Multan e inhabilitan a ex mandos de la Policía Federal por desviar 65 millones de dólares
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) inhabilitó el 19 de mayo de 2026 a dos ex funcionarios de la extinta Policía Federal (PF) y les impuso sanciones económicas por más de 65 millones de dólares, luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) acreditó que desviaron recursos destinados al pago de un sistema de inteligencia contratado con una empresa israelí de defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Los sancionados son Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la PF, inhabilitada por 20 años para ejercer empleos, cargos o comisiones en la Administración Pública Federal, y Damián Canales, ex titular de la División de Inteligencia de la corporación, inhabilitado por 15 años. En ambos casos, las indemnizaciones económicas impuestas ascienden a más de 65 millones de dólares.
Las irregularidades se remontan a diciembre de 2015, cuando la PF firmó un contrato con la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems (RADS) para el “análisis, diseño e implementación de la plataforma del Sistema de Explotación de la Información de Inteligencia”, conocido internamente como sistema “Rafael”. El servicio nunca fue utilizado por la Guardia Nacional.
Según los antecedentes del caso, en 2016 y 2017 la PF liquidó a RADS un anticipo de 39.2 millones de dólares, además de cuatro facturas iniciales por 26.3 millones de dólares. Sin embargo, Martínez Zamora omitió el pago de las 16 facturas subsecuentes a la contratista, por 65.1 millones de dólares, a pesar de que los recursos ya habían sido autorizados desde el 15 de septiembre de 2016, tres días después de que una delegación de 12 funcionarios de la PF regresó de un viaje de una semana a Tel Aviv, Israel, sufragado por la propia RADS.
La Unidad de Combate a la Impunidad de la SABG fue la instancia que llevó a cabo las investigaciones que permitieron acreditar las faltas administrativas graves de ambos servidores públicos. Las resoluciones del TFJA establecieron tanto las inhabilitaciones temporales como las sanciones económicas correspondientes.
Según el comunicado número 052 de la SABG, los hechos también fueron denunciados penalmente y se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). La dependencia federal señaló que el combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre el Gobierno y la sociedad, e invitó a la ciudadanía a presentar denuncias a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.
