Nuevo INE arranca con pleito por la CIA, Talleres Gráficos y dudas por elección judicial
El Instituto Nacional Electoral estrenó integración entre acusaciones partidistas, por la presunta operación de agentes de la CIA en Chihuahua; dudas sobre la participación de Talleres Gráficos de México en la producción de credenciales para votar; ajustes salariales ordenados por la reforma electoral y advertencias sobre la elección judicial de 2027.
Frida Denisse Gómez Puga, Blanca Yassahara Cruz García y Arturo Manuel Chávez López ocuparon —por primera vez— sus lugares en la llamada “Herradura de la Democracia”.
La mesa principal del INE —pensada para discutir asuntos técnicos y electorales—, pareció por momentos una extensión del pleno de la Cámara de Diputados.
Una revisión de gastos de precampaña en Coahuila terminó convertida en un cruce de acusaciones entre Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) por la presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano, narcotráfico y financiamiento de campañas.
Previo al choque político, hubo un minuto de silencio. El consejero Martín Faz pidió recordar a Rossana Reguillo, académica del ITESO y activista que colaboró con el INE en el análisis de debates presidenciales, quien murió el 24 de abril a los 70 años. Después, la sesión volvió a su ruta habitual: informes, acuerdos, votaciones y expedientes.
El primer momento de tensión llegó al abordar el tema de la fiscalización del estado de Coahuila.
El INE revisaba si partidos y aspirantes reportaron correctamente sus ingresos y gastos de precampaña, si atendieron requerimientos de la autoridad y si las quejas presentadas por otros partidos tenían sustento.
El asunto era relevante porque Coahuila tendrá elección local este año. En esa revisión se analizaron 36 precandidaturas: 25 de Movimiento Ciudadano y 11 de Morena.
El consejero Uuc-kib Espadas, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que no se identificaron rebases de topes de gastos de precampaña.
Pero el asunto quedó pronto en segundo plano cuando el representante de Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, acusó al PAN de presentar quejas “frívolas” y “chicanadas procesales” para intentar frenar a sus precandidaturas en Coahuila.
Y las cosas no se quedaron ahí. El representante morenista llevó la discusión a lo sucedido en Chihuahua —donde en días pasados dos agentes de la CIA perdieron la vida en un accidente carretero—, y acusó al PAN de “traición a la patria” por presuntamente permitir la operación de agentes extranjeros en territorio nacional.
El PAN respondió en el mismo tono. Su representante, Víctor Hugo Sondón Saavedra, acusó a Morena de proteger a narcotraficantes y de beneficiarse de recursos ilícitos para campañas.
“Sus mejores aliados no son el Verde ni son el PT, señor representante de Morena, sus mejores aliados son los narcotraficantes”, soltó.
Movimiento Ciudadano no se quiso quedar atrás en el intercambio e intentó regresar el debate al punto original.
El Diputado Juan Ignacio Zavala recordó que el asunto era la fiscalización, no Chihuahua ni el crimen organizado.
“En ninguno de estos asuntos viene el tema de Chihuahua, el tema del narcotráfico o algún otro tema; ni siquiera son temas vinculados con la materia electoral”, expuso.
Los gastos no reportados
Detrás del pleito había una decisión concreta: si el INE debía endurecer las sanciones por gastos no reportados. La Comisión de Fiscalización había planteado elevar la multa al 200 por ciento del monto involucrado en algunos casos, pero —con tres votos a favor y ocho en contra—, la mayoría rechazó esa propuesta.
En cambio, se mantuvo el criterio de sancionar con el 150 por ciento, aprobado por ocho votos contra tres.
El Consejo también discutió los llamados “mercaditos” del PRI en Coahuila: eventos difundidos durante el periodo de precampaña en los que, según lo expuesto en la sesión, participaron actores políticos y habría venta o entrega de frutas, verduras, huevo y materiales de construcción.
Martín Faz pidió abrir procedimientos para investigar el origen del dinero, el destino de los recursos y si esos actos generaron un beneficio electoral.
