región de Chilapa buscaron directamente a Cirino para pedirle apoyo frente al incremento de la violencia. Un año después, con el recrudecimiento del conflicto, volvieron a llamarlo. Padre e hijo comenzaron entonces a recorrer la zona para convocar asambleas y fortalecer la organización de alrededor de 30 comunidades nahuas que buscaban hacer frente al avance de los grupos criminales.
Guerrero ya se transformaba dolorosamente. A los rezagos históricos de marginación se sumó una violencia que se expandía de forma implacable. Desde Tierra Caliente hasta la Sierra, pasando por las Costas y las dos regiones de la Montaña, el avance de las organizaciones criminales reconfiguró el control territorial, desatando una ola de homicidios, desapariciones y el éxodo forzado de pueblos enteros.
En la región de Chilapa, la cruenta disputa entre cárteles como Los Rojos y Los Ardillos terminó por alcanzar a numerosas comunidades nahuas, que de pronto se vieron atrapadas bajo amenazas constantes y enfrentamientos armados. Ante la emergencia, las asambleas comunitarias dejaron de concentrarse únicamente en gestionar caminos, escuelas o proyectos productivos; sus agendas dieron un vuelco urgente hacia cómo proteger la vida frente al colapso de la seguridad.
En ese contexto, el acompañamiento que hasta entonces Jesús había realizado junto a su padre comenzó a transformarse. Organizar asambleas ya no significaba solo fortalecer la vida comunitaria; también implicaba responder a comunidades que buscaban protegerse de una violencia cada vez más extendida. Esa experiencia marcaría el rumbo que asumiría en los años siguientes, cuando las comunidades comenzaron a buscarlo para que las acompañara en medio de una crisis que no dejaba de crecer.
El relevo del legado
La muerte de Cirino Plácido Valerio, en 2019, dejó un vacío complejo de llenar en Guerrero. Tras décadas de acompañar procesos organizativos en la entidad, su fallecimiento empujó a los pueblos originarios a buscar a Jesús para dar continuidad a ese legado.
Su perfil distaba de la imagen tradicional de un dirigente vertical. Quienes caminaron a su lado lo recuerdan recorriendo veredas, asistiendo a asambleas y acuerpando a las autoridades tradicionales. Bajo la escuela metodológica de su padre, explicaba con paciencia los derechos reconocidos a los pueblos indígenas, el funcionamiento de sus sistemas normativos y el alcance de la Ley 701 de Guerrero, que respalda la justicia comunitaria. Asesoraba en la creación de reglamentos internos y servía como enlace institucional para gestionar carreteras, escuelas, clínicas o ampliaciones de redes eléctricas.
“Nomás nos venía a asesorar, a capacitarnos; nos enseñaba cómo dialogar y cómo defendernos con los funcionarios públicos para que no nos manipularan”, relata un integrante del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).
‘Nunca lo vimos armado’
El mapa de la entidad se transformaba de forma violenta. La criminalidad que ya asolaba otras regiones comenzó a asfixiar a la Montaña Baja y Chilapa, la cabecera municipal. Este fenómeno de incremento en la violencia ha sido documentado durante más de tres décadas por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que ha seguido de cerca tanto la ruta trazada por Cirino como la labor posterior de Jesús.
Los pueblos articulados en la CRAC-Pueblos Fundadores y el CIPOG-EZ enfrentaban el asedio constante de Los Ardillos, grupo al que señalaban de intentar controlar el territorio mediante asesinatos, amenazas y despojos. De acuerdo con los informes de Tlachinollan, la hostilidad permanecía latente a pesar de las narrativas oficiales que presumían una baja en los delitos, y tendía a agudizarse durante los periodos electorales.
Esta emergencia reconfiguró el rol de Jesús. Los habitantes ya no solo acudían a él para destrabar una obra pública o entender una ley; comenzaron a llamarlo cuando ocurría un ataque armado, cuando una familia era expulsada de su hogar o cuando se volvía urgente registrar las agresiones. Tras la pérdida de su padre, el activista pasó temporadas enteras habitando en los municipios de la Montaña Baja para apuntalar la resistencia civil.
