Propone AMLO castigar hasta con 30 años de prisión uso de drones para generar violencia

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador propuso al Congreso una reforma para castigar con una pena de hasta 30 años de prisión a quienes utilicen aeronaves no tripuladas o drones para generar violencia.

La iniciativa presidencial, que busca reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, fue enviada este martes a la Comisión Permanente del Congreso, que publicó el documento en la Gaceta Parlamentaria.

En su exposición de motivos, la propuesta reconoce que el uso de drones con fines delictivos ha aumentado en los últimos años.

Como ejemplo, cita cuatro hechos ocurridos desde 2018 en diferentes partes del país. Menciona que en enero de 2022 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) usaron drones para arrojar explosivos en comunidades de Tepalcatepec, Michoacán, y que en febrero del mismo año el Ejército detectó sobrevuelos no autorizados en la zona centro de la Ciudad de México.

“La situación descrita y la normativa vigente indican que la regulación de las aeronaves pilotadas a distancia no posee los controles suficientes para el buen uso, ni para garantizar la seguridad de la sociedad, la integridad física, el derecho a la vida y los bienes de las personas”, argumenta la propuesta.

“La normativa vigente no sanciona de manera eficiente y proporcional las conductas que causan algún daño o perjuicio a las personas o bienes que se realizan con dichos sistemas, por lo que resulta necesario prever en el Código Penal Federal sanciones a este tipo de conductas que ponen en riesgo la vida de las y los agentes de la autoridad, a la población en general y afectan la efectividad de la función del Estado en materia de seguridad”.

Penas planteadas por mal uso de drones

La iniciativa plantea añadir un apartado al Código Penal Federal, de forma que quede contemplado y sancionado el uso de drones para generar violencia.

El documento plantea una pena de 10 a 20 años de prisión a quien desde un dron arroje explosivos o sustancias químicas, o bien, lo impacte contra personas o propiedades. Esas penas se aumentarían en 50% —es decir, hasta los 30 años— en caso de que la persona o el bien afectado perteneciera a las Fuerzas Armadas o a las instituciones de seguridad.

Otra conducta sancionada, con un castigo de cinco a 10 años de prisión, sería comprar, fabricar o armar drones para el transporte de explosivos, armas o drogas.

Igualmente, se castigaría con una pena de tres a 10 años de prisión a quien usara estos aparatos para vigilar a funcionarios públicos con el fin de eludirlos o realizar agresiones.

La propuesta presidencial también incluye una reforma para que el uso de drones sea considerado un agravante en delitos de terrorismo. De este modo, la utilización de estos instrumentos en un delito así aumentaría las penas impuestas en un tercio.

Contexto de inseguridad y legislativo

La iniciativa se da a conocer luego de reportes de ciudadanos sobre el uso de drones por parte de presuntos grupos delictivos en puntos como Parácuaro o Apatzingán, en Michoacán.

De acuerdo con reportes de prensa, esos aparatos han sido utilizados recientemente para arrojar explosivos.

En el Congreso, diputados y senadores se encuentran en periodo de receso, por lo que, si no se convocara a un periodo extraordinario de sesiones, el tema se discutiría hasta el próximo periodo ordinario que arranca el 1 de septiembre.

Al tratarse de una reforma legal, Morena y sus aliados PVEM y PT tienen por los votos suficientes para que la iniciativa se apruebe.