PRI y PAN acusan pacto con crimen organizado en Sinaloa durante debate de reforma electoral
La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el dictamen de reforma constitucional en materia electoral impulsado por Morena, al no alcanzarse la mayoría calificada requerida.
En el debate previo a la votación, los coordinadores parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional señalaron de manera directa la situación en Sinaloa como muestra de la incapacidad de la iniciativa para frenar la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.
El resultado de la votación fue de 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, insuficiente para cumplir con la mayoría calificada que exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para modificar su texto.
La presidenta de la Mesa Directiva, la Diputada Kenia López Rabadán, comunicó a la asamblea que el proyecto quedaba desechado en términos del artículo 72 constitucional.
Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, fue uno de los más críticos respecto a las omisiones del dictamen en materia de seguridad electoral.
Afirmó que la reforma guardó silencio ante el secuestro de estructuras partidistas, y citó como ejemplo lo ocurrido en Sinaloa hace cinco años, cuando señaló que las estructuras de los partidos opositores fueron cooptadas por la violencia.
“No hubo un abogado que firmara los recursos jurídicos de nuestro candidato. No hubo uno solo, en todo el estado, no obstante que se hizo un llamado por la televisión nacional”, sostuvo Moreira Valdez desde la tribuna.
El coordinador del PRI también denunció que la reforma no contempla mecanismos para impedir que el crimen organizado prohíba el registro de candidaturas de mujeres en determinados municipios del País.
Indicó que representantes de distintos partidos saben que existen municipios donde las candidatas no pueden registrarse por presión criminal, y no por decisión de los propios institutos políticos.
Por su parte, José Elías Lixa Abimerhi, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, exigió a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que rompiera lo que denominó el “narcopacto” heredado de administraciones anteriores.
En su intervención enumeró una serie de presuntos acuerdos con grupos criminales en distintas entidades del País, incluyendo Sinaloa, Tabasco, Baja California, Michoacán y Tamaulipas.
“Presidenta, rompa el pacto de Sinaloa”, dijo Lixa Abimerhi, al tiempo que advirtió que ese “narcopacto” terminaría por romper a México si no se le ponía fin.
El coordinador del PAN también criticó que el dictamen ignorara la nulidad de elecciones por participación del crimen organizado, la pérdida del registro de partidos cuando reciban financiamiento del narcotráfico y la sobrerrepresentación parlamentaria.
Señaló que la propuesta constituía un instrumento diseñado para beneficiar al partido en el poder, y no para fortalecer la democracia frente a la presencia del crimen organizado en los comicios.
En respuesta, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, rechazó las afirmaciones de la oposición y afirmó que el “narcopacto” fue sepultado con la condena del ex funcionario Genaro García Luna.
Anunció que Morena comenzaría a construir un “plan B” de la reforma electoral una vez que el dictamen fuera formalmente desechado, con el objetivo de impulsar sus objetivos por otras vías legislativas.
El Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México también votaron en contra del dictamen, aunque ambas fuerzas reiteraron su apoyo general a la Presidenta Sheinbaum Pardo y a la llamada Cuarta Transformación, argumentando objeciones técnicas respecto a la fórmula de representación proporcional y la integración del Senado de la República.
Al concluir la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva informó que en la siguiente reunión, prevista para el 18 de marzo, se atenderían otros asuntos de la agenda legislativa, incluyendo una iniciativa de la titular del Ejecutivo federal para reformar la Ley de Vivienda.
