Juez vincula a proceso a Ángel Aguirre por desaparición de normalistas de Ayotzinapa
Un Juez federal vinculó a proceso a Ángel Aguirre Rivero, ex Gobernador de Guerrero, por la presunta desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y le ratificó la prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”.
La resolución se dictó en la madrugada del 12 de agosto, al término de una audiencia que concluyó a las 2:31 horas.
Mario Elizondo Martínez, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, resolvió que la Fiscalía General de la República aportó los datos de prueba suficientes para presumir la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió.
El juzgador fijó un término de cuatro meses para la investigación complementaria, plazo que vencerá el 4 de diciembre del mismo año.
Aguirre Rivero fue procesado por el delito de desaparición forzada de personas, en la modalidad que sanciona con 40 a 60 años de prisión y con 10 mil a 20 mil días de salario al servidor público que oculte o se niegue a proporcionar información respecto a la privación de la libertad o el paradero de una persona.
La imputación específica consiste en que el ex Mandatario estatal habría ordenado ocultar o destruir los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
La base de la acusación son los testimonios de Lambertina Galeana Marín, ex Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex visitadora general de la misma institución, ambas también procesadas.
Estrada Ortega declaró que el 29 de septiembre de 2014 sustrajo de la oficina de Galeana Marín el disco con los videos y lo entregó ese mismo día, a las 20:30 horas, en Chilpancingo.
Según ese testimonio, al día siguiente se realizaron dos reuniones en el Palacio de Gobierno, en las que Aguirre Rivero cuestionó a integrantes de su gabinete si ya habían destruido las evidencias del caso, porque las desapariciones no podían pasar a mayores, dado que él mantenía relaciones con el Gobierno del entonces Presidente Enrique Peña Nieto.
La FGR ofreció 13 datos de prueba, mientras que la defensa presentó 31, entre ellos seis testimonios, notas periodísticas, publicaciones en redes sociales, documentos notariales y actas de nacimiento.
Los abogados, encabezados por Guillermo Barradas Cendón, sostuvieron que el 29 de septiembre de 2014 el entonces Gobernador no se encontraba en Chilpancingo, porque a las 18:00 horas sostuvo una reunión con Miguel Ángel Osorio Chong, entonces Secretario de Gobernación, en Ciudad de México.
La defensa expuso que el 30 de septiembre de 2014 Aguirre Rivero participó en tres reuniones en Casa Guerrero, residencia oficial del Ejecutivo estatal: una con integrantes del equipo de futbol Avispones, atacado a balazos el 26 de septiembre en Iguala; otra con militantes del Partido Acción Nacional y una más con el Grupo de Coordinación Guerrero, en la que estuvieron delegados de la entonces Procuraduría General de la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, así como Rafael Ojeda Durán, entonces Comandante de la Octava Zona Naval y posteriormente Secretario de Marina.
El Fiscal federal David Roberto Rojas Ramírez ofreció dos pruebas de refutación: una geolocalización y una declaración ministerial rendida hace más de una década por el ex Mandatario.
La defensa reveló que ambas provenían de una averiguación previa de 2015 y fueron incorporadas al expediente el 9 y el 10 de agosto de 2026, además de que el número celular rastreado correspondía a un abogado de apellido Villalobos.
El Juez determinó no admitir la geolocalización y la calificó como imperfecta, no ilegal, al considerar que la Fiscalía podría perfeccionarla durante la investigación.
Madres y padres de los normalistas desaparecidos intervinieron por videoconferencia desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez para pedir el procesamiento y la permanencia en prisión del ex Gobernador.
“El ex Gobernador necesita estar en la cárcel, es lo que nosotros queremos, porque no sabemos nada de nuestros hijos y queremos saber a dónde se los llevó y también investiguen a Peña Nieto”, expresó una de las madres.
El juzgador argumentó que en el delito de desaparición forzada la norma obliga a un análisis atenuado, flexible y basado en pruebas indiciarias.
“Aquí no vamos a encontrar pruebas directas, porque el objetivo del delito es ocultar pruebas”, manifestó.
Añadió que ninguno de los testigos ni de los documentos presentados por la defensa le generó convicción de que el imputado no estuvo involucrado en los hechos.
Al término de la diligencia, la defensa lamentó la resolución y anunció que apelará la vinculación a proceso.
