Rosario Robles se queda en la cárcel; juez le niega prisión domiciliaria

A Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, y acusada del delito de ejercicio indebido de la función pública, se le negó este jueves la prisión preventiva domiciliaria.

Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, determinó que la prisión domiciliara no resulta procedente en atención a la edad, ni al estado de salud de Robles Berlanga, porque estos últimos han sido atendidos por las autoridades penitenciarias.

Lo anterior, luego que la ex titular de la Sedesol y Sedatu, así como su defensa, argumentaron que su estado de salud se ha deteriorado debido a caídas dentro de su celda y su hipertensión había agravado.

Villar Ceballos aseguró que “en cuanto a [modificar] la prisión domiciliara, no resulta procedente en atención a la edad y tampoco relativo a que tenga un padecimiento que reduzca sus actividades funcionales, y que resulte incompatible su internamiento, sobre todo porque sus padecimientos han sido atendidos por las autoridades penitenciarias”.

El juzgador federal refirió que “en todo momento tiene expedito su derecho, para que en caso de que no sea atendida por las autoridades penitenciarias, en cuanto a su salud, puede presentar su petición ante el Juez de Ejecución competente”.

Durante la audiencia de la causa 314/2019 -que duró poco más de tres horas-, el juez federal consideró que Robles Berlanga ha demostrado una falta de voluntad para someterse al proceso penal que se le sigue, quedando manifestada cuando la ex funcionaria no aclaró que tuvo otros dos domicilios adicionales a su casa ubicada en la alcaldía Coyoacán.

Robles Berlanga fue trasladada del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, al Reclusorio Sur, en la alcaldía de Xochimilco, ambas prisiones en la Ciudad de México. La ex titular de la Sedesol y Sedatu estuvo acompañada de su abogado defensor Epigmenio Mendieta Valdés.

A pesar de que en audiencias anteriores tuvo la oportunidad de decir que rentó un inmueble en Paseo de la Reforma 222 y otro en Polanco, mismos que habitó de forma temporal, Robles Berlanga insistió ante el juez federal de que sólo ha tenido un solo domicilio en más de 20 años.

Villar Ceballos sostuvo, además, que existió una contradicción entre los dichos de Robles Berlanga y de su abogado defensor, Epigmenio Mendieta Valdés, ya que cuando se pretendía demostrar si la imputada contaba o no con recursos suficientes para evadirse de la justicia, se exhibió una viaje que había realizado al extranjero.

A pesar de ello, la ex funcionaria federal declaró que había ido de vacaciones a París, Francia. Pero su abogado sostuvo que había asistido a Costa Rica a tomar un curso. Dicha contradicción, según consideró el juez de Control, también demuestra que hay una resistencia a someterse al proceso por parte de Robles Berlanga.

Villar Ceballos dijo que todo lo anterior, además de que el delito por el que se acusa a la ex titular de Sedesol y Sedatu -ejercicio indebido del servicio público- no permite sustitutivos de pena, lleva a la convicción de que existe falta de voluntad de someterse al proceso y, por tanto, hay riesgo de que Robles Berlanga intente evadirse de la acción de la justicia.

Tras conocer que permanecerá en prisión lo que dure su proceso, la ex funcionaria federal dijo que se trataba de una injusticia, ya que se le acusa de una falta de voluntad cuando ella había demostrado lo contrario, ya que se encontraba en el extranjero cuando fue enterada que había sido imputada por la Fiscalía General de la República (FGR) y regresó a México para enfrentar las acusaciones.

Además, Robles Berlanga argumentó que se le está responsabilizando por algo que dijo su abogado y no ella, ya que siempre ha sido congruente con su dicho de que se encontraba de vacaciones. Respecto a los domicilios, indicó que no tenía sentido que aclarara que los había habitado, ya que en el momento en el que refirió que su ubicación era en la que residía en ese momento y que es su casa de hace más de dos décadas.

La ex funcionaria federal dijo que ya se esperaba una resolución de este tipo, ya que es a la única a la que se trata como si fuera culpable. “Si usted quiere que me vaya a Santa Martha, me voy a Santa Martha, pero sí le digo que es una gran injusticia”, contestó al juez.

La ex titular de Sedesol y Sedatu indicó, además, que permanecerá en prisión pese a que ella no le han sacado que tiene más de 100 autos de lujo, ni que su hija Mariana Moguel Robles tiene una fábrica de chocolates, en alusión, en el primer caso al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y en el segundo a los hijos mayores del presidente Andrés Manuel López Obrador.

““No se ha logrado comprobar el daño al erario. Ni tengo cuentas en el extranjero, no salí en los Pandora Papers ni desvío de recursos a través de universidades [...] Así he estado sometida. Yo no tengo más de cien carros y me tienen aquí por ser mujer, ya que hay otros funcionarios que están en libertad. Soy la única que está en la cárcel aunque hay otros ex funcionarios que tenían el mismo nivel que yo, pero no han sido procesados”, insistió la ex funcionaria federal.

“Si no fuera mujer, seguiría mi proceso en libertad. Me llamo Rosario Rosario Robles y soy inocente [...] Yo lo quiero decir señor juez, y le agradezco que se tome el tiempo para explicar todo esto, pero yo entiendo de qué trata”, expuso, por último, Robles Berlanga durante su audiencia.

“Otra vez confirmamos la venganza. La consigna es de muchísima tristeza que un juez con esta trayectoria se preste a las instrucciones de venganza [...] Seguiremos recorriendo los estados de la República, porque esto no es simplemente un atentado a Rosario Robles Berlanga, sino al sistema de justicia penal, a la justicia, la esperanza de mujeres y hombres en centros penitenciarios”, dijo la hija de la ex funcionaria federal, tras conocer la resolución del juez.

Villar Ceballos llevó a cabo la audiencia en acato a la orden de Augusto Octavio Mejía Ojeda, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad De México, quien el pasado 23 de diciembre señaló que la sentencia que amparó a la ex funcionaria federal “no se encuentra cumplida”, tal y como lo ordenó un Tribunal Colegiado.

El juez de amparo apercibió a Villar Ceballos, que de no llevar a cabo la audiencia se dará parte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “con proyecto de separación del cargo”. Mejía Ojeda dejó sin efecto la resolución del juez de control emitida el pasado 20 de octubre, donde negó el cambio de medida cautelar, porque consideró que se omitió lo ordenado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal.

Ello en el sentido de que el lugar de residencia de Robles Berlanga, así como el motivo de su viaje al extranjero y su situación económica no eran argumentos válidos para mantener la medida cautelar impuesta a la ex funcionaria federal, de prisión preventiva. Al no haber emitido su resolución de manera fundada y motivada, Mejía Ojeda consideró que el juicio de amparo 678/2020-III no se encontraba cumplido.

El titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad De México, declaró insubsistentes las audiencias del 30 de abril de 2020, donde se estableció la medida de prisión preventiva, y parcialmente la del 30 de octubre del 2021, en la que se ratificó esa decisión. Sin embargo, ordenó que en la nueva audiencia no se expusieran argumentos adicionales, sino que fueran considerados los elementos antes vertidos.

“[El objetivo es que], con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, emita una nueva determinación sobre la continuación de la medida de prisión preventiva justificada, o de ser procedente, resolver sobre una o diversas a la solicitada”, indicó Mejía Ojeda en su sentencia.

Asimismo, el juez de amparo advirtió a Villar Ceballos, que de incumplir con lo ordenado en la temporalidad señalada, o no manifestar la imposibilidad legal que tenga para ello, se le impondría una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 8 mil 962 pesos.