Juez ordena juicio oral contra Emilio Lozoya por caso Odebrecht

La apertura de juicio oral en contra de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, relacionados al caso Odebrecht, fue ordenada el lunes por Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

La Fiscalía General de la República formalizó su solicitud de imponer una pena 46 años y 6 meses de prisión a Lozoya Austin e interpuso un recurso de apelación por la exclusión que hizo el juez de diversos elementos probatorios clave en el caso, que fueron presentados por la defensa del ex funcionario federal, encabezada por el abogado Miguel Ontiveros Alonso, quien explicó que con dicho recurso y un amparo presentado, se suspendía la materialización del auto de apertura del juicio oral.

El litigante explicó que el amparo tenía como propósito que se definiera cuál institución tenía la personalidad jurídica para ser la receptora de los fondos que suponen la reparación del daño al erario público, con el fin de ratificar la voluntad resarcitoria de Lozoya Austin a las instituciones del Estado y seguir colaborando con las autoridades.

Durante la audiencia intermedia, la defensa del ex director general de Pemex pidió cancelar 48 de los 67 datos y medios de prueba que ofreció la FGR para el juicio y logró que el juez excluyera 21 por ilícitas y cancelara 12 en forma parcial. Por su parte, la FGR pidió excluir 28 de las 38 pruebas que presentó Lozoya Austin en su descargo, pero Alarcón López rechazó todas las solicitudes.

Ontiveros Alonso dijo que, además de promover un amparo, su cliente reiteró su petición para que la FGR, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera aceptaran un acuerdo reparatorio y con ello evitar el juicio por los delitos que se le imputaban a Lozoya Austin no solo en el caso Odebrecht, sino por el caso Agronitrogenados.

Sin embargo, el juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte ordenó notificar, en un plazo de cinco días, a un tribunal de enjuiciamiento, para que fije fecha para el juicio del ex funcionario.

Por su parte, los fiscales federales anunciaron a Alarcón López que apelarán su decisión, en la que declaró ilegales y excluyó la información bancaria entregada por Suiza y Brasil para juzgar a Lozoya Austin por el caso Odebrecht.

Los representantes de la FGR dijeron estar en desacuerdo con la postura del juez, porque los tratados suscritos por México con esas naciones no establecen que la información financiera deba estar sujeta a un control judicial en los casos de solicitudes de asistencia jurídica internacional.

La Fiscalía General de la República pide a Lozoya Austin una reparación del daño de un millón 385 mil dólares por el delito de lavado de dinero; y, de 5 millones 951 mil dólares por el delito cohecho, ambos relacionados con el caso Odebrecht.

Por su parte, el codefensor Alejandro Rojas Pruneda pidió al juez dejar fuera del proceso a Pemex y la UIF porque, en su opinión, los delitos que imputaban a Lozoya Austin no les afectaban en su patrimonio y, por consecuencia, no tenían la calidad de víctima u ofendido.

No obstante, Alarcón López descartó el argumento y confirmó a las dos entidades como ofendidas por los ilícitos del ex director general de la empresa paraestatal, decisión que la defensa de Lozoya Austin va a combatir mediante el juicio de garantías presentado el 13 de marzo.

En la misma causa penal, la Fiscalía General de la República solicitó condenar a Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex funcionario federal, a 21 años con 3 meses de cárcel y el pago de 4 mil 50 días multa, que en este caso son 262 mil 278 pesos.

La FGR explicó que la pena solicitada a Lozoya Austin se compone de 22 años de prisión por el delito de lavado de dinero, 14 por cohecho y 10 por asociación delictuosa. Mientras que para su madre la pena es de 10 años de prisión por asociación delictuosa y 11 por lavado de dinero. Además, solicitó inhabilitar al ex director general de Pemex para ocupar cualquier cargo del servicio público por un plazo de 14 años.