Petición para detener a Rocha Moya y ex funcionarios de Sinaloa ‘carece de fundamentos’, dice FGR; pedirá prueba a EU
La Fiscalía General de la República informó que no puede ordenar la detención provisional con fines de extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa —entre ellos el Gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya— solicitada por el Gobierno de Estados Unidos, debido a que el pedimento no incluye pruebas, fundamentos ni acreditación de urgencia para aplicar una medida tan restrictiva.
Durante una conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Jiménez Vázquez, explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores turnó a la FGR la petición de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, para detener provisionalmente a los señalados, y explicó que no se trata de una solicitud de extradición formal, sino de una medida cautelar excepcional que exige requisitos estrictos.
Jiménez Vázquez señaló que la solicitud estadounidense “está referida exclusivamente al posible otorgamiento de una medida cautelar consistente en la detención provisional de las personas reclamadas”.
Subrayó que esta figura se rige por el artículo 11 del Tratado Bilateral de Extradición México–Estados Unidos y por el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional.
Añadió que “la detención provisional materia del pedimento constituye una restricción a los derechos humanos”, por lo que solo puede aplicarse si existen motivos, fundamentos y pruebas sólidas que acrediten la urgencia de evitar la sustracción de la justicia.
Jiménez Vázquez reiteró que la FGR solo puede pronunciarse sobre la medida cautelar —no sobre una extradición formal— porque Estados Unidos no ha iniciado el procedimiento completo.
El fiscal explicó: “Lo que se ha planteado por las autoridades estadounidenses no es la petición formal de extradición. Única y exclusivamente, el pedimento se centra en la pretensión de otorgamiento de la medida cautelar de la detención provisional de las personas objeto de la acción de reclamación”.
Y añadió que una determinación final sobre una eventual extradición depende de un proceso que involucra a la SRE, al Poder Judicial y la posibilidad de un juicio de amparo.
Respecto a si podría proceder la medida una vez recibida la documentación faltante, señaló: “Estaríamos en espera de la respuesta por parte de las autoridades estadounidenses y en función de la documentación, informes, evidencias que nos aporten, realizaremos un segundo análisis y de ese análisis derivará la conclusión acerca de sí o no la petición encuadra exactamente en los requisitos y elementos formales del artículo 11 del tratado bilateral de extradición”.
‘No hay motivos, no hay fundamentos, no hay evidencia’
Tras el análisis de la solicitud por parte del área de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, Jiménez Vázquez afirmó que el pedimento carece de los elementos indispensables para proceder.
“En el pedimento que nos ocupa no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional”, dijo
Asimismo, señaló: “No existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar”.
El fiscal advirtió también que la difusión pública del caso por parte de Estados Unidos compromete el debido proceso.
Por estas razones, indicó el funcionario, la FGR enviará una comunicación a la Cancillería para solicitar formalmente a las autoridades estadounidenses todas las pruebas, argumentos, informes y documentos necesarios, garantizando su confidencialidad, a fin de emitir en su momento una postura institucional.
Jiménez Vázquez añadió que la FGR continuará sus propias investigaciones en México: “Reiteramos que por nuestra parte se llevan a cabo las investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos referidos ocurridos en territorio nacional en términos de nuestra legislación y de acuerdo al paradigma del Estado constitucional y democrático de derecho”.
La acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa
El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra once funcionarios actuales y anteriores de Sinaloa, incluido el Gobernador Rubén Rocha Moya.
De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los acusados supuestamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar drogas a Estados Unidos a cambio de protección política, apoyo institucional y sobornos millonarios.
Entre los señalados también figuran Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito “Tornado”, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán “Juanito”, por delitos que incluyen tráfico de drogas, conspiración, portación de armas y actos de violencia.
En el caso de Valenzuela Millán, también se le acusa del secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de esta.
La fiscalía estadounidense sostiene que Rocha Moya fue electo con apoyo de la facción de Los Chapitos, que sus rivales políticos habrían sido secuestrados e intimidados, y que el mandatario asistió a reuniones donde supuestamente prometió proteger las operaciones del grupo criminal en Sinaloa. De ser declarado culpable, enfrenta una posible cadena perpetua o una pena mínima de 40 años de prisión.
