Morena alista ley contra el feminicidio ante promedio de 53 víctimas al mes
Desde el inicio de su gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum colocó la homologación del delito de feminicidio y de sus protocolos de investigación entre sus compromisos para combatir la violencia contra las mujeres.
El día que tomó posesión, el 1 de octubre de 2024, prometió crear la primera Secretaría de las Mujeres, garantizar constitucionalmente el derecho a una vida libre de violencias, homologar el tipo penal de feminicidio y establecer fiscalías especializadas en las 32 entidades del País.
Casi dos años después, Morena alista la discusión de la ley general contra el feminicidio como una de sus prioridades para el próximo periodo ordinario de sesiones, luego de que durante el primer semestre del año se registraron en promedio 53 víctimas mensuales de este delito y otras 81 de tentativa, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, informó este martes que la legislación será uno de los primeros asuntos que abordarán los diputados a partir del 1 de septiembre.
“Vamos a revisar el tema del feminicidio, cuya iniciativa ya ofreció presentar la Presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo en un mensaje difundido en redes sociales desde San Lázaro.
La iniciativa, sin embargo, ya fue firmada y enviada al Congreso por la mandataria el 15 de julio. Su propósito es establecer en todo el País una misma definición del delito, sanciones homologadas y protocolos obligatorios para las fiscalías.
“Lo que queremos es que en todo el País se investigue de la misma manera el feminicidio y haya cero impunidad”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina de ese día en Palacio Nacional.
La Presidenta ha insistido en que su objetivo no se limita a castigar el delito, sino a evitar que las muertes violentas de mujeres sean clasificadas de manera distinta según la entidad donde ocurran.
“El objetivo es erradicar el feminicidio en México, que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio, culpando a la propia mujer de una muerte violenta”, declaró el 24 de marzo, cuando su gobierno presentó los primeros elementos de la legislación.
La iniciativa obliga al Ministerio Público a investigar inicialmente como feminicidio cualquier muerte violenta de una mujer y plantea que las unidades especializadas acompañen el procedimiento desde la apertura de la carpeta hasta la ejecución de la sentencia. También busca coordinar políticas de prevención, atención, sanción y reparación del daño.
Un promedio de 53 feminicidios al mes
Entre enero y junio, las fiscalías y procuradurías del País reportaron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 317 víctimas de feminicidio: 56 en enero, 44 en febrero, 58 en marzo, 64 en abril, 49 en mayo y 46 en junio.
Esto representa un promedio de 52.8 víctimas mensuales, que se redondea a 53.
En el mismo periodo fueron registradas 485 víctimas de tentativa de feminicidio: 67 en enero, 58 en febrero, 90 en marzo, 73 en abril, 97 en mayo y 100 en junio. El promedio fue de 80.8 tentativas al mes, equivalente a 81.
Las cifras corresponden a víctimas registradas en carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías de las 32 entidades y tienen corte al 30 de junio.
Aunque el gobierno federal ha informado una reducción de 10.7 por ciento frente al mismo periodo de 2025, el promedio mensual permite dimensionar la incidencia registrada durante 2026 y no implica que los feminicidios hayan aumentado.
Además, bajo la nueva metodología del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que comenzó a aplicarse en enero, las tentativas de feminicidio se registran de manera diferenciada.
Organizaciones cuestionan falta de presupuesto
Organizaciones de la sociedad civil consultadas por la reportera Marcela Nochebuena, en una nota publicada por Animal Político, advirtieron que el proyecto privilegia el aumento de las penas y la persecución penal, pero no garantiza recursos suficientes para prevenir la violencia ni fortalecer a las instituciones responsables de investigar.
Las especialistas señalaron que una nueva legislación no resolverá por sí sola la impunidad si las fiscalías continúan sin personal suficiente, capacitación, servicios periciales, protocolos efectivos y presupuesto para atender a las víctimas.
También alertaron que concentrar la respuesta del Estado en penas más elevadas puede mantener intactas las causas de la violencia y profundizar la saturación de un sistema de justicia que ya enfrenta dificultades para investigar y llevar los casos ante un juez.
En otra revisión publicada por Animal Político, familiares de víctimas y organizaciones pidieron que la elaboración de la ley no quede únicamente en manos del Gobierno y el Congreso, sino que incorpore la experiencia de sobrevivientes, colectivos y especialistas. Advirtieron que homologar el delito y los procedimientos tampoco garantiza, por sí mismo, el fin de la impunidad.
Durante la aprobación de la reforma constitucional que facultó al Congreso para emitir la ley general, la Cámara de Diputados respaldó el proyecto por unanimidad, con 467 votos. Sin embargo, legisladoras también pidieron un parlamento abierto y recursos para que las nuevas obligaciones puedan aplicarse en las fiscalías.
