Juicio en EU por demanda civil de UIF contra García Luna comenzará en mayo del 2023

El juez William Thomas, de la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial en Miami-Dade, en Estados Unidos, fijó para el 8 de mayo del 2023 el inicio del juicio por la demanda civil presentada por el Gobierno de México el pasado 21 de septiembre, contra Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante la Administración de Felipe Calderón Hinojosa, así como más de 40 entidades físicas y morales.

El pasado 24 de noviembre, Thomas notificó el calendario para la demanda civil presentada el pasado 21 de septiembre, por los abogados Carlos A. Acevedo, Kevin A. Malone y Kelley B. Stewart, litigantes contratados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La institución, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), acusa a García Luna de haber robado al menos 250 millones de dólares durante los seis años que duró el Gobierno de Enrique Peña Nieto, así como establecer una red de lavado de dinero para comprar automóviles de lujo, bienes raíces y crear empresas para transferir el dinero a Barbados y EU.

A partir del 5 de enero de 2022, el juez Thomas sostendrá con las partes audiencias mensuales de administración del caso, la última de las cuales sería celebrada el 30 de marzo del 2023. Asimismo, durante un periodo de 18 meses se desahogarán las pruebas que se tendrán que recibir de autoridades de México y Panamá.

La demanda contra más de 40 entidades físicas y morales, incluye a Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del ex titular de la SSP Federal, durante el Gobierno de Calderón Hinojosa. Además del ex subsecretario de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Seguridad Pública, José Francisco Niembro González, y a su esposa, Martha Nieto Guerrero.

También están incluidos los socios y supuestos prestanombres de García Luna: Mauricio Weinberg López, Jonathan Weinberg Pinto, Sylvia Pinto de Weinberg y Natan Wancier Taub. Tanto Niembro González, como los empresarios, recibieron autorización del juez para presentar a más tardar el 20 de diciembre su contestación a la demanda.

La UIF debe demostrar al juez, de que los contratos que recibió Nunvav -empresa de García Luna en Panamá-, fueron ilegales. Durante el Gobierno de Peña Nieto, dicha compañía ganó contratos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) por 2 mil 623 millones de pesos y 74 millones de dólares, respectivamente.

Según la demanda -que inició el ex titular de la UIF, Santiago Niego Castillo, quien renunció a su cargo el pasado 8 de noviembre-, García Luna -quien no era funcionario desde el 2012- arregló mediante sobornos, manipulación de ofertas o corrupción los citados contratos con el Gobierno mexicano.

Acevedo, Malone y Stewart han enviado decenas de misivas a cada alguacil del estado de Florida, donde reside la mayoría de los acusados y se hallan establecidas las entidades demandadas, para que entreguen los citatorios a los implicados, algunos de los cuales se les hace un reclamo respecto a una propiedad. Sin embargo, hasta la fecha, García Luna no ha sido emplazado a juicio.