Sheinbaum pide a Segob y a la FGR informe público por caso Ayotzinapa a 12 años
La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de la República presentar un informe público sobre los nuevos avances en el caso Ayotzinapa, las líneas de investigación abiertas y las recientes detenciones, a casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas.
La solicitud la hizo en el marco de la reunión que sostendría este jueves con madres y padres de los estudiantes. Sheinbaum explicó que durante el encuentro se informaría a los familiares cómo se realizó la investigación que llevó a la detención del ex Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, así como sobre otras líneas de investigación.
“Le he pedido ayer a la Secretaria de Gobernación, y espero que la fiscal esté de acuerdo, que pueda haber, antes del 26 de septiembre, cuando se cumplen 12 años de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, una información pública de cuáles son estas líneas de investigación”, declaró.
La presidenta señaló que la información deberá presentarse sin afectar las investigaciones y consideró necesario explicar “por qué hay nuevos detenidos y cuál es este trabajo que se ha venido haciendo”. Afirmó que parte de estos avances no se habían realizado previamente y reiteró el compromiso de alcanzar la verdad y la justicia.
Llamadas telefónicas abrieron nuevas líneas de investigación
Sheinbaum explicó que uno de los trabajos recientes fue el análisis de llamadas telefónicas de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
“Hay sábanas de llamadas telefónicas de esa noche y esa madrugada que nunca se analizaron a fondo por parte de en su momento de la fiscalía o de quienes realizaron esta investigación”, señaló.
La Mandataria indicó que ese análisis permitió abrir nuevas líneas y ubicar a personas que no habían sido involucradas previamente y que ahora están detenidas.
“No nuevas personas, sino personas que no habían sido involucradas y que hoy están detenidas”, precisó.
El planteamiento ocurre después de que un juez de control vinculó a proceso a Ángel Aguirre Rivero por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada cometida por servidores públicos, en agravio de los 43 normalistas, y le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Ángel Aguirre dejó la Gubernatura de Guerrero el 23 de octubre de 2014, 27 días después de la desaparición de los estudiantes, en medio de la presión política y social por el caso. Casi 12 años después, fue detenido el pasado 6 de agosto por señalamientos de la FGR relacionados con el presunto ocultamiento de evidencias.
El delito por el que fue procesado contempla una pena de 40 a 60 años de prisión. La defensa sostuvo que el ex Gobernador no recibió ni ordenó destruir las grabaciones de los hechos ocurridos frente al Palacio de Justicia de Iguala, mientras que dos testigos protegidos lo señalaron por ese supuesto ocultamiento.