El PRI rechazó esa lectura y sostuvo que no tuvo proceso interno de precampaña en Coahuila. Al final, el Consejo rechazó abrir procedimientos específicos y aprobó dar seguimiento al tema en la revisión de los informes anuales del PRI de 2025 y 2026.
Credenciales para votar y Talleres Gráficos
La confrontación partidista no fue el único asunto sensible de la jornada. En la misma sesión, el nuevo INE también tuvo que explicar quién producirá la credencial para votar y qué acceso tendrá a los datos de la ciudadanía.
El Consejo recibió un informe sobre la licitación para producir las credenciales entre 2026 y 2031, adjudicada al consorcio integrado por Cosmocolor, iCard Solutions y Talleres Gráficos de México.
El tema importaba por dos razones. La primera: la credencial para votar es el principal documento de identificación de millones de personas y su producción implica el manejo de datos personales del Padrón Electoral y la Lista Nominal. La segunda: uno de los nuevos consejeros, Arturo Manuel Chávez López, dirigía Talleres Gráficos de México antes de llegar al Consejo General del INE.
Chávez López no tomó la palabra en ese punto, pero el cargo que dejó antes de llegar al INE sí apareció en la mesa.
La consejera Carla Humphrey sostuvo que el análisis jurídico descartó conflicto de interés o riesgo de injerencia gubernamental. Según explicó, Talleres Gráficos sólo participará en el ensobretado de credenciales para mexicanos residentes en el extranjero y no tendrá acceso, control ni almacenamiento permanente del Padrón Electoral o de la Lista Nominal.
El consejero Arturo Castillo propuso que el Consejo General reciba reportes cada vez que las auditorías internas o externas sobre la producción de credenciales arrojen resultados finales, para dar certeza sobre el manejo de datos personales.
Mientras el Consejo General encadenaba sesiones, la Junta General Ejecutiva abrió otro frente interno: aprobó iniciar la ruta para reducir hasta 2027 los salarios de funcionarios que ganan más que la presidenta Claudia Sheinbaum, como ordena la reforma electoral.
De acuerdo con la reforma, actualmente hay 45 funcionarios, sin contar a los tres consejeros que terminaron su encargo, que ganan más que la mandataria; sin embargo, el reajuste podría impactar a 277 subdirectores y homólogos, con un ahorro estimado de alrededor de 90 millones de pesos anuales.
La afectación podría ampliarse por el ajuste en cadena de la estructura salarial: al bajar las remuneraciones de altos mandos, el INE tendría que revisar la curva de sueldos para evitar que personal subordinado quede por encima de sus superiores jerárquicos.
En conferencia posterior, Guadalupe Taddei, presidenta del INE, dijo que el análisis deberá estar listo en 30 días y que el ajuste se proyectará para el presupuesto de 2027, porque el de 2026 ya fue aprobado. En tanto, aseguró que no habrá despidos por motivo de la reforma.
“El resto del personal debe sentirse tranquilo, aquí nadie va a ser despedido por motivo de la reforma”, subrayó.
Reforma judicial
La elección judicial de 2027 fue otro de los temas que Taddei colocó como advertencia. La funcionaria electoral explicó que el instituto planteó dos escenarios: realizar la elección judicial después de la elección ordinaria en el mismo año o pasarla al año siguiente. Pero dijo que ninguna de esas opciones aparece, hasta ahora, en las propuestas conocidas.
El problema, detalló, no es sólo de presupuesto o logística, sino de reglas incompatibles. En una elección ordinaria, los partidos tienen representantes en casillas; en una elección judicial, no participan ni pueden acercarse a las mesas.
“Materialmente, no podemos tener las dos elecciones en el mismo espacio físico, porque se contraponen las reglas de una y de otra”, dijo Taddei.
La primera jornada completa del nuevo INE no dejó grandes discursos de sus tres nuevos consejeros. Dejó una mesa que discutió fiscalización, una licitación sensible por la credencial para votar, un ajuste salarial en puerta, una vacante abierta en Puebla y una advertencia sobre la elección judicial de 2027. El nuevo INE empezó a moverse entre las consecuencias de la reforma electoral y las tensiones políticas que ya llegaron a su herradura.
