Sheinbaum firma decreto para reforzar transparencia en el Gobierno federal
El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, firmó este 4 de agosto un decreto presidencial con el objetivo de fortalecer el principio de máxima publicidad e impulsar a todas las instituciones públicas a difundir información más allá de sus obligaciones legales vigentes.
Además, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, adelantó que alistan modificaciones a la Ley General de Transparencia para formalizar estos cambios a nivel legislativo.
Durante la presentación del plan, Buenrostro señaló que, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), la Plataforma Nacional de Transparencia —que tiene más de ocho años de antigüedad— ha sido estabilizada.
De acuerdo con la funcionaria, el portal experimentaba caídas constantes durante el proceso de transferencia hacia la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Como parte de las mejoras de acceso, señaló que se integraron herramientas de descarga que facilitan la consulta de datos en formatos manipulables y análisis más esquemáticos. Adicionalmente, dijo que se estableció un plazo máximo de 30 días hábiles para incorporar nuevos contenidos de interés público y actualizaciones en el portal.
“Actualmente se publica cada 3 meses, lo vamos a publicar de manera mensual para que esté permanentemente actualizada toda la parte de contrataciones. Entonces, todos los contratos del Gobierno Federal se publicarán de manera mensual”, sentenció Buenrostro.
Los cuatro ejes del decreto
La funcionaria destacó que el decreto presidencial concentra sus acciones en cuatro áreas prioritarias:
1. Contrataciones públicas: los contratos del gobierno federal, que anteriormente se publicaban cada tres meses, ahora se difundirán de manera mensual para mantener la información actualizada constantemente.
2. Filiales de Pemex y CFE: se difundirán informes presentados ante agencias extranjeras, estados financieros, políticas de operación, contratos y detalles de gobierno corporativo de todas sus filiales. Las reservas de esta información se limitarán de forma temporal y exclusiva por razones de interés público o seguridad nacional.
3. Fiscalización y auditorías: los órganos fiscalizadores publicarán información adicional sobre el programa anual de fiscalización, estadísticas de auditorías, el seguimiento a observaciones de los auditores, y el padrón y asignación de despachos externos encargados de revisar dependencias.
4. Cooperación institucional: se convoca formalmente a otros poderes y niveles de gobierno a sumarse a estas directrices de máxima publicidad.
Reducción de reservas de información
El proyecto contempla una simplificación en los criterios para reservar información pública. De acuerdo con Buenrostro, actualmente existen 17 causales de reserva clasificadas bajo los conceptos de interés público y seguridad nacional. El nuevo decreto, dijo, busca acotarlas estrictamente a lo mandatado por la Constitución y priorizar que la información clasificada sea temporal.
Asimismo, explicó que se promoverá el uso de versiones públicas.
De acuerdo con la titular de la dependencia, estas modificaciones normativas se integrarán próximamente en una propuesta de iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia, trabajada en coordinación con la Consejería Jurídica de la Presidencia.
