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Inseguridad

La desaparición de Guillermo Guzmán, un cumpleaños truncado y una investigación estancada en Uruapan

Guillermo Cuitláhuac Guzmán García cumpliría 45 años al día siguiente de desaparecer en Uruapan. Su vehículo fue hallado en una zona dominada por grupos criminales, y la última persona que lo vio negó haberlo recibido, pese a registros de cámaras. Su familia enfrenta hoy el vacío de una investigación estancada
16/12/2025 10:20

El 25 de septiembre, el arquitecto Guillermo Cuitláhuac Guzmán García estaba a solo unas horas de cumplir 45 años. Esa mañana, varios familiares y amigos dicen haberlo visto sonriente, conduciendo su camioneta por las calles de Uruapan, Michoacán. Tampoco era una excepción, coinciden: lo recuerdan como un hombre sociable, alegre y de carácter cálido, “con mucho carisma”.

“Al regresar de la universidad vi a mi papá pasar por la calle y lo saludé”, cuenta Valeria, nombre ficticio a petición de la entrevistada. “Serían como las 11:30 o 12. Se veía tranquilo, muy normal. Al día siguiente era su cumpleaños e iba a ir a Morelia a jugar un torneo de pádel. En la noche íbamos a festejar con él”.

Pero Guillermo no volvió a casa, ni respondía el celular.

Horas después, su camioneta apareció abandonada en la carretera a Cuatro Caminos, un punto intermedio rumbo a Apatzingán: una región y una ruta muy golpeada desde hace años por la violencia y las disputas entre Cárteles Unidos, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El arquitecto conocía bien esa ruta —donde entrenaba a alumnos en un club de pádel y supervisaba una obra—, pero ese día no tenía programado viajar.

Por eso sorprende que el vehículo fuera hallado a más de 80 kilómetros de Uruapan y trasladado al corralón de Apatzingán. Y sorprende aún más que las cámaras de vigilancia lo ubicaran por última vez en el domicilio de una mujer que, tras la desaparición, declaró no haberlo visto. Una contradicción que, sumada a la falta de más pistas, compone un rompecabezas que la Fiscalía de Uruapan no logra ordenar.

A casi tres meses, la familia vive entre la angustia y el desgaste, en un contexto donde operan al menos cuatro grupos criminales en Uruapan —y donde el pasado 1 de noviembre fue asesinado el Alcalde independiente Carlos Manzo— y donde la inacción de las fiscalías estatales y federales sigue dejando investigaciones a medio camino arrumbadas en un cajón.

“Al inicio hubo algo de avance, no tan rápido como queríamos, pero algo”, dice Valeria, que lamenta: “ahora todo está pausado. Y eso nos preocupa, porque cada día que pasa el caso se va quedando en el olvido. Estamos muy angustiados”.

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Desapariciones silenciadas

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 11 de diciembre de 2025 Uruapan suma 83 denuncias por personas desaparecidas; 48 de ellas —el 60 por ciento— siguen sin localizarse, y una más fue hallada sin vida.

La cifra representa una reducción del 33 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior. Pero en la calle casi nadie percibe esa disminución. La mayoría coincide en que los números oficiales están lejos de reflejar la magnitud real del problema en una ciudad que acumuló casi 500 asesinatos entre 2023 y septiembre de 2025. No es casual, dicen varios habitantes, que en Uruapan no existan colectivos de búsqueda formalmente constituidos.

“Aquí a cada rato hay desapariciones, pero todo está muy silenciado”, comentó un taxista la noche del 3 de noviembre para un reportaje publicado por Animal Político tras el asesinato del Alcalde Carlos Manzo.

La unidad avanzaba bajo el conocido “puente de los colgados”, en el bulevar Industrial: el mismo sitio donde, la madrugada del 8 de agosto de 2019, aparecieron nueve cuerpos suspendidos y, a unos metros, restos desmembrados de otras siete personas y tres cuerpos dentro de bolsas.

En noviembre de 2023, madres buscadoras intentaron resignificar el lugar cubriendo sus muros con fichas de niños, mujeres y hombres desaparecidos.

Aquel memorial improvisado sigue siendo, prácticamente, la única evidencia pública de una tragedia constante: las desapariciones forzadas en Uruapan.

Cuando se le pregunta a Valeria si su padre pudo haber sido víctima del crimen organizado, la joven hace una pausa y reconoce que la Fiscalía no les ha confirmado ninguna hipótesis. Pero tampoco puede descartar nada.

Revela que, aunque Guillermo nunca habló de intentos de extorsión por cobro de piso —otro delito frecuente que pocas veces se denuncia—, su familia vivió episodios que podrían apuntar a presiones criminales.

Guillermo construía un inmueble de tres niveles para renta comercial. Estaba por colocar los ventanales cuando, en dos ocasiones, sujetos desconocidos los quebraron a pedradas y dejaron una nota.

“Fue muy raro. La nota decía que no querían que abriéramos el local”, recuerda Valeria. “Tratamos de ignorarlo, pero sí lo denunciamos”.

Poco después, en 2025, el edificio sufrió un nuevo ataque: lo incendiaron.

Valeria no tiene claridad sobre quién pudo estar detrás. Cree que, si se hubiera tratado de un cártel, habrían ido directamente a exigir el pago de la extorsión. Pero también admite que su padre pudo haber ocultado algo para evitar preocuparlos.

“Mi papá nunca mostró miedo: seguía saliendo a jugar pádel, se iba temprano a Apatzingán, salía de noche... No parecía escondido ni amenazado, pero la verdad es que no sabemos”.


“¿Por qué mintió?”

De lo que sí tienen indicios es de lo ocurrido el día de la desaparición. Las cámaras de vigilancia muestran que Guillermo se reunió con una mujer que, en un primer momento, aseguró a las autoridades no haberlo visto ese día.

“Tres días después de la desaparición, la Fiscalía le llamó por teléfono en altavoz”, relata Valeria. “Mi mamá escuchó cómo contestó muy fría, sin mostrar preocupación. Dijo que sí lo conocía, que había trabajado ahí, pero que ya no se veían. Eso fue antes de que supiéramos por las cámaras que sí estuvieron juntos”.

Esa contradicción, sumada a un mensaje que la mujer envió a Guillermo invitándolo a comer por su cumpleaños, es para la familia una línea de investigación fundamental.

“¿Por qué mintió? Eso se tiene que investigar”, insiste Valeria.

La familia teme que el caso quede atrapado en un limbo institucional. Tras el asesinato del alcalde Manzo, hubo cambios internos en la Fiscalía de Uruapan y ahora no saben si la carpeta será trasladada a Apatzingán, donde el vehículo sigue en el corralón.

“Todo está como en pausa... Nos dijeron que revisarían cámaras en la zona de San Pedro, donde se vio la camioneta, pero nunca nos volvieron a llamar. Tampoco nos han citado para mostrarnos si hubo seguimiento. Y ni siquiera la mujer sospechosa fue a declarar; fue su hija. Eso es muy raro”.

Mientras las dudas crecen, también lo hace la desesperación entre familiares y amigos de Guillermo, quienes incluso acudieron con el alcalde Manzo antes de su asesinato para pedir apoyo. Hoy, sin su respaldo, la incertidumbre es aún mayor.

“Estamos muy angustiados. No tenerlo nos duele mucho, a todos. Pero seguimos confiando en que Dios nos dará la posibilidad de encontrarlo con vida”, concluye Valeria.