Monreal afirma que oposición impugnará 12 de 20 reformas aprobadas ‘fast track’

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, advirtió que la oposición impugnará -en un plazo de 30 días naturales-, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al menos 12 del paquete de 20 dictámenes que aprobaron los senadores de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), vía “fast track” y en una sede alterna, Xicoténcatl.

“Las 20 tuvieron el mismo proceso, no varía, todas tuvieron el mismo procedimiento legislativo, apegado a la legalidad, entonces obviamente es un criterio político respetable el que solo se impugnen 12 de las 20 y nosotros vamos a respetar el veredicto de la Corte sobre los temas”, señaló el también coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta del Congreso de la Unión.

“Sobre los temas, creo que ayer ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación [DOF], las reformas, los decretos, que contienen las reformas, y a partir de ayer y hoy están ya vigentes esas reformas aprobadas por el Legislativo, entonces vamos a esperar que la impugnación la reciba la Corte, que la Corte sustancie y que resuelva”, agregó el senador, durante una conferencia de prensa.

Además, el ex gobernador de Zacatecas confió en el “buen juicio” y la “serenidad” de los ministros de la SCJN, para resolver las impugnaciones y les pidió que no aceptaran presiones, que no se alejaran de la impartición de justicia y que actuaran conforme a la ley.

“Yo creo que de las 20 reformas todas se llevaron a cabo bajo un estricto mecanismo de legalidad, no veo que una de ellas tenga visos de ilegalidad y, por tanto, de ser susceptibles de nulidad, de anulación por parte de la Corte o de invalidez”, agregó Monreal Ávila.

Asimismo, el presidente de la Jucopo de la Cámara alta del Congreso de la Unión comentó que su posición como coordinador de la bancada de Morena en el Senado, “está al servicio de la mayoría”, ya que, dijo, no era “un hombre que se aferre a los cargos” y que estaba consciente de la realidad.

Entre las siete reformas que el Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), están las de diversas leyes en materia de protección del espacio aéreo mexicano, entre ellas, la Orgánica de la Administración Pública Federal, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de Aeropuertos y de Aviación Civil.

Ello para regular las acciones y procedimientos para preservar la seguridad e independencia nacionales del espacio, por medio de la vigilancia y protección coordinada que realizan las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal.

Además, la que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que faculta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que asigne directamente sin licitación y por tiempo indefinido, la operación del Tren Maya a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).

Asimismo, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo, ello para establecer que los recursos obtenidos por el impuesto que se cobra a los extranjeros por visitar México, puedan ser destinados para invertir en proyectos ferroviarios o aeronáuticos, como lo son el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), entre otros, así como al Instituto Nacional de Migración (INM).

Por otra parte, se publicaron en el DOF, las reformas a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, que busca prevenir, detectar y castigar la producción ilícita de drogas sintéticas, como el fentanilo. Así como el decreto por el que se reforma la Ley General de Bienes Nacionales, que tiene el objetivo de evitar grandes pérdidas en la venta de inmuebles propiedad del Estado.