Sheinbaum descarta censura y responde a críticas por lineamientos de audiencias

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que si el Gobierno Federal hubiera querido censurar a los medios de comunicación ya habría utilizado los instrumentos disponibles para hacerlo, en medio del debate por los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Reconoció que su administración cuenta con esas herramientas, incluida la interpretación legal, pero descartó su aplicación.

“¿Cómo vamos a querer censurar? Si hubiéramos querido censurar, ya lo hubiéramos hecho, porque están los instrumentos, incluso la interpretación legal”, sostuvo en su conferencia matutina.

Atribuyó esa postura a una convicción política y no a una restricción normativa.

“No lo vamos a hacer nunca porque no creemos en ello, por convicción. Pero sí creemos en que el pueblo, la ciudadanía, tenga derecho a la información”, expresó.

Sheinbaum Pardo respondió así a los señalamientos de concesionarios, organizaciones y especialistas que identificaron en el anteproyecto un posible mecanismo de control sobre los contenidos informativos.

Comparó el escenario actual con prácticas de administraciones anteriores, cuando se convocaba a los propietarios de los medios para solicitar el despido de conductores o se ofrecían recursos públicos a cambio de modificar líneas editoriales.

“¿Cuándo hemos pedido que se mueva a un conductor, a un opinólogo? Muy distinto es que desde aquí digamos: ‘No estamos de acuerdo, esto es mentira, es falso lo que publicaron’, y aquí damos nuestra versión”, planteó.

Reprochó a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión haber participado en la discusión de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y denunciar ahora posibles actos de censura.

Aseguró que la legislación se aprobó después de mesas de trabajo con los concesionarios y que algunos artículos fueron modificados para alcanzar acuerdos.

“La ley que se aprobó fue con el acuerdo de la CIRT. La Cámara de la Industria de Radio y Televisión participó en las discusiones para la aprobación de la ley. Estuvieron de acuerdo”, afirmó.

Sheinbaum Pardo diferenció la legislación aprobada de los lineamientos elaborados por la CRT y recordó que estos se encuentran en consulta pública, por lo que pueden ser modificados.

Consideró que el principal punto de discusión corresponde al régimen de multas y a la autoridad encargada de imponerlas cuando un medio incumpla las recomendaciones emitidas por su defensoría de audiencias.

“Hay un tema que tiene que ver con las multas, por eso se puso a consulta, que ya venía desde la ley, quién pone las multas, si es que no se cumplió, etcétera, que es la parte más polémica. Por eso se abre la consulta pública para discutir este tema de cómo se puede quejar la empresa si hay una sanción y quién pone la sanción”, dijo.

También defendió la conferencia matutina como un espacio para informar directamente a la población y ejercer el derecho de réplica frente a publicaciones con las que su administración no coincide.

“Cuando uno le pide a un medio, a pesar de que es ley, que publique en el mismo tamaño o con el mismo tiempo una réplica, no lo hace. Entonces, tenemos la mañanera para debatir, para discutir, para poner nuestros puntos de vista y para defender el proyecto de nación que representamos”, señaló.

Añadió que, sin esa conferencia, algunos medios no informarían sobre acciones gubernamentales como la estrategia contra el sargazo presentada el 30 de julio.

Precisó que los derechos de las audiencias no fueron creados por su administración, sino que forman parte de una discusión nacional e internacional iniciada desde hace varios años.

El 29 de julio, había negado que el Gobierno federal buscara censurar mediante los lineamientos contemplados en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, luego de pedir que se mostrara la portada del diario Reforma durante la conferencia matutina.

“Esto es falso. Absolutamente falso. No hay censura, ni va a haber censura. Además, con acuerdo de la Cámara de Radio y Televisión, esa ley se aprobó dialogando con la Cámara, fue el esquema para garantizar el derecho de las audiencias. Entonces, es absolutamente falso que el objetivo del Gobierno sea censurar. Es garantizar los derechos de las audiencias”, aseguró en esa fecha.

En esa misma conferencia, Sheinbaum Pardo anticipó la existencia de mecanismos de contención para impedir que los señalamientos contra su administración fueran considerados violaciones a los derechos de las audiencias.

“Habrá candados para que una crítica incómoda al Gobierno no pueda ser interpretada como una violación a la audiencia, pero ni siquiera es el Gobierno, son las audiencias, es el pueblo, es la gente; es la ciudadanía que pueda tener un espacio para decirle ‘oye, quiero mejorar el derecho a la información’”, agregó.

Sheinbaum Pardo explicó que el esquema se sustenta en la posibilidad de que una persona presente una queja y que, ante información inexacta, el propio medio conceda el derecho de réplica o aclare internamente cuando un contenido corresponda a una opinión y no a información.

Las declaraciones ocurrieron dos días después de que la CIRT y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación advirtieran que el anteproyecto contiene riesgos de una regresión democrática y abre la puerta a mecanismos de censura institucionalizada.

La CIRT objetó que los lineamientos establezcan una multa de hasta el 1 por ciento de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario o programador por cada supuesta falta informativa, cuando la legislación vigente contempla sanciones únicamente por no designar defensor de audiencias y por no emitir códigos de ética.

La JUFED, que preside la magistrada en retiro Julia García González, sostuvo que la pretensión de regular las líneas editoriales de la prensa vulnera el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la libre manifestación de las ideas y la libertad de expresión y difusión.

El anteproyecto fue presentado el 28 de julio por la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, quien informó que las multas serían aplicadas por la CRT como última instancia, cuando un medio desatienda las recomendaciones de su defensoría y persista la vulneración de derechos de las audiencias.

Los lineamientos obligarán a los medios a contar con un código de ética, a designar al menos a una persona defensora de las audiencias y a no difundir información falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual, además de distinguir entre noticias, opiniones y publicidad.

La consulta pública permanecerá abierta durante 20 días, del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, y las disposiciones serían obligatorias para concesionarios comerciales, públicos y sociales de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como para empresas programadoras.