Juez ordena que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, siga el proceso penal desde la cárcel

MÉXICO._ José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, dictó, alrededor de las 15:30 horas de este miércoles, tras más de ocho horas de audiencia y a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ello por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como por asociación delictuosa y cohecho, todos derivados del caso Odebrecht.

La FGR acusó ante el juez federal la actitud “reticente, evasiva y grosera” ante la autoridad, por parte del ex director general de la empresa paraestatal.

Al resolver la solicitud del Ministerio Público de la Federación, el juez Zúñiga Mendoza explicó que desde un inicio de este proceso por el caso Odebrecht, consideró que era viable la prisión preventiva justificada en contra de Lozoya Austin, sin embargo, no la había podido imponer porque no había sido solicitada por la FGR.

El juez federal también basó su decisión en tres rubros: la red de ayuda que podría tener para fugarse al ex director general de Pemex: la cantidad de recursos económicos que tiene para ello, así como la pena de los tres delitos que se le imputan al ex director de Pemex, asociación delictuosa, lavado de dinero, y cohecho.

“Las fotos del ex funcionario comiendo en lujoso restaurante no son materia de prueba para determinar la prisión preventiva justificada, sino una red de ayuda y 2 millones de euros”, señaló Zúñiga Mendoza, según la versión de algunos medios que estuvieron presentes en la audiencia.

El ex director general de Pemex fue detenido por agentes de la Guardia Nacional al término de la audiencia judicial en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

El juez federal ordenó que Lozoya Austin sea encarcelado en el mismo centro penitenciario y ordenó medidas de seguridad especiales, ya que dentro de dicha cárcel también hay personas denunciadas por él.

La FGR solicitó la modificación de la medida cautelar para Lozoya Austin y pidió al juez prisión preventiva justificada, ya que, según argumentó, las condiciones desde que se le concedió el uso de un brazalete electrónico, la entrega de su pasaporte y visa, así como la firma periódica, han variado.

El agente del Ministerio Público de la Federación también argumentó que Lozoya Austin cuenta con al menos 2 millones de euros para poder sustraerse de la justicia y esconderse en algún otro país como Alemania, donde reside su esposa, Marielle Helene Eckes.

Asimismo, la FGR argumentó que el 8 de noviembre se abrirá la frontera con Estados Unidos para viajes no esenciales, y a pesar de que se le ha retirado el pasaporte y visa, el ex director general de Pemex cuenta con los contactos para poder tramitar documentos con otros nombres.

La FGR acusa a Lozoya Austin de haber usado su petición de criterio de oportunidad, con la cual evadió la prisión, para obstaculizar el proceso en su contra.

“No ha tenido la más mínima intención de reparar el daño. Lo cual era un requisito indispensable”, señala la Fiscalía ante el juez federal.

A esta petición se sumaron la empresa paraestatal Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo titular, Santiago Nieto Castillo, confirmó esta solicitud en su cuenta de la red social Twitter.

La Unidad de Inteligencia Financiera añadió que tiene varias investigaciones abiertas en contra de Lozoya Austin, que en su momento pudieran ser judicializadas. Por tanto, ante el potencial riesgo de fuga, se unió a la petición de prisión preventiva justificada, por parte de la FGR.

“Su comportamiento es sabido, que se encontraba en un restaurante, no se ajusta al comportamiento de una persona sujeta a proceso penal y, si bien no tiene un impedimento, su presencia en el restaurante es una provocación a las instituciones públicas”, dijo Antonio López García, representante de la UIF.

Ello “porque ha sido interpretado por la ciudadanía de que ciertas personas imputadas en casos sensibles, pueden obtener unas medidas cautelares y otras no, él tenía la obligación de un comportamiento diverso al que ha venido reflejando”, señaló el funcionario federal ante el juez de control.

Por su parte, el fiscal federal aseguró que la pena de prisión para Lozoya Austin, que va de 12 a 35 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, es un incentivo suficiente para justificar la prisión preventiva.

Manuel Granados Quiroz, representante de la Fiscalía General de la República agregó que su cena en el restaurante Hunan con empresarios, es una muestra de las redes de ayuda que podrían auxiliarlo para salir de México, además de que personalmente cuenta con los recursos suficientes para hacerlo.

La FGR acusó que Lozoya Austin no ha hecho el mínimo intento ni ha sostenido pláticas para pagar una reparación del daño de 7 millones 385 mil dólares un requisito indispensable para que dicha institución de procuración de justicia pueda negociar un criterio de oportunidad, que permita al ex director general de Pemex la inmunidad penal.

“Su actitud ha sido evasiva, grosera [...] no ha manifestado su intención de reparar el daño y no es posible en esas condiciones un criterio de oportunidad, al no reparar el daño, solo ha logrado que el proceso se haya alargado de manera injustificada, por eso es que estamos ante una necesidad de cautela muy elevada”, detalló Granados Quiroz ante el juez federal.

Sin embargo, durante su intervención, el ex director general de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, aseguró que no tiene responsabilidad en los delitos de los que se le acusa, pero se comprometió a buscar un acuerdo para la reparación del daño.

