Secretaría de Salud reconoce desvío de medicamentos de hospitales públicos a venta ilegal
La Secretaría de Salud reconoció que existen casos documentados de desvío de medicamentos de hospitales y centros de salud públicos hacia su venta ilegal, incluso en puntos ubicados afuera de las propias instalaciones médicas.
El Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, lo informó durante la conferencia matutina en la Ciudad de México.
“Desafortunadamente tenemos algunos casos, algunos documentados, algunos que tenemos que investigar más a detalle y encontrar si hay desvío de medicamentos desde el hospital, centro de salud, hacia venta, incluso afuera de los propios hospitales”, afirmó.
Clark García Dobarganes explicó que se han identificado situaciones en las que medicamentos destinados a pacientes del sector público son ofrecidos a la venta, pese a contar con leyendas que indican que son propiedad de las instituciones de salud.
Como primera medida, el Gobierno federal colocará identificaciones más visibles en las cajas de los medicamentos que se entregan de forma gratuita, ya que algunos productos incluyen leyendas poco visibles.
Señaló que esa identificación permitirá a los pacientes reconocer con mayor facilidad que se trata de productos que deben recibir sin costo, y a la población detectar y denunciar su comercialización cuando aparezcan en tianguis o farmacias privadas.
Rechazó que el problema pueda atribuirse de manera generalizada al personal médico.
“No quiero decir que es un tema de los médicos en general, desafortunadamente algunas personas llevan actividades y tenemos que seguir acotando esos espacios para asegurar que los medicamentos están en los hospitales, centros de salud, no se desvían de ahí cuando se le entregan a un paciente de manera gratuita”, sostuvo.
Como segunda medida, informó que el Gobierno federal trabaja en la transformación digital del sistema de salud para establecer mecanismos de trazabilidad que permitan conocer el origen, el lote y el destino de cada medicamento, con seguimiento especial a los tratamientos de alto costo, algunos de los cuales superan los 200 mil pesos por caja.
En la misma conferencia, la Secretaría de Salud denunció que una empresa privada obtuvo contratos para distribuir medicamentos y operar las farmacias de hospitales públicos en el Estado de México por unos mil 700 millones de pesos entre 2022 y 2023, con sobrecostos por pieza que, según las estimaciones de la dependencia, podrían superar el 50 o 60 por ciento.
El contrato correspondiente a 2023 ascendió a 872 millones de pesos.
“Era un contrato que subrogaba, básicamente privatizaba, no sólo la distribución, pero también las farmacias de los hospitales en el Estado de México. Imagínense que las farmacias, en vez de ser operadas por enfermeras, enfermeros, personal de farmacia, químicos, eran operadas por una empresa, básicamente como si tuviéramos una farmacia privada dentro de un hospital público”, señaló el subsecretario.
Clark García Dobarganes evitó revelar el nombre de la empresa por una investigación en curso, aunque indicó que los contratos son públicos y pueden consultarse en la plataforma de transparencia.
Tras la modificación de los contratos y la realización de nuevas licitaciones y subastas, el costo anual del servicio disminuyó 32 por ciento y el volumen de medicamentos distribuidos aumentó entre 30 y 40 por ciento mensualmente.
La dependencia busca sustituir otros contratos de distribución para que esas tareas las realice la red pública.
El subsecretario informó también que el Gobierno federal pagó cerca de 10 mil millones de pesos de adeudos por medicamentos entregados a principios de 2026, cuyas facturas llevaban varios meses detenidas.
Los pagos se realizaron durante el último mes y redujeron a más de la mitad los procesos de pago pendientes con proveedores.
El funcionario no precisó el monto total de los adeudos restantes ni el número de empresas que todavía esperan su liquidación.
Respecto a la compra consolidada para 2027 y 2028, aseguró que contempla el 100 por ciento de los requerimientos calculados por las instituciones públicas de salud, con cerca de 6 mil millones de piezas de medicamentos e insumos médicos, desde tratamientos oncológicos hasta material de curación.
La planeación comenzó en agosto de 2025, con más de 100 reuniones técnicas entre especialistas médicos, personal de enfermería y expertos en distintas enfermedades, y el cálculo de la demanda consideró la población atendida, el número de pacientes y las previsiones epidemiológicas.
La dependencia excluyó de esa adquisición a las empresas que incumplieron entregas anteriores, mediante una constancia de cumplimiento que revisa el historial de cada proveedor.
“Aquellas compañías que no entregaron medicamentos quedan descalificadas de las compras de este año”, afirmó Clark García Dobarganes.
Los porcentajes de cumplimiento pueden consultarse por razón social en la plataforma pública de la compra consolidada.
Estimó que adquirir los mismos productos a los precios anteriores habría representado un gasto adicional de unos 45 mil millones de pesos para 2025 y 2026, además de otros 35 mil millones para 2027 y 2028, y atribuyó la reducción a la compra directa a fabricantes y a las subastas inversas.
La compra fue sometida a consulta de la industria durante aproximadamente dos meses y medio, periodo en el que se recibieron cerca de 5 mil comentarios sobre claves de medicamentos, disponibilidad de productos y capacidad de suministro.
Los primeros proveedores adjudicados conocieron desde agosto de 2026 las cantidades que deberán entregar a partir del 1 de enero de 2027, para preparar la producción y tramitar permisos de importación.
