Morena aprueba cambios que redefinen concesiones y sustituyen transmisiones por reasignaciones en la nueva Ley de Aguas
Tras 24 horas y 17 minutos de sesión continua y 178 oradores, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales con 324 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones, en una de las discusiones más largas registradas en San Lázaro.
Entre ellos, el artículo 22, que elimina la transmisión de concesiones entre particulares; el artículo 37 Bis 1, que permite reasignaciones exprés; el artículo 49, que refuerza el vínculo tierra-agua; y el artículo 123 Bis 5, que amplía los supuestos que pueden derivar en sanciones penales. La mayoría oficialista también creó un fondo de reserva que concentra volúmenes recuperados y no contabiliza su disponibilidad.
La discusión se extendió porque durante horas ambos bloques regresaron a los mismos puntos: la oposición denunció que la reforma se aprobó con prisas, sin consulta indígena y sin explicar con claridad cómo funcionarán las nuevas reglas del agua, mientras Morena defendió que el objetivo es ordenar un sistema plagado de abusos y poner fin al tráfico y acumulación de concesiones.
Ese choque político, más que el debate técnico, alargó la sesión hasta 24 horas y 17 minutos, lo que permitió a la Cámara de Diputados romper el récord de una sesión continua que tenía el Senado desde 2013, cuando tardó 20 horas con 30 minutos. Los diputados rebasaron las 21 horas de discusión, aunque aún lejos del récord absoluto del Senado en la reforma energética, que consumió 43 horas con 50 minutos entre comisiones y pleno.
Tras revisar el dictamen y las reservas, Animal Político confirmó que los ajustes son principalmente de procedimiento, pero sí modifican el régimen de concesiones, herencias y sanciones. En entrevista, el diputado del partido Movimiento Ciudadano, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Hugo Manuel Luna Vázquez, explicó que estos cambios redefinen la forma en que el Estado asignará y controlará el agua.
“Se está cambiando el régimen de concesiones, asignaciones, explotación y distribución del agua. Eso no es menor; falta revisarlo con rigor”, señaló.
El Artículo 22 elimina la transmisión de concesiones entre particulares y obliga a que toda compraventa, sucesión, fusión o escisión pase por una reasignación emitida por la Autoridad del Agua, que entregará un nuevo título con el mismo volumen, uso y plazo. También impone nuevas obligaciones: uso eficiente del recurso, respeto de derechos aguas abajo, cumplimiento de normas de calidad y pago íntegro de aprovechamientos.
Luna advirtió que este punto concentra decisiones sensibles en un solo órgano federal.“Si con la CFE no eres confiable y tú me pides que confíe en ti de que vas a cuidar el agua de los mexicanos... esa es una de las paradojas de sentirse mayoría”, dijo.
El artículo 37 Bis 1 confirma que en estos supuestos la Autoridad del Agua podrá emitir un nuevo título en un plazo máximo de 20 días hábiles y, lo más delicado, sin revisar la disponibilidad de la cuenca. Es decir, la reasignación es automática y no requiere análisis hidrológico. Para el diputado, este mecanismo abre riesgos de discrecionalidad.
“Cuando permites reasignaciones automáticas, abres la puerta a decisiones sin evaluar la situación real de las cuencas”, afirmó.
El artículo 49 refuerza el binomio tierra-agua. La autoridad deberá emitir un nuevo título cada vez que se venda o herede el predio ligado a una concesión. El volumen y el uso se conservan, aún si la zona está sobreexplotada. Esta regla da certeza jurídica, pero mantiene el mismo riesgo de reasignaciones sin disponibilidad. Luna señaló que aquí se perdió una oportunidad de modernizar criterios técnicos.
“Estamos en 2025 y lo abordan como si fuera de hace 15 años. Pudieron generar estrategias modernas y lo dejaron pasar”, expresó.
El dictamen también ajusta el régimen de sanciones. El Artículo 123 Bis 3 establece dos nuevos supuestos para la extracción ilegal de agua: cuando el volumen sea menor a 50 mil litros, la pena será de 3 a 5 meses de prisión y multa de 100 a 200 UMA; y cuando el volumen sea igual o mayor a 50 mil litros, la pena será de 6 a 8 meses de prisión y multa de 150 a 250 UMA.
