"Revelan colusión oficial con ‘zetas’ en Coahuila"
SinEmbargo/ UNIV
MÉXICO (UNIV / Sinembargo.MX)._ La organización criminal de Los Zetas entregó, presuntamente, sobornos de hasta dos millones de pesos a los hermanos Humberto y Rubén Moreira, en Coahuila, así como al ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Además, a la Procuraduría General de la República, a autoridades locales y del sistema carcelario en la entidad, de acuerdo con un estudio de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas.
El estudio, elaborado con testimonios de ex integrantes de la organización criminal, hallados culpables por jueces de Estados Unidos, señala que este grupo también tenía el control del penal de Piedras Negras, donde se cometieron un gran número de abusos a los derechos humanos, con “apoyo del Estado”.
El Informe “Control... sobre todo el Estado de Coahuila”, realizado por la Universidad de Texas, señala que, de acuerdo con los testimonios des detenidos en tres juicios, Los Zetas ofrecieron pagos y sobornos a funcionarios locales para tener el control de alguna ciudad.
“Los testimonios también describen el involucramiento de los gobernadores de Coahuila entre el 2005 y el 2012… Algunos testigos mencionaron que tanto Humberto como Rubén Moreira están involucrados con la recepción de estas grandes sumas de dinero”.
El informe fue presentado en el Senado durante el Foro “La respuesta estatal al fenómeno de las Desapariciones, el caso Coahuila”, convocado por la Senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
Testimonios de procesados
El documento analiza los juicios contra ex integrantes de Los Zetas en las cortes de Austin, San Antonio y Del Río, Texas. Los procesos se realizaron entre 2013 y 2016. A los detenidos se les acusó de asesinato, conspiración para importar drogas y armas, así como de lavado de dinero.
Los Zetas sobornaron lo mismo a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, que presidentes municipales, que policías locales, estatales o de la Policía Federal, como de la Procuraduría General de la República, o a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y a gobernadores, como los de Coahuila y Veracruz.
“Los testigos explicaron cómo Los Zetas pagaron sobornos y contribuyeron a las campañas electorales de gobernadores y candidatos políticos para garantizar la continuación sin restricciones de sus negocios ilegales [...] Estos sobornos también garantizaron que las compañías de Los Zetas recibieran contratos públicos y permisos de construcción”, indicó la Universidad de Texas.
Los testigos señalaron que Los Zetas controlaron varias cárceles del estado de Coahuila e incluso en una de ellas, la de Piedras Negras, incineraron a por lo menos 150 adversarios. Además, entre 2007 y 2013, cientos de personas fueron despojadas de sus propiedades en dicha entidad, y un número desconocido de adolescentes fueron forzados a convertirse en sicarios, aunado a que más de mil 600 personas desaparecieron.
Según el documento, titulado ‘Control... sobre todo el Estado de Coahuila’, en 2004, Efraín Teodoro Torres, “El Z-14”, en ese entonces brazo derecho del líder de la organización, Heriberto Lazcano Lazacano, alias “El Lazca”, le dio 12 millones de dólares al empresario Francisco Colorado Cessa, “Pancho Colorado”, para apoyar la campaña de Fidel Herrera Beltrán, para la gubernatura de Veracruz, entidad que gobernó de ese mismo año al 2010.
El dinero fue para que una empresa de Colorado Cessa, ADT Petroservicios, que Los Zetas usaban para lavar dinero, fuera beneficiaria de contratos de Pemex, expandiéndola y creciendo usando contratos públicos.
“Cuando el candidato ganara la gubernatura, él les daría los proyectos, y entonces, ellos iban a obtener el contrato público del Gobierno federal a través de Pemex”, declaró José Carlos Hinojosa, un ex fiscal convertido en contador de Los Zetas, que fue detenido en 2008.
Rodrigo Uribe Tapia, otro lavador de dinero para Los Zetas, describió que durante una reunión efectuada en el año 2010, en una casa que le pertenecía al entonces Gobernador veracruzano, Javier Duarte de Ochoa, mataron a una contadora en uno de los patios.
La Universidad de Texas señala que Los Zetas repitieron la misma estrategia en el estado de Coahuila, donde concentraron sus operaciones. Uribe Tapia también declaró que acompañó a Daniel Menera Sierra, alias “Dany Menera”, entonces jefe de plaza en Piedras Negras, a entregar dos pagos de 2 millones de dólares en efectivo a cambio de control total sobre Coahuila.
El dinero lo entregaron a Vicente Chaires Yáñez, uno de los hombres más cercanos al ex Gobernador Humberto Moreira Valdés [2005-2011], y en ese entonces su secretario personal, así como a Jesús Torres Charles, el entonces procurador general estatal, para sobornar al Gobernador, según el relato de Uribe Tapia.
“Lo que hicieron ahí en Saltillo, sobornaron al procurador general del Ministerio Público y eso fue por protección y el acuerdo al que habían llegado con el Sr. Humberto Moreira, quien era el Gobernador de Coahuila en ese entonces”, declaró Uribe Tapia.
En otro testimonio, Adolfo Tavira, identificado como ex administrador de producción de Televisa, el actual Gobernador, Rubén Moreira, también colaboró con Los Zetas, luego de que éstos le entregaron un pago en el rancho de otro narcotraficante, Edilberto “Beto” Casas, en una camioneta modelo Suburban, llena de maletas repletas de dinero en efectivo.
