Senado propone sentencias de hasta 42 años para extorsión
Una persona que cometa extorsión podría ser condenada hasta a 42 años de prisión si usa armas o si afecta la economía de una comunidad, de acuerdo con la propuesta de Ley contra ese delito que votará el Senado en comisiones este martes.
También se podría alcanzar esta pena si se usa la violencia para cobrar el daño por un incidente de tránsito provocado de forma intencional, conocido como “montacoches”; así como en los casos en que se busque afectar el derecho a la libertad de expresión o la defensa de los derechos humanos.
O si la persona que realiza la extorsión lo hace desde un centro penitenciario, se utilizan a personas menores de edad para cometer el delito o se dañen comercios, negocios o posesiones de la víctima.
Los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos realizaron varios cambios respecto de lo que recibieron de la Cámara de Diputados, como fijar las penas en un rango de siete a diecisiete años de prisión, en lugar de “de la mitad hasta dos terceras partes”, como estaba en la minuta.
Estas agravantes se determinarán por el uso de armas, más allá de que intervenga una o más personas, y si afectan “de manera directa la economía de alguna comunidad”, en lugar de “alguna entidad federativa”, ya que resultaba difícil acreditarlo.
Además de endurecer las penas, las comisiones unidas eliminaron el beneficio de reducir penas por colaboración con las autoridades, precisaron los requisitos que deben tener las unidades investigadoras especializadas en cada entidad, y ajustaron agravantes como “cobro de piso” y el uso del sistema financiero.
El documento que votarán las comisiones del Senado reforma el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que la extorsión sea perseguida de oficio, sin necesidad de que exista una denuncia.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, enviada originalmente por la Presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobada a finales de octubre por la Cámara de Diputados y enviada al Senado con un principal cambio: la reducción de penas en prisión para ministerios públicos, policías o cualquier funcionario público que evite dar información sobre este delito, modificación que las comisiones unidas en el Senado proponen revertir.
Se prevé que la propuesta sea votada durante tarde noche de este martes por los integrantes de las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos que encabezan los senadores Javier Corral y Enrique Inzunza, respectivamente.
Esta versión, según explicó Corral en días previos, es resultado de un trabajo conjunto con funcionarios de la Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México y la Consejería Jurídica de la Presidencia.
La principal razón del aumento de las penas, según han explicado los senadores, es evitar que personas sentenciadas actualmente puedan ser liberadas de forma previa si la Ley General establecía parámetros más bajos que lo que existe en algunas entidades.
Aumento de penas por agravantes
La minuta enviada por los Diputados proponía una sanción de seis a 15 años de prisión en el tipo penal básico; pero los senadores proponen que aumente de 15 a 25 años, mientras que la multa pasaría del rango de 100 a 500 UMAs a 300 a 500, es decir hasta 56 mil 570 pesos. Para las agravantes menos lesivas, las penas pasaron de cuatro a ocho años de prisión.
Respecto a las agravantes medias, contenidas en el artículo 17, los senadores proponen aumentar las penas a un rango de cinco a doce años de prisión.
Respecto al llamado cobro de piso, los senadores cambiaron la expresión “continuar obteniendo” por “obtener” un beneficio por parte de extorsionadores, para penalizar desde la intención.
Algo similar ocurrió con el uso del sistema financiero, donde los legisladores ajustaron para penalizar desde la exigencia de hacerlo y no únicamente hasta que sea un hecho consumado.
Corrigen sanciones a servidores públicos
Otro de los cambios que aprobaron los senadores fue el aumento a la pena propuesta para los funcionarios públicos que no denuncien actos de extorsión. Impusieron de 10 a 20 años, en lugar de cinco a 12. Algo que ya venía en la versión enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que los diputados habían modificado.
El dictamen busca impedir que la extorsión sea cometida desde centros penitenciarios y busca que se asegure la protección de las víctimas y testigos durante todo el proceso penal.
En el artículo 23, se establece que a las personas que intenten introducir a una prisión algún teléfono celular o dispositivo electrónico que funcione para enviar fotos, videos, mensajes o audios se le impondrá ahora una pena de seis a 12 años de prisión (y no de tres a ocho) y una multa de 120 a 240 el valor de una UMA (27 mil 153.6 pesos).
Si una autoridad penitenciaria facilita la extorsión dentro de los centros será condenada de tres a cinco años de prisión.
Sin liberación anticipada y protección a víctimas
La ley especifica que los recursos obtenidos por decomisos o extinción de dominio serán “preferentemente” usados para la restitución de los derechos de las víctimas.
Para la protección de las víctimas, se incorporaron las medidas previstas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales: prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; limitación para asistir o acercarse a su domicilio o donde se encuentre; separación inmediata del domicilio; entrega inmediata de objetos personales y documentos de la víctima que estuvieran en posesión de la persona presuntamente responsable; la prohibición de intimidar a la víctima o sus familiares; vigilancia y protección policial en el domicilio de las víctimas; así como el traslado a un albergue si así lo requiere.
Los senadores eliminaron también la posibilidad de liberación anticipada y otros beneficios a personas sentenciadas por extorsión que colaboraran con las autoridades.
Unidades estatales contra la extorsión
La minuta enviada por los diputados proponía que la investigación contra la extorsión fuera realizada por las unidades especializadas contra el secuestro. Sin embargo, las comisiones establecieron que cada entidad debe contar con unidades, ministerios públicos, policías y analistas capacitados, evaluados, certificados y especializados en materia de extorsión.
Mientras se crean las unidades especializadas en extorsión, la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales deberán utilizar a las unidades especializadas contra el secuestro.
