Jueza vincula a proceso a Ernesto Ruffo por red de huachicol fiscal
La madrugada de este 23 de julio, la Jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, vinculó a proceso a Ernesto Ruffo Appel, ex Gobernador de Baja California, y a otros siete empresarios y agentes aduanales, por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de más de 2 mil 137 millones de litros de hidrocarburos, con un daño de más de 166 millones de pesos a la hacienda pública.
Alrededor de las 3:15 horas de esa fecha, la Juzgadora determinó que la Fiscalía General de la República aportó los datos de prueba suficientes para presumir la existencia de una organización criminal dedicada al huachicol fiscal, así como la probable pertenencia de los imputados a dicha estructura.
Los delitos por los que fueron vinculados al procedimiento penal son un ilícito en materia de hidrocarburos, delincuencia organizada y contrabando.
Los dos primeros contemplan prisión preventiva oficiosa, por lo que esa medida cautelar prevalecerá y los procesados permanecerán privados de la libertad durante el trámite del procedimiento.
Ruffo Appel permanecerá en el Penal del Altiplano.
La audiencia inició el 21 de julio de 2026, a las 19:40 horas, por videoconferencia y a puerta cerrada, luego de que la Juzgadora, a petición de la FGR, consideró que el caso contenía información de seguridad nacional que no debía divulgarse.
La diligencia registró varios recesos, el último decretado a las 17:00 horas del día 22 de julio por un periodo de seis horas.
A las 22:42 horas, el auxiliar de sala informó que la audiencia no se reanudaría a las 23:00 horas, sino a las 00:40.
El desahogo recomenzó hasta las 3:10 horas y, siete minutos después, la juzgadora informó el sentido de su fallo y comenzó a desarrollar sus argumentos.
A las 6:00 horas del 23 de julio de 2026, 34 horas después de su arranque, la audiencia aún no concluía.
Además de Ruffo Appel, los procesados son Ricardo Thompson Navarro, dueño de Servicios Portuarios, S.A. de C.V. y ex vocal de la empresa Ingemar, de la que el ex gobernador es socio y fundador; y José Merino Valdés Cuervo, representante de Dragados y Puertos S.R.L de C.V. y Servicios Portuarios S.A. de C.V., empresas accionistas de Ingemar.
La lista incluye también al agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez; a su dependiente autorizado Luis Antonio Barrientos Juárez; y a Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista y representante de Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., empresa ubicada en San Luis Potosí. La completan José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, fundadores y accionistas de Internacional de Fundentes, S.A. de C.V., localizada en Saltillo, Coahuila.
En el Penal del Altiplano permanecerán internados Ruffo Appel, Thompson Navarro, Merino Valdés Cuervo, Chávez Rodríguez y Barrientos Juárez, mientras que Bárcenas Guillén continuará presa en el Centro Federal de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Sur, en el Estado de México.
De la Peña Ramos y de la Peña Rosales son los únicos que llevarán su procedimiento penal bajo prisión domiciliaria en sus casas de Saltillo.
Según la imputación de la FGR, en 2025 la empresa Ingemar importó 2 mil 137 millones 455 mil 156.22 litros de petrolíferos y Servicios Aduanales JR, S.A. de C.V. otros 225 mil 633 litros, sin contar con los permisos de la Secretaría de Energía.
Del total del contrabando, las autoridades federales aseguraron sólo 18 millones 24.86 litros de hidrocarburos en Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.
El daño a la hacienda pública por la introducción ilegal de estos productos al país asciende a 166 millones 466 mil 735.26 pesos.