Uribe Tapia, quien lavaba dinero a través del centro comercial Black City Mall de Piedras Negras, aseguró que Los Zetas también le vendían carbón a la CFE, además de que la SHCP les ayudó a inventar deudas para reducir la tasa de interés que debían pagar sobre sus ingresos.
“Si bien los testigos no ofrecieron detalles respecto de cuáles divisiones del Ejército o la Policía Federal eran corruptas, en algunos testimonios se hizo mención de algunos incidentes específicos”, indica el documento de la institución educativa estadounidense.
“[Jorge] De León [asistente de un líder Zeta] explicó que el Ejercito mexicano mantenía una relación no hostil con las agencias policiales locales que trabajaban con Los Zetas. Además, [Adolfo] Tavira declaró que la unidad militar asignada a Ciudad Acuña trabajaba junto con la policía local y con Los Zetas”.
Autoridades coptadas
El texto resalta que los testigos en los juicios en Texas relataron que el control del cártel se extendió a jefes de la policía municipal, procuradores estatales y federales, centros penitenciarios estatales y sectores de la Policía Federal y del Ejército mexicano.
“Los Zetas pagaron sobornos e integraron a oficiales de policía en su jerarquía para garantizar que el cártel podría continuar sus operaciones ilícitas sin resistencia. Sin embargo, los Zetas no sólo influyó en la policía estatal o municipal de bajo nivel; los testigos describen un nivel de Zeta control que se extendió a los jefes de policía de la ciudad, fiscales estatales y federales, prisiones estatales, sectores de la policía federal y del ejército mexicano, y políticos estatales”, resalta el trabajo realizado por Sarah Gohary y Moravia de la O, ambas estudiantes de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.
Atrocidades solapadas
El Informe realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas revela que las instituciones y funcionarios púbicos de Coahuila tuvieron un papel -ya sea por acción u omisión- en la comisión de los abusos cometidos por el cártel.
“Los funcionarios estatales se han negado intencionalmente a buscar la justicia a pesar de tener conocimiento de innumerables abusos contra los derechos humanos perpetrados por miembros del cártel Zeta. Tanto los Zetas como el Estado son responsables de la violencia en Coahuila. En el mejor de los casos, el Estado hizo la vista gorda ante la generalizada corrupción y los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por los Zetas en Coahuila, y en el peor, participó directamente en la perpetración de estos abusos”, concluye el informe.
Y recuerda que varios testigos hicieron declaraciones sobre sobornos de millones de dólares pagados a los hermanos Humberto Moreira y a Rubén Moreira, gobernadores de Coahuila, a cambio del control total del estado.
De acuerdo con los testimonios, la influencia de Los Zetas sobre las operaciones del gobierno de Coahuila en todos los niveles les permitió llevar a cabo sus negocios en todo el estado con impunidad y, a menudo con la ayuda directa de funcionarios del estado y oficiales de policía.
Apunta que otros testimonios refieren que en 2012, “los Zetas buscaron expandir su influencia dentro de la esfera política. Efraín Torres, un miembro fundador de Zeta, comenzó a enviar grandes cantidades de dinero a un gobernador candidato en el estado de Veracruz. De acuerdo con el testimonio jurado de un agente del FBI, este candidato fue Fidel Herrera, quien se desempeñó como Gobernador de Veracruz de 2004 a 2010. Durante el juicio de Austin, los testigos también mencionaron los pagos hechos a la campaña para gobernador de Fidel Herrera en 2004”.
Agrega que los tres juicios analizados permiten concluir que “el Gobierno de EU puede actualmente poseer información no divulgada que podría conducir a la aclaración de asesinatos y desapariciones perpetrado en México. Por lo tanto, los esfuerzos para abordar los abusos contra los derechos humanos cometidos por organizaciones del crimen en México necesariamente debe involucrar soluciones transnacionales”.
Estado, omiso
Los investigadores resaltan además que el Estado mexicano no ha investigado las declaraciones que surgieron de estos casos.
“Los testimonios y las investigaciones llevadas a cabo para estos ensayos incluyen información clave, como los lugares donde tuvieron lugar las desapariciones y los asesinatos. Sin embargo, los testigos dejaron en claro que el Estado mexicano no ha llevado a cabo investigaciones sobre estos asesinatos, incluso cuando el Gobierno de EU compartió información vital directamente”, dice en las conclusiones del informe.
Además, el informe resalta el patrón de secuestros, asesinatos, tortura y desapariciones en contra de cualquier persona que Los Zetas consideraran una amenaza a sus operaciones ilícitas o como una manera para intimidar y reclutar personas.
Los testigos declararon sobre la manera “cruel en la que Los Zetas despojaban a sus víctimas de su humanidad, les asesinaban y se deshacían” de sus cuerpos.
REVELACIONES
El informe de 53 páginas analizó las declaraciones de 24 testigos en tres juicios federales contra integrantes de Los Zetas que se realizaron en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas entre 2013 y 2016 y documenta los abusos a los derechos humanos que son mencionados en las declaraciones de los testigos, incluyendo las desapariciones y las masacres de Piedras Negras y Allende de 2011.
