Morena aparta a Inzunza de la Permanente para evitar ‘show mediático’, pero pagará su dieta
Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), descartó la convocatoria del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez a cualquier sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión durante el resto del receso legislativo, aduciendo razones de “prudencia e inteligencia política” para preservar la dignidad del debate parlamentario.
Mier Velazco justificó la decisión al señalar que, como coordinador, tiene la facultad de seleccionar a nueve de los 18 senadores morenistas titulares que participarán en las sesiones de la Permanente, lo que le permite excluir discrecionalmente al legislador sinaloense sin necesidad de una sanción formal. “Yo, por la estrategia, determino quiénes son de los dieciocho, los nueve que van a asistir. Y yo he considerado por inteligencia pública, por prudencia, por privilegiar la discusión y el debate legislativo, y no el show mediático”, argumentó el coordinador morenista.
Aunque Inzunza Cázarez quedará fuera de las actividades de la Permanente durante el receso parlamentario, continuará recibiendo íntegramente su dieta legislativa y los apoyos económicos correspondientes, dado que no existe una resolución judicial o administrativa que suspenda sus derechos como senador. El coordinador morenista aclaró que el Senado no puede actuar de manera unilateral sin un requerimiento judicial formal: dado que las cuentas del legislador están bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el pago se realiza mediante cheque, que el propio Inzunza Cázarez o un tercero designado puede recoger.
La decisión de Mier Velazco se inscribe en una dinámica de contención política que Morena ha sostenido respecto al senador por Sinaloa desde que el Departamento de Justicia de EU (DOJ) presentó cargos formales el 29 de abril de 2026 contra Inzunza Cázarez y otros nueve funcionarios y ex funcionarios sinaloenses ante la jueza federal Katherine Polk Failla, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY). Según el expediente desclasificado por el fiscal Jay Clayton y el director de la Administración para el Control de Drogas de EU (DEA), Terrance C. Cole, el senador habría actuado como enlace entre los líderes de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” —identificados como Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, y Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”— y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armamento, delitos que contemplan cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años en el sistema judicial estadounidense.
Desde la divulgación de la acusación, la bancada morenista ha ensayado diversas estrategias para gestionar la presencia del legislador sinaloense. En el periodo extraordinario celebrado los días 28 y 29 de mayo de 2026, Morena convenció a Inzunza Cázarez de solicitar una licencia de apenas 22 horas —durante la cual rindió protesta su suplente, Omar Alejandro López Campos, secretario del Bienestar en Sinaloa y ahijado del propio Rocha Moya—, para impedir que su comparecencia física en el pleno desplazara el debate sobre las reformas constitucionales en materia judicial que motivaron esa convocatoria. Legisladores de Morena han señalado que, en caso de celebrarse un periodo extraordinario, el senador deberá acudir a desempeñar sus funciones como integrante titular de la Cámara Alta o, en su defecto, solicitar licencia para que su suplente ocupe el escaño.
El coordinador morenista precisó que la exclusión de Inzunza Cázarez no constituye una sanción formal ni implica la pérdida de sus derechos políticos o legislativos. “Yo los performers los respeto, pero creo que el respeto a los mexicanos, el respeto a nosotros mismos, la dignidad del espacio que es el Senado de la República como representante del pacto federal, no es para presentar ese tipo de espectáculos”, argumentó Mier Velazco ante los medios de comunicación.
El caso ha mantenido una presión sostenida sobre Morena. La acusación del DOJ contra los diez funcionarios sinaloenses —entre los que figuran Rocha Moya, el Alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, el ex secretario de Seguridad Pública estatal Gerardo Mérida Sánchez y el ex vicefiscal Dámaso Castro Saavedra— provocó una caída de siete puntos porcentuales en la aprobación presidencial de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que pasó de 75 a 68 por ciento entre marzo y mayo de 2026, según una encuesta de la firma Enkoll publicada el 27 de mayo de 2026. La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, descartó el 2 de junio del mismo año cualquier expulsión o suspensión de los militantes sinaloenses involucrados, al señalar que el partido esperará la presentación de pruebas concretas antes de tomar decisiones al respecto.
