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Reforma

Sheinbaum recibirá propuesta final de reforma electoral el miércoles 14 de enero

El encuentro marcará un momento decisivo para el proceso que busca transformar el sistema electoral mexicano antes del inicio del proceso electoral 2026-2027, cuyo arranque formal está programado para el 1 de septiembre de 2026
12/01/2026 18:06

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostendrá el próximo miércoles 14 de enero de 2026 una reunión en Palacio Nacional con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en la que se tomarán decisiones clave respecto al contenido y calendario de presentación de la iniciativa ante el Congreso de la Unión, según informó durante su conferencia matutina de este lunes.

El encuentro marcará un momento decisivo para el proceso que busca transformar el sistema electoral mexicano antes del inicio del proceso electoral 2026-2027, cuyo arranque formal está programado para el 1 de septiembre de 2026. Ese mismo día, el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó formalmente a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral un documento con 241 propuestas aprobadas por mayoría de las consejerías, además de otros 75 planteamientos individuales que no alcanzaron consenso.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, subrayó durante la entrega que las propuestas presentadas fueron resultado de un ejercicio inédito de deliberación técnica, colegiada y transparente. Explicó que los documentos entregados recogieron tanto las coincidencias mayoritarias como las propuestas individuales, en diferentes documentos. Entre las propuestas más relevantes del INE destacaron vincular el presupuesto del organismo al Producto Interno Bruto (PIB) para evitar recortes futuros, mantener la representación proporcional y no eliminar a los legisladores plurinominales, solicitar formalmente el cambio de fecha de la elección de los otros 850 juzgadores del Poder Judicial prevista para 2027, e implementar gradualmente el voto electrónico con criterios de seguridad.

Sin embargo, el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, rechazó de inmediato la propuesta de vincular el presupuesto del INE al PIB. Adelantó que lo planteado por las consejerías no es posible, especialmente porque los cambios a la ley buscan primordialmente disminuir sustancialmente los costos de las elecciones y la democracia en el país. Durante la sesión de entrega, Gómez Álvarez cuestionó el concepto de autonomía del INE al afirmar que siempre había sido opuesto a usar esa palabra, debido a que señaló que los órganos administrativos no pueden darse su propia ley, aunque deben tener plena independencia en sus resoluciones.

Los 11 consejeros del INE plantearon que el organismo solicitara formalmente a la Presidencia de la República modificar la fecha de la elección de los otros 850 juzgadores del Poder Judicial, con el objetivo de evitar que coincidiera con la elección intermedia y de 17 gubernaturas en 2027. Esta propuesta se fundamentó en el costo elevado que representaría instalar casillas duplicadas e imprimir boletas para ambos procesos simultáneamente. La presidenta Sheinbaum Pardo recordó experiencias recientes en entidades como Veracruz y Durango, donde se instalaron casillas distintas para procesos electorales celebrados el mismo año, lo que generó confusión y desincentivos para el voto. Subrayó que no es adecuado que una persona tenga que acudir a más de una casilla para emitir su voto en una misma jornada electoral.

Sheinbaum Pardo explicó que uno de los puntos a definir es si la reforma busca entrar en vigor para el proceso electoral 2026-2027 o si su aplicación se plantea hasta las elecciones de 2030. Sostuvo que, en caso de que en 2027 se mantenga el esquema actual previsto en la Constitución, será indispensable coordinarse con el INE para facilitar el ejercicio del sufragio y evitar la duplicación de casillas. Además, explicó que si se optara por separar la elección del Poder Judicial para otro año distinto al de los comicios ordinarios, sería necesario realizar una reforma constitucional.

La mandataria nacional precisó este lunes que recibirá únicamente al coordinador de la comisión, Pablo Gómez Álvarez, con quien revisará los detalles relacionados con la entrega formal de la propuesta y las fechas en las que podría enviarse al Congreso de la Unión. Además, descartó que la reforma electoral sea tema de discusión este lunes por la noche en la reunión semanal con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso. Indicó que ese encuentro se centrará en revisar los tiempos legislativos y las iniciativas que se presentarán en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de febrero de 2026.

La iniciativa de reforma electoral enfrenta obstáculos internos dentro del bloque oficialista, específicamente con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliados históricos de Morena. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció el 11 de enero de 2026 que su partido primero buscará llegar a un acuerdo sobre la reforma electoral con sus aliados, cuya discusión se espera para el arranque del periodo ordinario de sesiones en febrero de 2026.

