Morena en el Senado gasta mil millones en 3 años y reserva las facturas hasta 2024

La bancada de Morena en el Senado clasificó como información “reservada” durante un año las facturas que comprueban el gasto de mil millones de pesos que recibió como parte de la partida presupuestal “asignaciones a grupos parlamentarios” entre 2019 y 2022.

Ante una solicitud de información sobre las facturas y comprobantes de ese gasto, Morena respondió que dichos recursos se encuentran en un proceso de auditoría y, de acuerdo a la Ley General de Transparencia, es motivo para no entregar la información; argumento que fue respaldado por el Comité de Transparencia del Senado, por lo que la información solo podrá ser pública hasta agosto de 2024.

De acuerdo con información presupuestal, por la partida 39903, “asignaciones a grupos parlamentarios”, Morena fue el partido que más recursos recibió por tener el mayor número de senadores y senadoras. En 2019 gastó 247 millones de pesos; el año siguiente 251 millones de pesos, y en 2021 y 2022 fueron 255 millones de pesos, respectivamente. Lo que suma mil 10 millones de pesos.

Se trata de una partida presupuestal que históricamente ha sido opaca. La última revisión hecha por la Auditoría Superior de la Federación sobre el ejercicio fiscal de 2015, señaló que el Senado no tenía los documentos que comprobaran el gasto que hicieron los partidos por más de mil 206 millones de pesos, por lo que urgía a establecer mecanismos de control y transparencia de recursos.

Sin embargo, pese a la alternancia en el poder y con una mayoría de Morena, el partido que prometió mayor transparencia que sus predecesores del PRI y el PAN, no ha implementado en el Senado las recomendaciones hechas por la Auditoría en la revisión número 3-GB, publicada en 2018.

Supuestamente, el Senado está auditando dicha partida presupuestal desde 2021, pero hasta el momento no ha publicado los informes. En cambio, dichas revisiones han sido el motivo para que los partidos se nieguen a entregar sus comprobantes de gasto cuando los ciudadanos las solicitan vía transparencia.

En la respuesta a la solicitud con folio número 00799, Morena enlistó las cinco notificaciones hechas por el contralor interno del Senado, Andrés Lozano Lozano, en las que informa la iniciación de auditorías al gasto de partidos por cada seis meses desde el segundo semestre de 2018, para sustentar que todo se encuentra en revisión y por lo tanto no puede entregar sus facturas.

De acuerdo con esa información, la primera auditoría supuestamente comenzó el 1 de febrero de 2021, para revisar el gasto de 2018 a 2020; otra más en agosto; luego iniciaron otras auditorías en febrero y agosto de 2022, y la última auditoría en febrero de 2023, hasta el momento no están todos los informes al respecto en la página del Senado.

Sin embargo, al menos la auditoría de 2018 número AU-03/2019 ya está concluida, y el informe es público. Además, ese documento también demuestra que el tiempo de realización no sobrepasa 12 meses, pues en este caso, la auditoría sobre el gasto de 2018 comenzó el 10 de enero de 2019 y el informe fue entregado el 17 de abril del mismo año.

En cambio, el argumento de la supuesta revisión sirvió para que Morena retomara el artículo 113 de la Ley General de Transparencia en el que se advierte que podrá clasificarse la información que “obstruya actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o que afecte la recaudación de atribuciones”.

En la respuesta de transparencia Morena afirma que “por lo anterior se hace evidente que la clasificación de la información debe ser confirmada como reservada, por encuadrarse en las hipótesis descritas. Al respecto, el plazo propuesto es de un año, en tanto se considera suficiente para llevar a cabo las tareas que dan origen a la negativa de información”.

El Comité de Transparencia del Senado, integrado por Mauricio Farah, secretario general de Servicios Administrativos del Senado; Fredy Erazo, coordinador general de la Unidad de Transparencia, entre otros, confirmaron la reserva argumentando como “prueba de daño” que “la divulgación de la información causaría un riesgo real, en razón de que menoscabaría de forma significativa las actividades de verificación (...) toda vez que la dicha documental contiene información que por ley debe ser auditada por la Contraloría Interna, que de ser conocida por terceros, podrían realizar acciones dirigidas a modificar o alterar el resultado de la investigación”.