SCJN niega amparo a periodista amenazada por el Cártel Santa Rosa de Lima

La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó, por mayoría de cinco votos contra tres, el amparo a la periodista Myrna Susana Gómez Vázquez, originaria de San Luis Potosí, quien fue amenazada por integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima. El tribunal consideró que la reportera impugnó un día fuera del plazo legal la reducción de sus medidas de protección.

La resolución declaró válido el inciso II del artículo 57 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que establece un plazo de 30 días naturales para impugnar los acuerdos de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección.

El proyecto que sustentó la negativa del amparo fue elaborado por la Ministra Loretta Ortiz, quien determinó que la impugnación de Gómez Vázquez llegó un día después del plazo establecido.

En 2019, Gómez Vázquez sufrió amenazas, actos de intimidación, el allanamiento de su domicilio y un ataque armado atribuidos a integrantes del cártel, hechos que motivaron su incorporación al Mecanismo de Protección. Ese organismo le brindó apoyo para reubicarse junto con sus dos hijas menores de edad, además de alojamiento, alimentación, acceso a Internet y un botón de asistencia.

En 2023, sin embargo, el Mecanismo retiró la mayor parte de esas medidas y solo mantuvo un número de emergencia, el botón de asistencia y el aviso a autoridades estatales, decisión que la periodista impugnó por considerarla insuficiente.

Los ministros Loretta Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Giovanni Figueroa y Estela Ríos votaron por negar el amparo. Este grupo argumentó que el plazo de 30 días para impugnar resulta suficiente y prudente, que la reportera puede volver a solicitar protección y que, sin un límite temporal, las medidas podrían ser revocadas o modificadas de manera indefinida.

“No hay nadie más defensora de los derechos humanos que su servidora, basta ver mis precedentes”, declaró Loretta Ortiz, luego de que el Ministro Arístides Guerrero señaló que su propuesta no consideró la interseccionalidad ni las múltiples vulnerabilidades de la periodista, como su condición de mujer, periodista, víctima de desplazamiento y persona con discapacidad, además de la situación de sus hijas menores.

El presidente de la Corte, Hugo Aguilar, votó en contra de la propuesta mayoritaria.

“No debemos de perder de vista la situación que viven los periodistas en el País. No hace mucho se dio cuenta cómo una periodista incluso grabó el momento en que fue detenida y la noticia es que fue asesinada. En este caso, estamos frente a una mujer periodista con dos hijas que tuvo que cambiarse de ciudad, e incluso tiene una enfermedad que de pronto le paraliza las piernas”, argumentó el Ministro Presidente, en referencia al caso de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

Los ministros Irving Espinosa Betanzo, Arístides Guerrero y Hugo Aguilar sostuvieron que el plazo debía aplicarse con flexibilidad, pues de lo contrario se convertiría en un obstáculo para garantizar la seguridad de la periodista, y señalaron que debía privilegiarse el interés superior de sus dos hijas menores de edad.

“El plazo de 30 días se convierte en un obstáculo procesal injustificado, que no solo vulnera el acceso a la justicia, sino que pone en riesgo la vida y el interés superior de la niñez”, afirmó Guerrero, aunque su postura quedó en minoría.

La Ministra Sara Irene Herrerías se declaró impedida para votar, debido a que forma parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección.

Esta fue la segunda ocasión en que el Pleno de la Corte discutió el amparo: el 24 de febrero de 2026, un primer proyecto de la Ministra Estela Ríos, que también planteaba negar el amparo, fue devuelto porque, aunque la mayoría coincidió con el sentido de la resolución, se rechazó la fundamentación presentada.