“El Consejo de la Judicatura dice que el ex director de Pemex pidió la voz durante esta audiencia, refirió ser inocente y que está buscando llegar a un acuerdo reparatorio, aunque dice no ha tenido responsabilidad”, señaló el CJF en un breve comunicado.

Antes, el citado juez de control concedió al ex director general de Pemex, una prórroga de 30 días más, hasta ele 3 de diciembre del presente año, para cerrar la investigación complementaria del proceso contra el ex funcionario federal por el caso Odebrecht, con la finalidad de reunir pruebas en su descargo, argumentando que está pendiente la respuesta de Brasil a una solicitud de asistencia jurídica.

“El Juez autoriza un mes, feneciendo el 3 de diciembre. Sustenta lo anterior en los derechos a la defensa y debido proceso. Asimismo, insta a la Fiscalía a que agote los medios para obtener ese dato de investigación (Convenio No. 5)”, según informó el Poder Judicial de la Federación (PJF) en una tarjeta informativa.

El ex director general de Pemex llegó, un poco después de las 9:00 horas de este día para una audiencia presidida por el citado juez federal. Lozoya Austin arribó al lugar acompañado de su equipo de abogados quienes solicitaron a Zúñiga Mendoza, una prórroga de 60 días más, misma a la Fiscalía General de la República (FGR) se opuso el pasado 1 de noviembre.

El ex funcionario federal -que evitó dar declaraciones- arribó al exterior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ubicado en la Ciudad de México, en una camioneta color negra y descendió de dicho vehículo para ingresar caminando al Centro de Justicia Penal Federal, junto a sus asesores legales.

José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, presidió una audiencia en la que hubo un debate entre la defensa del ex director general de Pemex y la FGR, para resolver si concedía o no el diferimiento.

En el proceso del caso Odebrecht, al ex director general de Pemex le imputan recibir sobornos de 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña, a cambio de los contratos de la refinería de Tula.

La solicitud del ex funcionario federal es un requerimiento para saber si está vigente o fue revocado en forma definitiva el acuerdo de colaboración suscrito por la Procuraduría de Brasil con Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, y testigo protegido que señaló a Lozoya Austin de recibir sobornos de la constructora brasileña.

El Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte notificó a la FGR la solicitud de prórroga del ex director general de Pemex y de inmediato la institución de procuración de justicia se opuso, pidiendo, por el contrario, que fuera cerrada la investigación complementaria, porque estimó que no había actos de investigación pendientes de practicar.

Asimismo, la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se unieron a la pretensión de la FGR de que fuera declara cerrada la etapa de investigación complementaria del caso Odebrecht.

A pesar de que la investigación complementaria se amplió únicamente 30 días más, de facto el plazo de investigación complementaria finalizará a inicios de 2022, debido a que se descuentan las dos semanas de asueto que tendrá el Poder Judicial de la Federación (PJF) durante diciembre.

El ex funcionario federal ya cumplió un año y cuatro meses sin haber superado la primera etapa procesal en sus dos procedimientos penales, ya que fue vinculado a proceso el 28 y 29 de julio de 2020, pero desde entonces, tanto el caso Odebrecht como el de Agronitrogenados, continúan en el periodo de investigación complementaria.

Cuando fue procesado en julio del año pasado, Lozoya Austin pidió ampliación por 6 meses para reunir sus datos de prueba para un eventual juicio. Mientras que en enero pasado, el ex director general de PEMEX solicitó otros tres meses. Mientras que en abril del 2021, requirió tres más; y, en julio, otros 30 días.

En agosto pidió y le autorizaron una nueva prórroga de 3 meses, argumentando que necesitaba el tiempo para la traducción de documentos bancarios recibidos desde Alemania, Brasil y Belice, debido a que la FGR no tenía peritos traductores disponibles para dichos idiomas.

El pasado 11 de octubre la FGR confirmó que Lozoya Austin tenía hasta este miércoles 3 de noviembre, para presentar sus pruebas en el proceso.

“Emilio ‘L’ sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre, según el acuerdo del Juez de Control del Reclusorio Norte, que lleva el caso”, dijo la institución de procuración de justicia en un comunicado.

El ex funcionario federal tiene otro proceso por el caso Agronitrogenados, en el que le imputan cobrar un soborno de 3.5 millones de dólares para que Pemex comprara a Altos Hornos de México (AHMSA) la planta “chatarra” del complejo de Pajaritos, en Veracruz.

En la audiencia lo acompaña su madre Gilda Lozoya, quien en varias ocasiones ha movido la cabeza en sentido negativo ante las múltiples acusaciones contra su hijo, informó animalpolítico.com.

El juez decretó un receso de 30 minutos, pedido por la defensa, para tratar de responder a la petición de la FGR de que se le aplique prisión preventiva.

Lo que sí ha logrado el exdirector de Pemex en esta audiencia fue aplazar un mes más el inicio de su juicio. El juez Artemio Zúñiga dio al ex funcionario y su defensa hasta el 3 de diciembre para conseguir más pruebas. La resolución se basó en los derechos a la defensa y el debido proceso.