México 2025: menos homicidios en las cifras oficiales, más desapariciones y guerra criminal
El Gobierno de México ha presumido durante 2025 una reducción cercana al 40 por ciento en las estadísticas oficiales de homicidio respecto a años y Gobierno anteriores, al pasar de un promedio diario de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 54.5 casos en octubre de 2025.
Sin embargo, otros indicadores oficiales —como el aumento sostenido de personas desaparecidas— y una serie de hechos de alto impacto registrados en distintos puntos del país muestran una realidad más compleja.
Mientras el discurso institucional se concentra en la baja de asesinatos, el País cerró el año con casi 14 mil personas que siguen desaparecidas, cárteles que operan con tácticas de guerra, ciudades atrapadas en conflictos internos y economías locales sometidas por las extorsiones al por mayor del crimen organizado.
Desapariciones: el delito que no baja
De acuerdo con datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 26 de diciembre de 2025 se registraron 33 mil 814 denuncias por desaparición. De ellas, 13 mil 868 personas continúan sin ser localizadas y 1 mil 379 fueron halladas muertas.
Las cifras de las denuncias son similares a las de 2024, pero con una diferencia clave: el número de personas que siguen desaparecidas aumentó casi 11 por ciento, lo que evidencia una crisis sostenida de búsqueda e identificación.
Para los colectivos, la desaparición se ha convertido en una estrategia criminal: borra el cuerpo, diluye el delito y prolonga indefinidamente el castigo para las familias.
Las propias personas buscadoras están siendo víctimas recurrentes del crimen organizado que desaparece a sus seres queridos: en julio, Animal Político publicó un informe de Amnistía Internacional que refiere que, desde 2014 hasta junio de 2025, suman 16 homicidios de personas buscadoras, de las que 11 son madres, dos hermanas, dos esposas y una activista.
Varios de los episodios relacionados con desapariciones que más conmocionaron en 2025 ocurrieron en Jalisco, con el hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, identificado por colectivos de búsqueda como un sitio de desaparición, exterminio y posible adiestramiento criminal.
El caso detonó una reacción mediática nacional, obligó al gobierno federal y al de Jalisco a pronunciarse públicamente y reavivó el reclamo de colectivos sobre la omisión institucional en la búsqueda de personas desaparecidas.
Aunque las autoridades anunciaron investigaciones y operativos, el episodio reforzó la percepción de que el País enfrenta una violencia estructural que puede operar durante años sin ser detectada por el Estado, incluso en zonas urbanas visibles y altamente transitadas.
El impacto se profundizó cuando, meses después, colectivos localizaron fosas y restos humanos en zonas cercanas al estadio Akron, en plena capital jalisciense, un espacio cotidiano y altamente simbólico, y donde se celebrarán juegos del próximo Mundial de futbol.
Culiacán: una guerra que desangra la vida cotidiana
En Sinaloa, particularmente en Culiacán, 2025 estuvo marcado por la guerra interna del Cártel de Sinaloa. Balaceras, bloqueos, ataques a hospitales, suspensión de clases y jornadas enteras de encierro se volvieron parte de la rutina.
En el texto se documentó que la violencia no solo se mide en muertos: está en las desapariciones, calles vacías al caer la tarde, funerarias saturadas, en las escuelas con niños que padecen trastornos de ansiedad y depresión, y en el miedo que se normaliza.
La fragmentación criminal al interior del Cártel de Sinaloa, entre “mayitos” y “chapitos”, convirtió a la capital sinaloense en un territorio donde la vida cotidiana depende de disputas que nadie controla.
Uruapan y Apatzingán: la extorsión como forma de gobierno
En Michoacán, Uruapan volvió a mostrar otra cara de la crisis de inseguridad: la extorsión como sistema de control territorial.
Animal Político documentó tras el asesinato del Alcalde Carlos Manzo, el 1 de noviembre, que comerciantes y pequeños empresarios viven bajo la certeza de que emprender implica pagar cuota, cerrar o huir.
“Aquí nadie se salva de pagar la extorsión al narco”, dijeron en la crónica publicada por este medio.
Esa violencia silenciosa explica también los asesinatos selectivos que marcaron el año y que sacudieron la percepción nacional de inseguridad.