Monreal Ávila precisó que lo primero que tendrán que hacer en la cámara donde la Presidenta Sheinbaum Pardo decida enviarla será ponerse de acuerdo con sus aliados, refiriéndose específicamente al PT y al PVEM. Afirmó que tienen que caminar de manera congruente y armoniosa para que pueda tener éxito la reforma constitucional. Después, dijo el coordinador morenista, se buscará al resto de partidos para que participen en una reforma constitucional que satisfaga a la mayoría de los participantes, aunque reconoció que algunos de ellos han anunciado que no participarán.

La dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, descartó que la propuesta de Sheinbaum Pardo sobre la eliminación de los diputados y senadores plurinominales vaya a impactar negativamente en el partido, sin embargo, reconoció que existe preocupación sobre el contenido del proyecto. Señaló que el grupo parlamentario del Partido Verde hará lo propio en analizarla y hará los comentarios pertinentes en cuanto la tengan en el Senado. Añadió que, aunque admitió que se requiere una reforma electoral, el PVEM tendrá que hacer una revisión y análisis técnico, y les interesa conocer en qué sentido vendrá para poder hacer sus oportunas aportaciones.

Por su parte, el coordinador parlamentario del PVEM en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Puente Salas, rechazó fijar una posición con relación a la propuesta presidencial hasta conocer el fondo de ésta. Indicó que con la eliminación de los plurinominales se afectaría a todos, porque es un reparto proporcional. Declaró que no hay condiciones hasta que no conozcan la iniciativa, debido a que afirmó que parece muy fácil decir si están a favor o en contra, pero depende de cómo venga la propuesta.

Del mismo modo, el coordinador parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, evitó hacer declaraciones sobre el proyecto porque afirmó que todavía no hay propuesta, está en el debate la base de diagnóstico. Sostuvo que está más en el tema de la especulación que de la realidad, por lo que manifestó que no conocen la iniciativa y hay que esperarla. La vicecoordinadora del PT en la Cámara de Diputados, Lilia Aguilar Gil, afirmó que no hay iniciativa de la presidenta Sheinbaum Pardo y en los trabajos que está haciendo la Comisión Especial que tienen que ver con esos temas no hay ningún posicionamiento por escrito. Señaló que estarían hablando sobre lo abstracto, porque no hay una propuesta específica.

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral fue creada por decreto el 4 de agosto de 2025 y quedó integrada por Pablo Gómez Álvarez como presidente, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), José Antonio Peña Merino, Ernestina Godoy Ramos, Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Según el decreto presidencial, la comisión tuvo como objeto convocar al pueblo a expresarse sobre la reforma electoral conveniente para México y realizar estudios sobre ese mismo tema.

La titular de la SEGOB, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, expresó en múltiples ocasiones durante las audiencias públicas que la principal misión de la Comisión Presidencial era escuchar y que no se tiene un documento acabado, debido a que se realizarán audiencias y debates. Afirmó que no tienen al día de una propuesta de iniciativa de ley, no tienen un documento que esté acabado, que esté concluido y el cual puedan poner a consideración. Explicó que ese documento se realizará de todas las escuchas, de todas las audiencias, de los debates y de los posicionamientos que han escuchado durante las audiencias públicas.

Rodríguez Velázquez señaló durante una reunión con diputados el 20 de octubre de 2025 que quedaba muy claro que tenían que dar pasos hacia adelante y no hacia atrás. Precisó que la presidenta Sheinbaum Pardo no quiere que su partido controle los órganos electorales, según declaró Pablo Gómez Álvarez, quien enfatizó que lo repudiaban antes, luchaban contra eso, y en las audiencias todo mundo coincidió en que no hay que regresar al pasado.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer la posible ruta que podría tener la aprobación de la reforma electoral que se estima enviará en las próximas semanas la presidenta Sheinbaum Pardo. Según el cronograma presentado por Monreal Ávila, se contempla que en enero de 2026 se realice la redacción técnico-jurídica y la presentación de la iniciativa ante una de las cámaras del Congreso, cuya decisión corresponderá a Sheinbaum Pardo.

El plan prevé que en febrero y marzo de 2026 se realicen el análisis, el debate formal y la votación de la reforma en ambas cámaras, con la perspectiva de que no será necesario convocar a un periodo extraordinario de sesiones. Monreal Ávila adelantó que se deberá considerar tiempo para enviar la reforma a los congresos estatales, de tal forma que se cumpla el proceso de aprobación en por lo menos 17 legislaturas y se pueda realizar el cómputo de constitucionalidad en el Congreso de la Unión. Posteriormente, el Congreso Federal se dará a la tarea de diseñar o actualizar las leyes secundarias y las consideraciones presupuestales correspondientes. Expuso que el 1 de septiembre es la fecha en la que inicia formalmente el proceso electoral, con la primera sesión del Consejo General del INE.

