Niegan amparo a marinos sentenciados por caso de joven desaparecido en Nuevo León

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo a un capitán y tres marinos que buscaban anular una sentencia dictada en su contra por el delito de desaparición forzada, cometida en agosto de 2013, contra Armando del Bosque Villareal, un hombre de 33 años, desaparecido en la comunidad de Colombia, Nuevo León.

“La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa”, señala el proyecto de sentencia 5/2023 elaborado por la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, que fue aprobado con cuatro votos a favor y uno en contra, pero que se mantiene reservado.

Armando, desparecido por marinos en 2013

De acuerdo con Amnistía Internacional, la desaparición de Armando ocurrió justo después de que unos marinos le dieran el alto cuando viajaba en su automóvil y lo detuvieran en la localidad de Colombia, municipio de Anáhuac, quien fue “sacado de su automóvil por miembros de la Marina” y subido a un vehículo naval en presencia de varias personas y dos policías municipales.

“Los marinos llevaron a Armando a unas instalaciones provisionales de la Marina a las afueras de la localidad. Cuando su padre acudió a preguntar por él, el capitán al mando le dijo que lo estaban interrogando; sin embargo, una hora después negó que Armando del Bosque estuviera allí detenido. El 3 de octubre de 2013, el cadáver de Armando, con heridas de bala, fue hallado a unos dos kilómetros de la base de la Marina”, señaló la organización mediante un comunicado.

Por este y al menos otros tres casos de desaparición forzada, el 19 de agosto de 2013 el secretario general de Amnistía Internacional, a nivel global, Salil Shetty, dirigió una carta al entonces presidente Enrique Peña Nieto, demandando “medidas urgentes para proteger la vida y la integridad” de las víctimas.

“Como comandante en jefe de las fuerzas armadas, Ud. tiene la responsabilidad última de asegurar que las fuerzas bajo su mando no cometan violaciones de derechos humanos, como las desapariciones forzadas, y para garantizar que haya una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva para localizar a las víctimas con vida, esclarecer los hechos y llevar los responsables ante la justicia”, señaló.

Sentencia contra marinos

Pese a la gravedad del caso, tuvieron que pasar más de dos años para que la Semar informara que entre el 3 y 4 de marzo de 2016 sus elementos pusieron a disposición del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León a los elementos involucrados en el caso, a quienes les fue dictado el auto de formal prisión entre el 8 y el 9 de marzo del mismo año, por el delito de desaparición forzada.

“En este contexto, se recalca que la institución colaboró estrechamente con la Procuraduría General de la República desde el inicio de la investigación que ésta llevó a cabo para conocer de los hechos que se imputan al personal de la Armada de México”, señaló.

Originalmente, los responsables de la desaparición forzosa fueron sentenciados a 22 años de cárcel. La sentencia fue considerada histórica por organizaciones de derechos humanos que acompañaron a la familia de la víctima. Se trataba de la primera vez en la que integrantes de la Armada eran condenados por este delito.

Sin embargo, un juez revocó la sentencia debido a fallos en la formulación de la acusación realizada por la parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que provocó que los uniformados fueran condenados por un tipo penal que había sido derogado en el momento de formular la acusación final.

Por ello, a través de una serie de tuits, la oficina de la ONU insistió en el papel de la FGR y de los jueces federales “en la aplicación e interpretación de la normatividad nacional sobre desaparición forzada para asegurar que en este caso no haya impunidad y se logre verdad y justicia para Armando y su familia”.

Finalmente, el capitán y tres de los marinos fueron sentenciados a 9 años y cuatro meses de prisión, al ser encontrados responsables de la desaparición forzada de Armando, quienes fueron notificados de la sentencia que confirma su responsabilidad en la desaparición del joven, mientras que se informó que un quinto elemento de la Marina se “suicidó” mientras estaba detenido en el Campo Militar número 1.

En la investigación Permiso para Matar, publicada en agosto de 2023, Animal Político dio cuenta que en tres sexenios más de 1,500 personas han sido víctimas asesinadas o desaparecidas por fuerzas de seguridad, casos que nunca llegaron a un Ministerio Público y por lo que en su mayoría se mantienen en la impunidad.