S&P coloca calificación de Sinaloa en revisión negativa tras acusaciones de EU contra Rocha

La agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) colocó este jueves en revisión especial con implicaciones negativas la calificación crediticia “mxA” del Estado de Sinaloa, en respuesta a las acusaciones formuladas el 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el Gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Según un comunicado de S&P, la agencia estimó que el entorno de financiamiento del estado podría volverse más desafiante a raíz del anuncio estadounidense, en un contexto donde eventuales restricciones al acceso a crédito comercial representarían un riesgo incremental para la liquidez de Sinaloa, que ya evaluaba como “menos que adecuada”.

“Consideramos que el entorno del financiamiento del Estado de Sinaloa se podría volver más desafiante”, advirtió la calificadora.

S&P recordó que la calificación de Sinaloa ya contaba con perspectiva negativa antes de este episodio, lo que reflejaba la persistente contratación de deuda de corto plazo, la vulnerabilidad en su posición de liquidez y el deterioro en su desempeño fiscal.

Al 31 de diciembre de 2025, el saldo de la deuda del estado ascendía a 7 mil 182 millones de pesos: 4 mil 487 millones correspondían a deuda de largo plazo y 2 mil 695 millones a deuda de corto plazo.

La deuda de largo plazo se integra por nueve créditos bancarios en un fideicomiso de fuente de pago que afecta el 28.84 por ciento del Fondo General de Participaciones que le corresponde a la entidad.

Los acreedores de la deuda de corto plazo son Banorte, Banco Santander México y BBVA México. S&P indicó que revisará que el pago de dicha deuda, de carácter quirografario, se realice en tiempo y forma.

“Dados los recientes acontecimientos, aún es prematuro para determinar la magnitud de su impacto en la administración financiera del Estado de Sinaloa, su posición de liquidez y su desempeño presupuestal. En este sentido, iremos incorporando el desarrollo de los eventos conforme exista mayor visibilidad, con el fin de definir un nuevo escenario base”, señaló la agencia.

Las acusaciones contra Rocha Moya incluyen señalamientos de haber facilitado operaciones de tráfico de drogas hacia EU y de haber recibido apoyo del crimen organizado durante su campaña electoral.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, el Gobernador y otros funcionarios habrían participado en una red de corrupción que protegía actividades delictivas a cambio de beneficios políticos y económicos. Rocha Moya rechazó los señalamientos, los calificó de falsos y anunció que no solicitaría licencia para separarse del cargo.

Ante los cargos, la American Society of Mexico, cámara de comercio que agrupa a empresas estadounidenses con operaciones en el País, exhortó al Gobierno mexicano a responder con celeridad, transparencia y plena disposición institucional ante los mecanismos de cooperación judicial activados por las autoridades de EU.

La AmSoc señaló que dicha cooperación “no es optativa”, sino un imperativo derivado de los tratados y compromisos bilaterales en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que indicó que, según una revisión jurídica, la solicitud de extradición provisional “no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas” requeridas.

La Fiscalía General de la República respaldó esa postura al afirmar que EU no aportó evidencias contundentes contra el Gobernador y los coacusados.

La AmSoc advirtió que la credibilidad de México como socio estratégico en los planos económico, comercial y de seguridad dependía también de la forma en que el País enfrentara estas circunstancias.

La cámara de comercio vinculó el caso con la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y sus consecuencias estructurales sobre grupos criminales con presencia en Sinaloa y ramificaciones transnacionales.

S&P precisó que continuará monitoreando el impacto indirecto de las acusaciones sobre la evaluación de liquidez y la administración financiera de Sinaloa, con el fin de definir un nuevo escenario base conforme se desarrollen los eventos.