Más de 1,400 juzgadores inician acciones legales por fideicomisos

Más de mil 400 jueces de distrito y magistrados de circuito acordaron este lunes iniciar acciones legales a nivel nacional y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación que preside Froylán Muñoz Alvarado y que tiene a más de mil 400 miembros, dio a conocer que sus acciones no afectarían las labores jurisdiccionales.

”Las juzgadoras y juzgadores federales asociados, en sesiones de Directivas Nacional y Regionales, acordaron el inicio de la defensa de la independencia y autonomía del PJF, tanto en forma individual como colectiva, en sede nacional y ante organismos internacionales, contra el Decreto que elimina los fideicomisos de dicho Poder, al adicionar un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado el 27 de octubre”, dijo el magistrado en un comunicado.

”La defensa del personal del Poder Judicial de la Federación implica defender a los garantes de los Derechos Humanos de todas las y los mexicanos. #TodosSomosPJF”.

De acuerdo con informes judiciales, se espera que a lo largo de este lunes se presenten los primeros amparos individuales contra la extinción de los fideicomisos y, como se trata de una reforma a una ley, la primera suspensión que sea dictada impedirá la aplicación de la reforma y aplicará en beneficio del resto de los trabajadores del PJF”, agregó.

Por otra parte, un grupo de 761 empleados y personal jubilado promovió, también este lunes, a través del despacho Trusan & Roma Abogados, el primer amparo colectivo contra la desaparición de 13 fideicomisos del PJF, por lo que un juez de Distrito determinará si lo admite a trámite y en su caso si concede la suspensión que obligue al Gobierno a no aplicar la norma, para que los recursos no sean devueltos a la Tesorería de la Federación.

”En Trusan & Roma Abogados confiamos también que este asunto invariablemente terminará declarando la inconstitucionalidad de las normas que se están impugnando, concretamente el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, indicó el despacho.

El 24 de octubre, la mayoría de los integrantes de los grupos legislativos de Morena, así como de los partidos Verde Ecologista Mexicano y del Trabajo, en Pleno del Senado de la República, aprobaron la extinción de 13 fideicomisos del PJF que administran 15 mil millones de pesos. Tres días después, el Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Después de prácticamente dos semanas en paro, desde las 9:00 horas de este lunes los servidores públicos del PJF reanudaron sus actividades en oficinas administrativas, juzgados de distrito, tribunales de circuito y Centros de Justicia Penal Federal en todo el país.

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación pidió a sus agremiados retomar actividades y finalizar el paro de labores emprendido en contra de la extinción de fideicomisos.

A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del STPJF aseguró que el Poder Judicial de la Federación se enfrentaba a periodos de complicaciones y embates que atentaban en contra de su imparcialidad e independencia, por lo que había que establecer unidad entre los integrantes del Judicial.

Sin embargo, “por lo pronto corresponde, en sentido figurado, ‘volver a nuestra trinchera para reagruparnos y reorganizarnos’ y de manera unida decidir los pasos que siguen”, señalan, para que no buscaran generar un efecto adverso.

“Se les exhorta a sumarnos a ello para seguir contribuyendo con lo que nos corresponde y de paso evitar malentendidos que pudieran afectarnos desfavorablemente”, señaló el STPJF, que también aseguró que las manifestaciones realizadas indicaban que era “la primera de varias luchas que habrán de enfrentarse, lo que exige, aplicar una estrategia bien pensada y que tome en cuenta todos los posible escenarios de afectación”, para que fueran enfrentadas en un “frente común”.

Por otro lado, el Sindicato indicó que la lucha seguiría desde un ámbito “perfectamente conocido por ellos”: el jurídico, ya que desde la dirigencia ya se estaba trabajando en un amparo colectivo en el que abarcaban a los sindicalizados, los que no y a los trabajadores de confianza.

Sin embargo, el Sindicato señaló que nada de lo anterior impediría que en caso de que se requiriera “volvamos a manifestar nuestra inconformidad en el ámbito social que hemos comenzado a explorar”.