El homicidio del alcalde Carlos Manzo, luego de pedir ayuda hasta en diez ocasiones a los gobiernos federal y estatal, envió un mensaje contundente: ni el poder político garantiza protección.
A ello se sumó el asesinato del líder limonero Leonardo Bravo en Apatzingán, una región donde el crimen organizado disputa no solo rutas, sino economías completas.
En marzo de este año, este medio publicó varias crónicas sobre el asesinato de múltiples cortadores de limón tras pisar minas antipersona, o sufrir el ataque de drones armados con bombas artesanales.
De hecho, quedó documentado que los caminos rurales de la región de Apatzingán se han convertido “en caminos de terror”, tal y como denuncian los pobladores.
Ambos casos, el de Carlos Manzo y el de Leonardo Bravo, reforzaron la percepción de que el crimen no solo mata: administra territorios, castiga disidencias y sustituye funciones del Estado.
El algoritmo del narco para reclutar jóvenes
El asesinato a manos de un joven de 17 años del Alcalde Manzo también abrió un debate a nivel nacional acerca del uso cada vez más recurrente de jóvenes por parte del crimen organizado.
Sobre este tema, el 3 de diciembre, Animal Político publicó el reportaje ‘El algoritmo del Narco’, en el que se documenta cómo los grupos delictivos utilizan redes sociales como TikTok, plataformas de mensajería y videojuegos en línea para reclutar adolescentes y jóvenes de forma cada vez más eficiente y discreta, aprovechando las vulnerabilidades económicas y emocionales de los jóvenes, y la ausencia del Estado en buena parte del territorio.
Este uso cada vez más recurrente de redes sociales para reclutar a adolescentes, también ha repercutido en un aumento notable de los casos de desaparición.
Crimen organizado con lógica y tácticas de guerra
Otro rasgo distintivo de 2025 fue la especialización bélica del crimen organizado, en particular del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El uso de drones con explosivos, minas antipersona y coches bomba, como el más reciente registrado en Coahuayana, confirmó una evolución hacia tácticas propias de conflictos armados, elevando el riesgo para la población civil.
“Definitivamente, en este 2025 ha habido un incremento de la violencia con uso de drones, minas y explosivos en Michoacán”, dijo en entrevista una persona integrante del Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán, que pidió anonimato por seguridad.
El Observatorio ha documentado al menos 26 eventos de violencia explosiva -incluyendo minas terrestres y drones- en la región de Apatzingán, entre 2022 y lo que va de este año.
Esos eventos dejaron 33 personas muertas (14 de ellos militares) y otras 46 lesionadas, incluyendo un niño de apenas dos años en la localidad de Chandio, Apatzingán.
Además, el uso cada vez más recurrente de drones cargados con bombas artesanales y de minas antipersona que entierran en caminos rurales -hasta mayo, se habían registrado 10 víctimas por minas explosivas, una cada 14 días– también está generando numerosos episodios de desplazamientos forzados.
Al corte de diciembre, el Observatorio llevaba registrados diez casos activos de comunidades que fueron abandonadas por sus pobladores en 2025, debido a que se convirtieron en territorios minados y en disputa por tierra y aire.
Una nueva tendencia: el huachicol de agua
Otro de los fenómenos que expuso la mutación de la violencia criminal en 2025 fue el huachicol de agua, un delito silencioso pero de alto impacto social que quedó al descubierto con la llamada Operación Caudal en el Estado de México.
A partir de investigaciones federales y estatales, se documentó cómo redes criminales —algunas vinculadas a cárteles tradicionales— tomaron control ilegal de pozos, acueductos y sistemas de distribución, especialmente en regiones golpeadas por la sequía.
El agua, convertida en mercancía estratégica, comenzó a ser robada, almacenada y revendida a municipios, agricultores y empresas, muchas veces bajo esquemas de extorsión.
La operación reveló no solo el tamaño del negocio, sino también la colusión de autoridades locales, operadores privados y grupos armados, así como la incapacidad del Estado para proteger un recurso vital en zonas ya marcadas por el abandono.
En un País con estrés hídrico creciente, el huachicol de agua mostró que el crimen organizado ya no solo disputa territorios o rutas, sino recursos esenciales para la vida, ampliando el mapa de la violencia más allá de los homicidios y las balaceras.
