Pedro Inzunza y ‘El Cubano’, entre los entregados a EU
El Gobierno de México entregó a 37 personas presas por vínculos con organizaciones criminales y entre algunas de ellas están operadores de Sinaloa.
Una de ellas es Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de “Los Beltrán Leyva”.
Inzunza Noriega fue detenido en un operativo realizado el 31 de diciembre en Culiacán, en un operativo implementado en la Colonia Guadalupe.
Las autoridades reportaron que fue trasladado a San Diego, California, donde enfrentará acusaciones de Estados Unidos.
Otro de los enviados fue Juan Pablo Bastidas Erenas, “Payo Zurita”, operador logístico del Cártel de los Beltrán Leyva.
A él se le ubica de ser uno de los colaboradores de Fausto Isidro Meza Flores, “Chapo Isidro” y de Óscar Manuel Gastélum, “El Músico” líder y lugarteniente de dicha organización.
También a él se le trasladó a San Diego, California.
Otro de los reclusos con vínculos con organizaciones criminales entregados a Estados Unidos es Daniel Alfredo Blanco Joo, “El Cubano”, identificado como un operador logístico del “Cártel del Pacífico”.
Apenas el 15 de enero, el Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de “El Cubano” en un operativo implementado en Mazatlán.
A él se le relaciona como encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos y es considerado objetivo prioritario del FBI.
En el traslado, a él lo llevaron a Houston, Texas.
Otros detenidos trasladados son Ricardo González Sauceda, “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste, con zona de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y lo llevaron a San Antonio, Texas.
Además, en la lista está Armando Gómez Núñez, “Delta 1”, líder de “Los Deltas” perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue trasladado a Dulles, Washington.
El Gabinete de Seguridad informó que este martes fueron trasladadas a los Estados Unidos 37 personas que se encontraban privadas de la libertad en distintos centros penitenciarios del País.
Todas ellas eran requeridas por las autoridades de ese país por contar con procesos jurídicos en su contra, derivado de sus vínculos con organizaciones criminales, y por representar un riesgo para la seguridad pública.
