MC, PAN y PRI exigen renuncia de Rocha y desaparición de poderes en Sinaloa
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este miércoles una conferencia de prensa atípica en Palacio Nacional en la que limitó la sesión al tema de la industria siderúrgica y abandonó el Salón Tesorería sin responder preguntas.
Tras apenas 40 minutos, Sheinbaum Pardo dio por concluida la conferencia y salió acompañada de la Secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro Sánchez, sin atender los cuestionamientos de la prensa.
Horas antes, el Gobierno de Sheinbaum Pardo ya había recibido solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por el Gobierno de los Estados Unidos en contra de 10 imputados por sus supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, incluido el Gobernador Rubén Rocha Moya.
Roberto Velasco, Secretario de Relaciones Exteriores, ingresó a Palacio Nacional alrededor de las 11:00 horas y salió sin dar declaraciones; una hora después regresó para participar en una reunión previamente programada con el Canciller de España, José Manuel Albares.
A las 13:30 horas llegó al recinto Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación, quien fue cuestionada sobre la situación del Gobernador y solo respondió con un saludo de mano.
El mutismo del Gobierno de México contrasta con la postura que Sheinbaum Pardo adoptó en agosto de 2024, cuando, en presencia del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador y aún como Presidenta electa, defendió públicamente a Rocha Moya tras la difusión de una carta atribuida a Ismael “El Mayo” Zambada, en la que afirmaba que el Gobernador tuvo conocimiento y participación en la trampa que le pusieron para detenerlo.
“Decirles que vamos a seguir apoyando al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su pueblo; que quien quiera estigmatizar a este bello estado que se quede con su historia, porque hombres y mujeres de Sinaloa son buenos mexicanos y mexicanas, hombres y mujeres de trabajo”, declaró en aquella ocasión.
En contraparte, dirigentes de partidos políticos de oposición han reaccionado a la acusación que realizó el Gobierno de Estados Unidos.
Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, exigió la renuncia inmediata del Gobernador y demandó que el Gobierno federal se deslindara de Rocha Moya sin dilación.
“El Gobierno federal debe deslindarse de Rubén Rocha de forma inmediata y permitir que sea investigado. Rocha no debe seguir siendo Gobernador”, declaró Álvarez Máynez, quien señaló que el rigor con que las autoridades han actuado respecto a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, debía ser el parámetro de actuación en este caso.
El PRI sostuvo que las acusaciones confirman que Morena es un “narcopartido” y exigió investigación a fondo y la detención inmediata de todos los involucrados.
“La violencia, el control territorial del narco y la impunidad no son casualidad, son consecuencia de un Gobierno que ha tolerado, encubierto e incluso participado en estas redes. Morena no solo falló en garantizar la seguridad; es responsable del clima de violencia que hoy azota al país”, señaló en un posicionamiento inicial.
El PRI afirmó además que Morena ganó elecciones con intimidación, dinero ilícito y estructuras criminales.
El PAN sostuvo que las imputaciones confirman una situación de dimensión institucional que desde hace tiempo había sido señalada, y calificó el caso como una crisis de Estado.
“Esto ya no es rumor ni especulación. Estamos frente a una crisis de Estado que exige respuestas firmes y acciones inmediatas”, advirtió el partido en un comunicado.
El PAN subrayó que Sinaloa enfrenta desde hace más de un año y medio una situación de violencia constante, con pérdidas humanas y afectaciones económicas, sin que el Gobierno estatal haya logrado restablecer la seguridad, y consideró que un Gobierno bajo ese nivel de señalamientos no cuenta con condiciones para garantizar la tranquilidad de las familias.
Por ello, el partido llamó al Senado de la República a evaluar de forma inmediata la desaparición de poderes en la entidad, como medida prevista en la Constitución para situaciones extraordinarias.
“No se trata de una medida extrema, sino de una respuesta necesaria ante una situación que ha rebasado a las autoridades locales”, señaló.
El PAN advirtió que México no puede permitir que quienes tienen la responsabilidad de combatir al crimen organizado estén bajo sospecha de vínculos con él.
Desde Morena, el Senador Saúl Monreal Ávila, legislador por Zacatecas, descartó que el Gobierno protegiera a los implicados.
“Lo ha dicho nuestra Presidenta, no debe de haber impunidad y menos en nuestro País. Todo se está castigando. Ustedes lo han visto, hasta elementos de la Marina. A todos los que tengan relación y que haya evidencia, se tendrá que castigar”, afirmó Monreal Ávila.
La acusación formal fue anunciada por Jay Clayton, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Terrance Cole, administrador de la DEA.
