SRE difunde documentos sobre comunicaciones con EU en caso Rocha Moya
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo públicos tres documentos relacionados con las comunicaciones que mantuvo con Estados Unidos a raíz de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez. La medida se dio en atención a una instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien pidió a la dependencia transparentar el intercambio diplomático sobre el caso.
Los documentos incluyen una comunicación de extrañamiento dirigida a la Embajada de Estados Unidos en México, una tarjeta informativa elaborada por la Subsecretaría para América del Norte y un documento titulado “Líneas de comunicación México-Estados Unidos”, que enlista los posicionamientos del Gobierno mexicano ante el personal diplomático en el exterior. La subsecretaria para América del Norte de la Cancillería, Cristina Planter, anunció la desclasificación durante la conferencia “Derecho de Réplica” y precisó que los tres textos podrán consultarse en la página de internet de la dependencia.
En el oficio de extrañamiento, fechado el 30 de abril de 2026 —un día después de que el Departamento de Justicia de EU hiciera públicas las acusaciones contra Rocha Moya, Inzunza Cázarez y otros ocho ex funcionarios mexicanos ante el Distrito Sur de Nueva York—, el Gobierno mexicano advirtió que la divulgación de la información podría comprometer el resultado de un eventual proceso de extradición y afectar el derecho al debido proceso de los diez señalados. El documento está suscrito por el director general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería y dirigido a un funcionario de la Embajada estadounidense; en ambos casos los nombres fueron testados.
La acusación del Distrito Sur de Nueva York sostiene que los imputados participaron en una conspiración para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos, y que habrían usado sus cargos públicos para proteger a líderes criminales, filtrar información policial y militar sensible, impedir arrestos, ordenar a corporaciones locales resguardar cargamentos y permitir actos violentos del cártel sin consecuencias. También se les imputan delitos relacionados con posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. Uno de los acusados, identificado como Juan Valenzuela, enfrenta además cargos por secuestro con resultado de muerte. Las autoridades estadounidenses precisaron que se trata de acusaciones y no de condenas, por lo que los señalados son legalmente presuntos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
La SRE había reservado previamente por cinco años toda la documentación relacionada con las comunicaciones entre ambos países sobre el caso. Planter explicó que la clasificación obedeció a que las solicitudes de información involucraban datos de un expediente con notas diplomáticas vinculadas a procesos judiciales en curso. Tras la instrucción presidencial, dijo, únicamente permanecerán reservadas dichas notas diplomáticas, al tratarse de comunicaciones oficiales entre Estados amparadas por el artículo 112, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Cuestionada sobre la inmunidad diplomática, Planter afirmó que ésta protege a todo el personal acreditado por un país y no únicamente al ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a quien la Presidenta Sheinbaum Pardo ha señalado de haber mentido sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada. La funcionaria indicó que corresponderá a la Consultoría Jurídica de la Cancillería determinar si Salazar puede ser llamado a declarar en México.
Las comunicaciones difundidas por la SRE señalan que, ante las solicitudes estadounidenses, México fijó una postura basada en verdad, justicia y defensa de la soberanía. En ese contexto se cita a la Presidenta Sheinbaum Pardo, quien afirmó: “no vamos a proteger a nadie que haya cometido un delito... y hemos actuado en consecuencia”. Los documentos precisan también que cualquier acción legal en el país requiere pruebas claras y verificables conforme a la legislación nacional, y que todas las solicitudes fueron remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que inició una investigación y determinará los pasos a seguir con base en el debido proceso y el Estado de derecho.
