Sheinbaum propone comisión del INE para impedir candidaturas vinculadas al crimen organizado
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el 21 de mayo una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, organismo dependiente del Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de impedir que aspirantes con posibles vínculos con la delincuencia organizada participen en los comicios de 2027.
La propuesta fue detallada por Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República, quien precisó que la iniciativa busca dotar a los partidos políticos de herramientas de análisis antes de que definan sus candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.
“Se plantea crear nuevos mecanismos para que los partidos políticos cuenten con más herramientas de análisis antes de definir las candidaturas que presentarán en las elecciones de 2027”, señaló Alcalde Luján durante la conferencia presidencial.
La comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales, elegidos y votados por el Consejo General del INE para ejercer funciones durante un periodo de tres años.
El organismo funcionaría como un vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar en el mecanismo y diversas autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
Para llevar a cabo las verificaciones, la comisión consultaría con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Estas instituciones analizarían la información disponible y determinarían si existe o no un “riesgo razonable” de posibles vínculos con la delincuencia organizada, sin señalar el asunto específico del que derive ese posible riesgo.
Conforme al mecanismo propuesto, los partidos políticos entregarían voluntariamente a la comisión la lista de personas aspirantes a ser candidatos.
La comisión notificaría después a los institutos políticos si existe o no riesgo razonable, indicando las instancias que advirtieran ese riesgo.
Con base en esa información, los partidos serían responsables de determinar si registran o no dicha candidatura, y de encontrar información relevante, las instituciones correspondientes continuarían con las investigaciones conforme a sus atribuciones.
Sheinbaum Pardo señaló que la propuesta formó parte originalmente del Plan A de la reforma electoral, el cual no fue aprobado en su momento.
“Venimos trabajando ya una propuesta desde hace tiempo que vamos a aprovechar que se reúne el periodo extraordinario para presentarla. Esta propuesta en realidad venía en el Plan A; si se acuerdan, hicimos varias propuestas para fortalecer la democracia y fortalecer la elección del 2027 en el país”, declaró.
La iniciativa surge a partir de los hallazgos de la Operación Enjambre, por la que han sido detenidos alcaldes y ex alcaldes acusados de haber recibido apoyo del crimen organizado para ganar sus elecciones.
Entre los casos derivados de esa operación destaca el del individuo identificado como “El Barbas”, del Cártel de Sinaloa, señalado de haberse reunido con los alcaldes de Atlatlahuacan y Cuautla —ambos municipios del estado de Morelos— electos en los comicios de 2024.
La reforma sería enviada al Congreso de la Unión durante el periodo extraordinario de sesiones.
La Presidenta subrayó que la propuesta alcanza a “cualquier partido político” y que el objetivo central es que no exista “algún candidato o candidata que hubiera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada” en la boleta electoral de 2027.
