Sheinbaum advierte a firmas de EU: sin permiso de SRE no pueden cobrar a deportados
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió el 24 de septiembre de 2026 que las empresas contratadas por el Gobierno de Estados Unidos para localizar en México a migrantes deportados con multas pendientes necesitarían la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para operar en territorio nacional.
“No podrían. Tendrían que tener, obviamente, el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, afirmó Sheinbaum Pardo al ser cuestionada respecto a si esas compañías pueden realizar dichas actividades en el país.
La Presidenta aseguró que, hasta esa fecha, la Embajada de Estados Unidos en México no había confirmado al Gobierno de México que las empresas estuvieran llevando a cabo esas labores en territorio mexicano. “No nos ha confirmado la Embajada si esto es cierto o no, y les damos información en cuanto tengamos, si es cierto. Hasta ahora no lo tenemos confirmado”, señaló.
Según reveló el medio estadounidense Project Salt Box, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) adjudicó contratos por hasta 36 millones de dólares a cuatro empresas para localizar en México, Guatemala y Honduras a personas deportadas y entregarles notificaciones de adeudos migratorios.
Los contratos se otorgaron a Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y The Baptiste Group, con un monto máximo de 9 millones de dólares para cada una y una vigencia de dos años.
Con esta medida, la CBP buscará recuperar alrededor de 423 millones de dólares en multas y cargos que atribuye a más de 66 mil 300 personas que ya fueron expulsadas de EU.
Los contratistas tendrán la tarea de localizar a los deportados, confirmar sus domicilios y entregarles las notificaciones de cobro. Para ubicarlos y determinar su capacidad de pago, podrán recurrir a fotografías de viviendas, recibos de servicios, registros laborales y documentos judiciales.
La titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que su Administración informará públicamente en cuanto cuente con la confirmación de las autoridades estadounidenses respecto a la operación de estas compañías en México.
