Senado avala reforma contra piratería; cambian ‘ley antimemes’ por posible censura
Las Comisiones en el Senado aprobaron la iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la piratería y la falsificación física y digital, que también sanciona a quien copie, imite o use sin autorización logotipos, escudos, símbolos o sitios web gubernamentales de cualquier nivel, para engañar o confundir a las personas a gran escala.
El dictamen fue modificado ante las advertencias de la posible censura que podría ocurrir en la publicación de memes y parodias, para delimitar las sanciones al uso comercial de elementos institucionales y cuando hay una intención de inducir al error o engaño.
Este cambio, contenido en el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, había sido advertido por integrantes de la oposición como un atentado a la libertad de expresión y un intento de censura.
La reforma fue aprobada con 34 votos a favor de representantes de la coalición oficialista, 11 en contra y dos abstenciones.
La iniciativa enviada propone cambios en el Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con el propósito, de acuerdo con la exposición de motivos, de combatir la piratería y la falsificación, así como armonizar las leyes mexicanas con los estándares internacionales del T-MEC y del acuerdo Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual.
El cambio contra la “ley antimemes”
El único cambio aprobado fue propuesto por el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, con la intención de cerrar la puerta a la posibilidad de censura hacia memes y parodias, como advirtieron integrantes de los partidos de oposición, que calificaron la propuesta como “Ley Antimemes”.
Se trata del artículo 403 Bis, que adiciona un delito relativo por el uso no autorizado de la imagen gubernamental e institucional. Durante el análisis en las Comisiones Unidas, los legisladores ajustaron la propuesta original para acotar el tipo penal y reducir el castigo de cárcel.
El cambio más destacado, que busca eliminar las posibilidades de censura, se enfocó en el uso de símbolos y elementos oficiales.
La iniciativa sancionaba el uso o imitación de signos oficiales o dominios que buscaran “inducir a error o engaño a una o más personas”. La modificación en la redacción estableció que la conducta debía realizarse “para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública”.
Contra la piratería
Además, la reforma eliminó la necesidad de probar intenciones subjetivas de enriquecimiento en a piratería y estableció que ese perjuicio existe cuando el valor económico de los productos involucrados sea igual o mayor a 19 mil 942 pesos, es decir, 170 Unidades de Medida y Actualización (UMA), con base en el precio de venta al público del producto legítimo.
Para envíos postales o de mensajería que individualmente no alcancen las 170 UMA, su valor se acumulará cuando se realicen dentro de un periodo de hasta 90 días naturales y exista vinculación logística, de remitente, destinatario o red de distribución.
La reforma castiga la divulgación no autorizada de obras protegidas antes de su lanzamiento oficial con 4 a 10 años de prisión y de 2 mil a 20 mil días multa. Además impone penas de 3 a 7 años de cárcel a quien eluda medidas tecnológicas de protección, comercialice dispositivos para evadirlas o altere información de gestión de derechos.
También amplía el listado de delitos de propiedad intelectual por los cuales las personas morales pueden enfrentar consecuencias penales directas. El resarcimiento no podrá ser menor al 40% del precio de venta al público del bien o servicio original. Además, se incluyó la opción para que la víctima pueda solicitar una cantidad resarcitoria de entre 340 y 50 mil UMA.
Otro cambio es la eliminación del requisito de contar previamente con un dictamen técnico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para que el Ministerio Público pueda ejercitar la acción penal. Las sanciones se extienden formalmente a mercancías en tránsito, transbordo, depósito fiscal o zonas de libre comercio.
Morena rechaza intención de censura
El senador morenista Javier Corral rechazó que las reformas establezcan cárcel por “memes” o parodias y dijo que se ha magnificado una interpretación política, sesgada y no técnica. Defendió que el cambio realizado elimina cualquier insinuación sobre el objetivo de la reforma.
El morenista enfatizó que la reforma no busca regular la libertad de expresión ni proteger la imagen gráfica de las instituciones públicas, sino sancionar el uso abusivo de elementos de identidad institucional en actos de comercio cuando éstos puedan generar engaño. Explicó que para que la conducta pueda constituir un delito deben concurrir diversos elementos, entre ellos que la reproducción, imitación o utilización de la identidad gráfica institucional se realice a escala comercial y que tenga como finalidad engañar a una o más personas.
El morenista argumentó que la reforma no pretende proteger la imagen de las instituciones públicas, sino atender casos en los que sus elementos gráficos sean usados para hacer pasar por oficiales comunicaciones, documentos, plataformas, servicios o sistemas que no lo son.
“¿Cuántas veces no nos hemos encontrado portales con logos de gobierno en los que se les pide a personas realizar depósitos para presuntamente comprar una acción y convertirse así en accionistas de Pemex?, cuestionó”.
Oposición mantiene reservas
Aun con el cambio, la oposición mantuvo sus reservas. Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, manifestó el acuerdo de su bancada con la necesidad de combatir la piratería, pero advirtió que la redacción puede dejar margen de interpretación al juzgador. Sostuvo que la utilización de figuras gubernamentales, logotipos y otros elementos institucionales forma parte de las expresiones cotidianas en redes digitales.
Por el PRI, el senador Pablo Ángulo acusó que existe por parte del oficialismo una intención de callar a la oposición.
“Ya cuando un gobierno empieza un sistema autoritario como es el de Morena, este gobierno intenta callar ya a todo mundo; está claro que lo que no quiere es que los mexicanos hablen de la realidad que se vive todos los días”, aseguró.
El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva del Senado, donde se le dio primera lectura y se prevé sea votado en el pleno la última semana de septiembre.
El martes pasado, el coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, advirtió que esta disposición implica un riesgo para la libertad de expresión y la labor periodística. El legislador señaló el peligro de provocar autocensura, al desincentivar la crítica hacia la autoridad por temor a penas de prisión.
“Lean este artículo 403 bis a la luz de La Casa de los Mañosos que está en YouTube y se van a dar cuenta que están en riesgo los de La Casa de los Mañosos —por supuesto no los que participan en la casa, sino los que lo producen— de que los metan 7 años a la cárcel. (...) particularmente, hay que subrayarlo, quienes estén, digamos, críticos al régimen, porque quienes se dedican desde la caricatura o desde la parodia a lavar al régimen, esos no tienen nada de qué preocuparse”.