Monreal Ávila enfatizó que existen tiempos fatales que, de retrasarse, dificultarían el análisis y la discusión de la reforma. Afirmó que los tiempos se están acortando y que esta semana del 12 de enero de 2026 será determinante para arrancar los trabajos en la materia. Explicó que la aprobación de la reforma constitucional será a mediados de marzo de 2026, para que dé tiempo para las reformas en materia secundaria. Asimismo, resaltó que vendrá la implementación, por lo que se está hablando de junio de 2026, y los reglamentos del INE que también se darán más o menos entre junio y julio de 2026, y luego vendrá el inicio del proceso electoral que es en el mes de septiembre de 2026.

Al encuentro de este lunes 12 de enero de 2026 en el que el INE entregó sus propuestas a la Comisión Presidencial, acudieron nueve de las 11 consejerías del INE. Durante su intervención, la consejera Carla Humphrey Jordan lamentó que el documento que se entregó no pudo ser analizado con mucho más cuidado por los consejeros, ya que destacó que entre todas las consejerías se realizaron 316 propuestas, de las cuales se recogieron sólo 241, es decir, el 76 por ciento. Resaltó que para ella hay diversos ejes prioritarios que tienen que ser incluidos en una eventual reforma, como mantener la autonomía constitucional del propio Consejo General del INE, así como otorgarle un presupuesto vital mínimo para poder llevar a cabo sus funciones.

La consejera Humphrey Jordan pidió a la Comisión Presidencial reforzar lo referente a la igualdad sustantiva, la paridad, de alternancia y prevenir, atender y sancionar la violencia política de género. Además, urgió a que se revierta el superpoder otorgado a la presidenta del INE, con el que puede realizar nombramientos sin el aval del Consejo. Afirmó que cree muy importante que en esa reforma se restituya la colegialidad en los nombramientos de los cargos directivos del INE, esa colegialidad que fue modificada y restringida en 2024 sin que hubiera una motivación, al menos explícita, para ello.

El consejero Jaime Rivera Velázquez especificó que los documentos son producto tanto de la experiencia acumulada, como de deliberaciones técnicas recientes. Mencionó puntos que, a su juicio, debe incluir una reforma electoral para fortalecer la democracia: ampliar y reforzar la representación de la pluralidad política, cuidar la equidad de la contienda y el respeto a la autonomía del INE, fortaleciendo el liderazgo de la Presidencia del Instituto.

El documento del INE contiene propuestas técnicas organizadas en 10 ejes temáticos, trabajados en los últimos tres meses y que fueron aprobadas por la mayoría de las consejeras y los consejeros electorales durante la sesión de Mesa de Consejerías celebrada el pasado viernes 10 de enero de 2026. Más del 70 por ciento de las propuestas fue aprobada por mayoría. Entre las propuestas destacadas se encuentran la implementación gradual del voto por internet con criterios de seguridad, modelo mixto de votación electrónico y presencial en casillas, voto anticipado para funcionarios de casilla y cuerpos de seguridad, sancionar actos anticipados facultando al INE para actuar contra actividades proselitistas fuera de tiempo, y eliminar las trabas del secreto ministerial que impiden la fiscalización.

Los consejeros acusaron que autoridades como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR) o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) suelen escudarse en el secreto ministerial para negar información financiera de partidos y candidatos, incluso cuando existen sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenan su entrega.

El INE presentó esta propuesta como una aportación técnica al debate legislativo, no como una agenda cerrada ni una iniciativa unilateral. El enfoque de la propuesta es correctivo y adaptativo, cuyo objetivo es fortalecer el Estado democrático de derecho mediante ajustes constitucionales y legales que permitan corregir vacíos normativos, reducir márgenes de discrecionalidad, reforzar la equidad en la contienda y garantizar la efectividad del sufragio.

Según información de la Presidencia de la República, la propuesta de reforma podría considerar reducir a la mitad el financiamiento ordinario y de campañas a los partidos políticos, así como eliminar recursos para actividades partidistas específicas. Estas medidas, según cálculos oficiales, podrían generar ahorros por más de 32 mil millones de pesos entre 2025 y 2030. Asimismo, la iniciativa podría prever la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sustituiría al actual INE y a los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Además, reduciría a nueve el número de consejeras o consejeros electorales, y acortaría su periodo de gestión de nueve a seis años, sin posibilidad de reelección.