Ministros de la SCJN deciden no utilizar camionetas blindadas y solicitan su devolución
La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó este 25 de enero que las ministras y ministros del máximo tribunal decidieron no utilizar las nueve camionetas blindadas adquiridas recientemente y solicitaron que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlas a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos.
La decisión se produjo tres días después de que el organismo judicial confirmó la adquisición de las unidades, cuyo costo total ascendió a 25 millones 650 mil pesos, según la autorización dada por la Unidad de Administración del máximo tribunal.
Esto significa que cada vehículo tuvo un costo promedio de 2 millones 850 mil pesos, con Impuesto al Valor Agregado incluido.
En un comunicado difundido en su cuenta oficial, la SCJN señaló que los ministros informaron su decisión de no utilizar los vehículos y reiteró su compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera.
La institución añadió que el 26 de enero ofrecería una conferencia de prensa en las instalaciones del máximo tribunal con el fin de precisar la información relacionada con este tema.
La SCJN había confirmado el 22 de enero la adquisición de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee, una para cada uno de los nueve ministros que integran el pleno del máximo tribunal.
Los integrantes de la SCJN son Hugo Aguilar Ortiz (Ministro Presidente), Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra.
Según la tarjeta informativa difundida por la institución, la decisión de renovar la flotilla vehicular se sustentó en opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, las cuales concluyeron que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación.
La Corte argumentó que la adquisición de los nuevos vehículos respondió a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales.
Explicó además que la renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad.
El Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación defendió la compra el 23 de enero, al señalar que tuvo conocimiento de diversos incidentes de seguridad derivados del uso de unidades que ya no ofrecían condiciones adecuadas de protección para sus usuarios.
Afirmó que la decisión respondió a la obligación institucional de no operar con riesgos previsibles y de garantizar condiciones de protección para quienes ejercen funciones constitucionales de alta relevancia en la SCJN.
