Senado aprueba tope de $70 mil a jubilaciones de altos funcionarios en paraestatales
El pleno del Senado de la República aprobó este 11 de marzo con 116 votos a favor y el respaldo unánime de las seis fracciones parlamentarias, la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció un tope de 70 mil pesos mensuales a las jubilaciones del personal de confianza de organismos paraestatales, empresas de participación estatal y banca de desarrollo.
La modificación constitucional, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca eliminar las denominadas “pensiones doradas” y generará un ahorro estimado en 5 mil millones de pesos anuales para el erario federal.
El decreto fijó que ningún ex servidor público de confianza podrá percibir como jubilación un monto superior al 50 por ciento del salario mensual de la titular del Ejecutivo Federal, equivalente en términos actuales a aproximadamente 70 mil pesos.
La medida tiene carácter retroactivo: todas las pensiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto deberán ajustarse al nuevo límite.
Quedan excluidos de este tope los integrantes de las Fuerzas Armadas, los beneficiarios de jubilaciones constituidas a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro individual, los financiados mediante aportaciones sindicales en sistemas de ahorro complementarios y los receptores de la pensión no contributiva prevista en el artículo 4 de la Constitución.
La iniciativa presidencial fue remitida al Congreso de la Unión el 3 de marzo de 2026. El pasado día 10, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado, presididas por los senadores de Morena, Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza Cázarez, respectivamente, la aprobaron por unanimidad con 32 votos y la turnaron de inmediato a la Mesa Directiva de la Cámara Alta.
La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó previamente que la reforma se discutiría ante el pleno en la sesión del 11 de marzo.
El origen del proceso legislativo se remontó al 18 de febrero pasado, cuando Sheinbaum Pardo anunció la iniciativa en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.
En esa ocasión, Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, expuso los casos más representativos.
En la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, de poco más de 14 mil extrabajadores de confianza, 9 mil 457 -cerca del 70 por ciento- recibían pensiones mensuales de entre 100 mil y un millón de pesos, con un costo anual al erario de 28 mil millones de pesos. Un solo pensionado percibía un monto superior al millón de pesos al mes.
Respecto a Pemez, Buenrostro Sánchez informó que el organismo tenía un padrón de poco más de 22 mil jubilados, a quienes se pagaba cerca de 25 mil millones de pesos al año; 144 pensionados de Pemex recibían montos superiores al salario de la Presidenta de la República, lo que representaba mil 827 millones de pesos adicionales por año.
En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, con 54 mil personas jubiladas y un costo anual de cerca de 41 mil millones de pesos, 2 mil 199 pensionados superaban el sueldo presidencial, con un excedente equivalente a 4 mil 500 millones de pesos anuales.
“Por supuesto que estamos a favor de eliminar pensiones que son escandalosas, que son abusivas y que son absolutamente indefendibles”, declaró Ricardo Anaya Cortés, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado, al anunciar el voto favorable de esa fracción.
Sin embargo, señaló dos limitaciones en el texto aprobado: indicó que la reforma solo abarca a la administración pública descentralizada, pero no a dependencias de la administración pública centralizada —como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Secretaría de Salud, donde también existen jubilaciones por encima del promedio nacional; y cuestionó que el tope se calcule en función del salario presidencial, el cual puede variar por decisiones presupuestales futuras, en lugar de fijarse en Unidades de Medida y Actualización (UMA), como ya ocurre en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
La Senadora del Partido Revolucionario Institucional, Carolina Viggiano Austria, cuestionó la aplicación retroactiva de la reforma al sostener que las pensiones de los ex funcionarios se constituyeron mediante contratos con cláusulas específicas que, a su juicio, el Gobierno federal se negaba a cumplir, y señaló que los pensionados habían sido exhibidos públicamente sin que se demostrara que sus jubilaciones se obtuvieron de forma fraudulenta o ilícita.
Alejandra Barrales Magdaleno, Senadora de Movimiento Ciudadano, sumó críticas a la excepción prevista para las Fuerzas Armadas, postura compartida también por el bloque del PAN.
Por su parte, el Senador de Morena, Miguel Pável Jarero Velázquez, defendió la iniciativa al afirmar que con ella se regresaba “a los trabajadores lo que el prianismo les robó durante décadas de mal gobierno” y que era inaceptable que millones de mexicanos tuvieran pensiones modestas mientras una minoría disfrutaba de jubilaciones que calificó de ofensivas.
Los ahorros derivados de la reducción de pensiones serán destinados a programas sociales del Bienestar, según anunció Sheinbaum Pardo el 18 de febrero de 2026.
La Mandataria nacional señaló en esa ocasión que los recursos complementarían los ingresos provenientes de los pagos realizados por Grupo Salinas, y adelantó que el 23 del mismo mes y año presentaría el fortalecimiento de un programa dirigido a jóvenes.
Con la aprobación en el pleno del Senado, la reforma constitucional deberá ser ratificada por los congresos locales de la mayoría de las entidades federativas para entrar en vigor.