A mayor exposición pública, las amenazas en su contra escalaron. Ante el riesgo inminente, el Estado mexicano terminó incorporándolo al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Desde entonces, sin abandonar las parcelas en Buenavista, Jesús alternaba las jornadas de siembra con incursiones en las zonas más calientes de la entidad.
Su labor se transformó, pasó de ser un formador interno a convertirse en una de las voces que denunciaban ante el país el desamparo de los pueblos nahuas. Esa visibilidad lo llevaría, meses después, a confrontar abiertamente la narrativa gubernamental sobre la pacificación del estado y a señalar la presunta colusión entre corporaciones policiacas y el narcotráfico. Ese quiebre marcó el inicio del pasaje más peligroso de su vida.
Romper el cerco
La violencia nunca se ha ido de Guerrero, solo cambió de intensidad, de actores y de geografías. De acuerdo con Tlachinollan, las organizaciones criminales han permanecido durante años disputándose el control regional, aun cuando las cifras alegaran lo contrario. No obstante, existen coyunturas donde la disputa arrecia. Una de ellas son los procesos electorales, cuando la presión sobre las comunidades indígenas suele intensificarse.
Eso ocurrió en mayo de 2026. Entre el 2 y el 12 de ese mes, los pobladores de la Montaña Baja denunciaron una serie de embates atribuidos a “Los Ardillos”. Según los testimonios, comandos armados dispararon contra varias localidades y utilizaron drones con explosivos para hostigar a la población. El saldo consistió en nuevos homicidios, familias desplazadas y pueblos enteros bajo sitio.
Durante años, buena parte de ese terror permaneció confinado a las zonas de la sierra. Las denuncias rara vez trascendían las fronteras comunitarias. Tras los ataques de mayo de 2026, ese aislamiento comenzó a fracturarse. Los habitantes trasladaron su exigencia a conferencias de prensa, misiones de observación civil, entrevistas y encuentros con corresponsales nacionales. La crisis humanitaria, históricamente marginada del debate público, se volvió visible fuera del estado.
Jesús Plácido Galindo fue una de las voces más visibles de esa apertura. Durante esos días acompañó a activistas de derechos humanos y representantes civiles para documentar las agresiones y exigir la intervención de las fuerzas federales. En sus declaraciones reclamó directamente al gobierno de Evelyn Salgado que garantizara la seguridad en la región, detuviera a los perpetradores y desarticulara a “Los Ardillos”. También denunció la supuesta colusión entre autoridades municipales y estatales con dicho cartel, señalamientos que sostuvo firmemente ante la prensa.
Para el equipo de Tlachinollan, el viraje fundamental no estuvo solo en la dureza de las palabras, sino en que lograron romper un cerco informativo de años. Las comunidades dejaron de hablar únicamente entre ellas y comenzaron a interpelar al poder central. Jesús se convirtió en uno de los rostros indiscutibles de esa interpelación.
Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una asfixiante cadena de eventos que las organizaciones consideran represalias directas. Primero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló una cuenta bancaria del activista; un fondo que, según corroboró Tlachinollan, resguardaba 280 pesos.
La captura desató una indignación inmediata en los territorios donde Jesús sembró organización. Habitantes de Buenavista, Alcozacán y otras latitudes de la Montaña Baja, en conjunto con policías comunitarias y autoridades tradicionales, salieron a protestar en las carreteras con bloqueos. Sus pronunciamientos califican el operativo como un golpe político arbitrario: denuncian que, mientras los cárteles gozan de impunidad para sitiar y desplazar comunidades enteras, el Estado prefiere encarcelar a los hombres que las defienden.
Para quienes caminaron junto a él, este encierro no representa un simple expediente penal contra un líder indígena. Se suma a una larga lista de agravios, despojos territoriales y demandas de dignidad que, una y otra vez, intentan desbordar los límites coloniales de Guerrero para ser escuchadas por el resto del país.
Hoy, los contingentes continúan protestando desde la Montaña. Las voces vuelven a levantarse desde los mismos pueblos que históricamente han padecido el olvido. Un eco persistente que, demasiadas veces, parece quedarse atrapado entre la geografía de Guerrero.
