México supera a Ucrania y Siria como país más peligroso para periodistas, según RSF
México se ubicó en el lugar 160 de 180 naciones en el indicador de seguridad para la prensa de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, elaborada por la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras y difundida el 30 de abril.
Esto posiciona al País por encima de zonas de conflicto como Ucrania y Siria, y por delante de naciones como Venezuela y Haití en este rubro específico. En la clasificación general, México figura en el lugar 122 de 180 países analizados.
Artur Romeu, director de la oficina de RSF en América Latina, declaró que los datos del informe sitúan a México como “el país más violento para el ejercicio del periodismo” desde hace al menos 15 años “en todo el continente americano”.
El organismo documentó que más de 150 periodistas fueron asesinados y 28 han sido desaparecidos desde el año 2000 en territorio mexicano.
La violencia contra la prensa persistió en 2025, año en que nueve comunicadores perdieron la vida; el total asciende a 12 desde el inicio del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en octubre de 2024.
Romeu subrayó que el avance de México del puesto 124 al 122 en la clasificación general, respecto a 2025, resultó “ilusorio”, puesto que no respondió a una mejora real en las condiciones para el ejercicio periodístico, sino al retroceso de otros países. La puntuación del País pasó de 47 a 45 puntos entre 2022 y 2026.
“Eso no refleja una constatación real de una mejoría concreta que hizo el País, es más bien resultado de un deterioro más fuerte de países que estaban arriba de México en la clasificación y que bajaron más”, precisó el director regional de RSF.
El informe alertó también sobre fallas estructurales en los mecanismos de protección estatales, al documentar el asesinato de al menos 10 periodistas que se encontraban bajo resguardo institucional.
La violencia no se distribuyó de forma homogénea en el territorio nacional: la mayoría de los asesinatos registrados desde el año 2000 se concentraron en los estados de Guerrero, Veracruz, Michoacán y Tamaulipas. RSF atribuyó esta situación a la violencia del crimen organizado y a la impunidad estructural que caracteriza los crímenes contra periodistas.
En el contexto regional, América Latina mostró un deterioro generalizado: 14 de los 28 países evaluados se ubicaron en la categoría “difícil” y 17 empeoraron su posición respecto a 2025, con una caída acumulada de 14 puntos en la región desde 2022.
Ecuador perdió 31 posiciones y quedó en el lugar 125, tras los asesinatos de los periodistas Darwin Baque y Patricio Aguilar; Perú descendió al puesto 144, marcado por cuatro asesinatos de comunicadores registrados en 2025. Argentina retrocedió 11 posiciones hasta el lugar 98 y El Salvador cayó ocho puestos al lugar 143. Colombia fue la excepción regional al avanzar 13 posiciones, aunque permaneció en el nada meritorio lugar 102.
A escala global, la Clasificación 2026 de RSF registró el nivel más bajo de libertad de prensa en los 25 años de historia del índice. Por primera vez, más de la mitad de los 180 países analizados se encontraron en una situación “difícil” o “muy grave”.
El indicador legal fue el que mayor deterioro acumuló en el periodo: entre 2025 y 2026, empeoró en más del 60 por ciento de los países evaluados, equivalente a 110 Estados, en un fenómeno que la organización denominó criminalización del periodismo.
En 2002, el 20 por ciento de la población mundial vivía en países con una situación considerada “buena” para la prensa; en 2026, esa proporción cayó a menos del 1 por ciento.
Noruega encabezó la clasificación con una puntuación de 92.72 sobre 100, seguida de Países Bajos, Estonia, Dinamarca, Suecia y Finlandia. En el extremo opuesto, los últimos lugares correspondieron a Arabia Saudí (176), Irán (177), China (178), Corea del Norte (179) y Eritrea (180).
En América del Norte, Estados Unidos descendió siete posiciones al lugar 64, en un contexto de crisis económica en medios, pérdida de confianza pública y lo que RSF describió como ataques institucionales contra periodistas bajo el Gobierno de Donald Trump.
