Sheinbaum señala que EU no ha entregado pruebas sobre empresas de Baja California

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno de Estados Unidos no ha entregado al Gobierno de México pruebas que acrediten los presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa de las empresas de Baja California sancionadas por el Departamento del Tesoro.

Sostuvo que la Unidad de Inteligencia Financiera sí detectó irregularidades en las compañías y congeló cuentas, aunque precisó que esos hallazgos no acreditan una relación con algún grupo delictivo.

“No se tienen ninguna prueba de que estén vinculados con algún grupo delictivo, ni tampoco se ha recibido información por parte de Estados Unidos de por qué dicen que están vinculados a un grupo”, afirmó.

Entre las empresas sancionadas se encuentra Inteliproof Efficient, proveedora de la Fiscalía General del Estado de Baja California y de otras dependencias estatales, a la que el Gobierno de Estados Unidos ubicó dentro de una red presuntamente vinculada con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Según lo revelado por el diario Reforma, Inteliproof Efficient recibió más de 200 millones de pesos de la Fiscalía estatal entre 2022 y 2025, mediante contratos que incluyeron equipo y tecnología utilizada en tareas de seguridad, entre ella software de reconocimiento facial.

La compañía también obtuvo contratos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California y con los ayuntamientos de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, además de otras operaciones con dependencias locales.

Tras las sanciones del Departamento del Tesoro, la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ordenó revisar los contratos celebrados con las compañías señaladas y suspender nuevas contrataciones mientras se analizaban los expedientes.

Sheinbaum Pardo explicó que las irregularidades detectadas por la UIF corresponden a posibles inconsistencias en el reporte de impuestos, ingresos o egresos, e insistió en que eso no demuestra vínculos con la delincuencia organizada.

“Ese tipo de irregularidades, pero de ahí a que estén vinculados con un grupo delictivo, pues es otra cosa”, sostuvo.

Dijo que la UIF aplicó sanciones y abrió un periodo para que las empresas presenten documentación que permita aclarar sus operaciones financieras.

“Pero no hay ninguna evidencia de acuerdo con la UIF y el Gobierno de México, en particular, del Gabinete de Seguridad, de que la empresa o las personas a las que se congelaron las cuentas estén vinculados con el grupo”, señaló.

Sheinbaum Pardo indicó que, si las compañías acreditan el origen y manejo de sus recursos, las cuentas podrán ser descongeladas y, en caso contrario, el asunto podrá continuar por la vía judicial.