A ello se suma el Artículo 123 Bis 5, que incrementa las sanciones contra servidores públicos que otorguen concesiones, asignaciones, permisos o prórrogas a cambio de beneficios personales, con penas de 2 a 14 años de prisión y multas de 400 a 4 mil UMA.
Para el legislador, el debate se centró en mensajes políticos y dejó de lado la discusión técnica.
“Lo que dicen en tribuna suena bien bonito, pero muy poco se va a materializar como política responsable de agua y medio ambiente”, señaló.
Finalmente, el fondo de reserva, introducido en el propio artículo 22 y desarrollado en los transitorios, se integrará con volúmenes recuperados de títulos extinguidos. Estos volúmenes no se contabilizarán como disponibilidad y solo podrán usarse para reasignaciones. Sus reglas de operación quedan pendientes de un reglamento.“Aquí hay decisiones que requieren mucha más claridad y rigor técnico del que se legisló”, concluyó, sostuvo Luna.
La discusión en lo particular: Moreira acusa ‘falacias’, Monreal defiende sus 18 reservas y Morena cierra filas
La discusión en lo particular de la Ley General de Aguas derivó en uno de los debates más tensos del actual periodo. El coordinador del PRI, Rubén Moreira, abrió la confrontación asegurando que las 18 reservas impulsadas por Morena “no solucionan lo que dicen solucionar” y que el dictamen “no cumplió con la consulta a los pueblos originarios” prevista en el artículo 2 constitucional.
Acusó al oficialismo de construir “falacias argumentativas” y advirtió que la reforma “es inconstitucional”, que el artículo 22 “se dejó igual” y que la reasignación prevista en los artículos 37 Bis 1 y 37 Bis 2 “abre la puerta a despojos”, porque coloca el agua en un fondo administrado por Conagua. Según Moreira, la mayoría “engañó a los campesinos” y avaló una ley que “traicionó a los pueblos originarios”.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, subió de inmediato a responder. Negó que la reforma afecte a ejidatarios y pequeños propietarios, y defendió la constitucionalidad de su paquete de reservas.
“Morena nunca va a traicionar a los campesinos de México”, afirmó. Sostuvo que la oposición miente sobre la supuesta pérdida de concesiones y afirmó que el objetivo es “poner orden y terminar con el mercado negro de tráfico de concesiones”.
Monreal reiteró que el artículo 43, uno de los puntos centrales de su reserva, remite la regulación de los sistemas comunitarios de agua a la próxima Ley Reglamentaria del artículo 2 constitucional. También aseguró que “no hay ningún artículo que criminalice a productores” y que las sanciones penales se sustituyeron por medidas administrativas.
Desde el PT, el coordinador Reginaldo Sandoval respaldó las reservas y aseguró que la oposición busca “mantener un modelo que permitió el acaparamiento del agua desde 1992”.
Dijo que la reforma enviada por el Ejecutivo tiene como eje “el acceso universal al agua como derecho humano” y que Morena corrigió vacíos “heredados del enfoque económico-productivo salinista”. Calificó como “mitos” los señalamientos de PRI, PAN y MC y sostuvo que la nueva ley “pone orden”, crea reglas contra delitos hídricos y fortalece la vigilancia federal.
La diputada panista Noemí Luna Ayala reclamó que no hubo consulta indígena, exigió que se mostrara algún documento oficial y calificó las modificaciones como “maquillaje” que no resuelve el fondo del dictamen.
Aseguró que “van a convertir el agua en un botín político” y que el artículo 22 sigue sin resolver los riesgos de transmisión y reasignación. Advirtió que los productores enfrentarán incertidumbre y acusó a Morena de “abandonar al campo” y de impulsar una reforma “que despoja y criminaliza a quienes trabajan”.
El diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar defendió el fondo de la reforma: “Queremos terminar con el paraíso del tráfico de títulos y concesiones”, dijo. Afirmó que el artículo 22 y el 37 Bis 1 garantizan el derecho sucesorio sin afectar el volumen otorgado a los productores.
