Juez federal suspende, por tiempo indefinido, reforma que extinguió fideicomisos del PJF

La reforma aprobada en el Congreso de la Unión, que extinguió 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que tenían aproximadamente 15 mil 450 millones de pesos, fue suspendida por tiempo indefinido por el titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua.

Juan Fernando Luévano Ovalle otorgó este sábado la primera suspensión definitiva contra el decreto de extinción, en un amparo presentado por un grupo de nueve magistrados de circuito y tres jueces de distrito en dicha entidad.

Según informes judiciales, citados por el diario Reforma, el impartidor de justicia reiteró los términos de la suspensión provisional del 31 de octubre pasado, en la que prohibió temporalmente al Consejo de la Judicatura Federal transferir los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Tesorería de la Federación, a las cuales también les prohibió disponer del dinero de dichos instrumentos financieros.

La instrucción del juez federal al CJF fue abstenerse de cancelar o extinguir los fideicomisos del PJF, para garantizar su continuación, operación y administración, en cumplimiento a las reglas de operación de cada uno de ellos. También ordenó acatar dicha suspensión a las entidades fiduciarias Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y la Banca de Desarrollo Nacional Financiera.

Luévano Ovalle también estableció que dicha medida protectora estaría vigente hasta que fuera resuelto en última instancia el amparo de los promoventes. Según Reforma, el Gobierno federal tiene la posibilidad de presentar un recurso de revisión contra el resolutivo, ante un tribunal colegiado.

Los promoventes del amparo fueron los magistrados María del Carmen Cordero Martínez, José Juan Múzquiz Gómez y Arturo Alberto González Ferreiro, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Chihuahua.

También Gerardo Torres García, Gabriel Asención Galván Carrizales y Abraham Calderón Díaz, magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo; así como Jesús Martínez Calderón, Alfredo Manuel Bautista Encina y Cynthia Yari Ruiz Holguín, magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación en la capital chihuahuense.

Mientras que los tres jueces quejosos fueron Blanca Cointa Lamelas Ruiz, del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales; y Javier Antonio Mena Quintana y Roberto Antonio Alcoverde Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua.

‘AHORA SE RAJAN’, DICE AMLO SOBRE FIDEICOMISOS PARA ACAPULCO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló el viernes que el Poder Judicial suspendió el diálogo con la Secretaría de Gobernación, ya que, según él, se están “echando para atrás” para destinar los recursos de 13 fideicomisos para los damnificados del huracán Otis, en Acapulco, Guerrero.

“Pues es muy lamentable que estas cosas sucedan porque se trata de [Norma Lucía Piña Hernández] la Presidenta de la Suprema Corte [de Justicia de la Nación], que en un escrito que me dirige se compromete a aportar los recursos del fideicomiso para beneficio de los damnificados y ahora están cambiando”, indicó.

“Ya están metiendo amparos y con sus aliados del [Partido Acción Nacional] PAN haciendo estas maniobras leguleyas, pero a ver si la Secretaria de Gobernación nos dice qué hay porque incluso no solo fue la Presidenta de la Corte. Hay un acuerdo del Congreso y firman hasta representantes del PAN y ahora se rajan, se echan para atrás”, expuso en conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Tijuana, Baja California.

“Ya no es uno, no sé cuántos amparos y la señora [Piña Hernández] ya no se pronuncia, mejor que nos diga: cambió de parecer, la presionaron, o ¿por qué no va cumplir? De todas maneras le digo a la gente de Acapulco que no va faltar nada”, insistió el Presidente.

“Se tuvo un encuentro con la Ministra Presidenta, derivado de esta acción de inconstitucionalidad habría que esperar [...] hasta que no se resuelva por la Corte [...] Son los propios jueces y magistrados quienes están promoviendo los amparos y dando suspensiones, hay tres suspensiones y una acción de inconstitucionalidad”, dijo, por su parte, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Segob.

“En el segundo amparo, la jueza pertenece a la asociación (demandante), entonces (habría) conflicto de interés”, enfatizó la funcionaria federal, quien también reiteró que la extinción de los fideicomisos no afectarían a los trabajadores del PJF.

“No hay ninguna afectación a los derechos de los trabajadores. Los recursos (a los trabajadores) vienen del presupuesto de la federación. No debería haber este tipo de suspensiones, no sólo porque hay conflicto de interés, sino porque no hay ningún derecho afectado”, sostuvo Alcalde Luján.

