Juez determina que Rosario Robles continúe en prisión preventiva
Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, determinó, este miércoles 20 de octubre, que Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, continúe con la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por el caso de la llamada “Estafa Maestra”, ante el “alto riesgo de fuga”.
Asimismo, la Fiscalía General de la República tiene pendiente la ejecución de otra orden de aprehensión en contra de Robles Berlanga por delincuencia organizada y lavado de dinero, misma que fue emitida por un juez federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Durante la audiencia de Robles Berlanga, el Juez de control determinó que no permitiría nuevos debates entre la fiscalía y la parte acusada, por lo que se definiría conforme a la determinación que tomó el Noveno Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México, para que se revisaran las medidas cautelares.
“En este momento señala el Juez que, en términos de la ejecutoria de Amparo, no se permitirá nueva participación de las partes; sino que se resolverá con lo ya vertido por ellas”, indicó el juez de control, cuya determinación significó que Robles Berlanga no pudo aportar pruebas nuevas en su defensa.
El pasado 13 de agosto, la ex funcionaria federal cumplió dos años presa en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. Sin embargo, en punto de las 16:00 horas de este día, un vehículo del Sistema Penitenciario capitalino, que trasladaba a Robles Berlanga, llegó a las inmediaciones del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
La audiencia -programada para las 17:00 horas- comenzó 15 minutos tarde, presidida por el juez de control Villar Ceballos, en cumplimiento a una sentencia dictada el pasado 7 de octubre por el Noveno Tribunal Colegiado Penal de la capital de la República, que concedió un amparo a Robles Berlanga, en el que ordena reponer el procedimiento mediante el cual le dictaron la prisión preventiva justificada.
El pasado 7 de octubre, por unanimidad, los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México aprobaron el proyecto de sentencia de Juan Carlos Ramírez Benítez, que concedió el amparo a la ex funcionaria federal, para que se considere la posibilidad de modificar la prisión preventiva.
Los integrantes del Noveno Tribunal Colegiado Penal de la capital de la República confirmaron en forma definitiva el fallo dictado el pasado 12 de junio, por Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez Tercero de Distrito en Amparo, declarando como infundados e inoperantes los argumentos o agravios de la FGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que pidieron mantener la presente medida cautelar, con base en el supuesto riesgo de fuga.
Ello, argumentando la supuesta falta de arraigo, con base en la existencia de registros domiciliarios y de una licencia de conducir que la propia Robles Berlanga ha denunciado como falsa, así como por la aparente disponibilidad de recursos económicos y redes familiares que, según la FGR, facilitarían la evasión de la justicia.
Robles Berlanga presentó el amparo contra el fallo dictado el 30 de abril del 2020 por Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, quien rechazó concederle el cambio de medida cautelar y le ratificó la prisión preventiva justificada, porque estimó que prevalece el riesgo de fuga.
Esta es la cuarta ocasión que la ex funcionaria federal ha intentado conseguir la libertad provisional y la prisión domiciliaria en tres ocasiones.
El 22 de octubre del 2019, así como el 5 de febrero y el 30 de abril del 2020, distintos jueces rechazaron concederle dichos beneficios, concluyendo que prevalecían las mismas condiciones por las que se decretó la prisión preventiva.
El 13 de agosto del 2019, Robles Berlanga fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, que no amerita por norma la privación de la libertad del imputado durante el procedimiento judicial. Sin embargo, el entonces juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, le impuso la prisión preventiva justificada.
La imputación de la FGR contra la ex funcionaria federal es por su supuesta omisión como titular de la SEDATU y la SEDESOL durante el Gobierno de Peña Nieto, ante los desvíos de 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos que supuestamente llevaron a cabo sus subordinados, en la llamada “Estafa Maestra”.