Un día antes, el 9 de noviembre, López Obrador acusó al Poder Judicial de la Federación de realizar “una jugarreta de mal gusto” por manejar un doble discurso respecto a su eventual colaboración para un fondo de ayuda para Acapulco.

El Mandatario nacional consideró que existía una contradicción entre la disposición expresada por Piña Hernández, para dialogar respecto al tema, y las suspensiones otorgadas por jueces federales contra la reforma a la Ley Orgánica del PJF, que extinguió los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

“Me mandó una carta la Presidenta de la Suprema Corte, que iban a entregar 15 millones y todavía no veo claro. ¿Qué están pensando?, porque no se puede esa jugarreta, es de mal gusto, ¿no?, de decir por acá el doble discurso, la doble moral, la hipocresía: ‘Vamos a devolver los 15 mil millones para Acapulco’, pero por acá los jueces, que son libres, promueven amparos”, expresó.

López Obrador consideró que Piña Hernández podría estar enfrentando una rebelión interna, por haber aceptado tender un puente con el Gobierno federal para analizar el tema. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que las dos posturas del PJF fueran una señal de confabulación.

“Pues yo creo que vamos a ver qué pasó. Seguramente se han de haber enojado los del bloque conservador con ella y le han de haber dicho: ‘¡Qué pasó!, si los fideicomisos no se tocan. ¿Y ahora cómo vas a comprometer para ayudar a Acapulco, si no nos preguntaste? ¿Qué te crees, que te mandas sola? No, pues entonces sí, o es una confabulación o es una rebelión. ¿Qué será? Bueno, queda de tarea para el análisis”, manifestó.

El 10 de noviembre, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó a la SCJN que atrajera los recursos legales interpuestos en contra de la reforma que extinguió 13 fideicomisos del PJF, con un acumulado de más de 15 mil millones de pesos.

La CJEF acusó a los jueces de violar el principio de imparcialidad, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, ya que estaban impedidos para conocer sobre asuntos de su propia causa.

“Violan en su beneficio el principio de imparcialidad del artículo 17 constitucional. Ningún juez debe conocer de su propia causa; así lo dispone también el artículo 51 de la Ley de Amparo. Ante esta evidente parcialidad con la que se conducen todos los jueces y magistrados, la Consejería ha pedido que la SCJN atraiga y resuelva de manera prioritaria los juicios de amparo”, refirió.

Según la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los ministros de la SCJN debían resolver directamente sobre el caso, debido a que, según la CJEF, existían intereses económicos de jueces, magistrados y personal del PJF.

“La Consejería está solicitando a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, que se ejerza la facultad de atracción del alto tribunal y resuelva de forma prioritaria los juicios de amparo promovidos por integrantes del PJF”, dijo.

“Ya que estos, al estar interesados en mantener el control de recursos públicos obtenidos con las aportaciones de los contribuyentes (pueblo), están impedidos para resolver con imparcialidad dichos juicios de amparo”.

La CJEF advirtió que la actuación de los juzgadores ponía en riesgo el bienestar a los habitantes de Acapulco, con el argumento de que había un supuesto compromiso para reasignar montos de los fideicomisos para los afectados por el paso del huracán Otis.

“Por ética judicial, los juzgadores debieron abstenerse de conocer de los juicios de amparo y recursos interpuestos en contra de la extinción de los fideicomisos del PJF [...] No debieron anteponer sus intereses meramente económicos por encima del bienestar de la población de Acapulco, que requiere una actitud solidaria. Están perdiendo la confianza de la sociedad mexicana sobre su imparcialidad al ser juez y parte en asuntos de su interés”, acusó.

En el pronunciamiento, la CJEF reprochó que los jueces hubieran otorgado suspensiones definitivas contra la reforma que extinguió los fideicomisos, para que el dinero no fuera reintegrado a la Tesorería de la Federación y, de ahí, asignado a un fondo para Acapulco.

De forma particular, la Consejería acusó a Luévano Ovalle, de quien indicó, otorgó una suspensión definitiva “en forma rápida, inusual y sin oír a las partes”. También hizo mención de la titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, quien otorgó la suspensión con efectos generales que lefavorece, en lo personal, así como a los demás jueces y magistrados, hayan o no promovido un juicio de amparo.

“La suspensión sólo debía otorgarse de existir un acto concreto derivado de la norma que afectara la esfera jurídica de los quejosos, y no en favor de terceros ajenos aljuicio”, agregó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.