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Segunda Sala

Suprema Corte mantiene freno a extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial

La Ministra Lenia Batres propuso revocar la suspensión definitiva que frenó la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, pero por mayoría de votos la propuesta fue rechazada

Por mayoría de cuatro votos contra uno, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la propuesta de la Ministra Lenia Batres, que pretendía revocar la suspensión definitiva que frenó la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

Quienes votaron en contra de esta propuesta fueron la Ministra Yasmín Esquivel Mossa y los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales, ratificando así la suspensión definitiva con efectos generales que una jueza de distrito había decretado en favor de las y los trabajadores del Poder Judicial desde finales del año pasado.

El proyecto de la ministra Batres sobre los fideicomisos

Al presentar su proyecto de sentencia, la Ministra Batres explicó que buscaba revocar la suspensión definitiva debido a que el magistrado en retiro Filiberto Javier Mijangos Navarro −quien promovió la demanda de amparo− “no tiene interés legítimo sino jurídico en ese tema” y a que “es improcedente conceder una suspensión con efectos generales” en un juicio de amparo.

“En este caso se trata de una extralimitación de la jueza en la materia y más aún en esta suspensión otorgada de manera excesiva considero que se hizo en perjuicio del interés social y contraviniendo el orden público, dado que la jueza priorizó intereses propios que los de la población al impedir que los recursos de los 13 fideicomisos se destinarán a atender los daños y desastres ocasionados por el huracán Otis en el estado de Guerrero como dispuso el Congreso de la Unión”, dijo durante la sesión de la Sala.

El argumento de la Ministra se hizo en referencia a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador que, tras la extinción de los fideicomisos por una reforma aprobada en el Congreso de la Unión, pidió que el Poder Judicial otorgara los 15 mil millones de pesos recortados de los fideicomisos para destinarlos para apoyar a los damnificados de Acapulco tras el impacto de Otis, en Guerrero, propuesta que incluso fue aceptada por la Ministra Norma Piña.

Aunque no es usual que las y los ministros expongan sus argumentos durante las sesiones de las Salas, el Ministro Aguilar Morales explicó que votó en contra del proyecto de Batres porque “la suspensión debía concederse siempre y cuando no se afecte el interés social ni se controvierta disposiciones de orden público, lo cual no aprecio que suceda en el caso”.

“El eventual fin que se pretende dar a los fondos que conforman los fideicomisos podría obtenerse de las partidas presupuestales que sin duda tiene a su disposición el Poder Ejecutivo Federal”, dijo en respuesta al argumento de la ministra Batres.

“Además, procesalmente este no es el momento para analizar si se vulneran o no esos derechos, pues eso corresponde, en todo caso, al fondo del juicio de amparo. Sin embargo, para preservar la materia de juicio es necesario suspender los efectos del decreto impugnado y mantener el actual funcionamiento de los fideicomisos, pues de no concederse la suspensión, el juicio de amparo perdería toda finalidad y materia, lo cual es lo contrario a los artículos 17 y 107 de la Constitución”, dijo.

De esta forma, el asunto fue retirado de la lista de acuerdo de la Segunda Sala y returnado a la ponencia del ministro Aguilar Morales, quien deberá elaborar un nuevo proyecto.

La extinción de los fideicomisos del Poder Judicial

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cámara de Diputados impugnaron la resolución del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en la que una jueza de distrito ordenó la suspensión definitiva de la extinción de los fideicomisos con efectos generales.

Con esta decisión, la jueza benefició a todas y todos los trabajadores del Poder Judicial y no solo al magistrado en retiro Filiberto Javier Mijangos Navarro, quien originalmente promovió esta demanda de amparo para proteger sus prestaciones y remuneraciones de la extinción de los fideicomisos.

En particular, el magistrado impugnó el segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2023, por el cual el Gobierno aprobó la eliminación de dos de los fideicomisos referentes a las pensiones complementarias y al plan de prestaciones médicas complementarias y de apoyo médico extraordinario.

Tiempo después, el Juzgado declinó su competencia, por lo que el asunto fue radicado en el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante un acuerdo del Pleno del CJF con número 34/2023.

Posteriormente, debido a que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo interpusieron diversos recursos de revisión contra la suspensión definitiva es que solicitaron a la Suprema Corte ejercer su facultad de atracción para estudiar el asunto, petición que fue aceptada el 31 de enero de 2024.

Por esta razón, el asunto llegó a manos de la ministra Lenia Batres que propuso declarar como fundados los argumentos de la Presidencia de la República, que indicó que el magistrado en retiro no aportó argumentos para acreditar el interés legítimo que tiene para combatir el decreto en su totalidad.

Para llegar a su conclusión, la ministra Batres también retomó los argumentos con los que el partido Morena y sus aliados reformaron la Ley de Amparo para prohibir que se otorguen suspensiones con efectos generales cuando se impugnan reformas a leyes, debate que deberán abrir las y los ministros de la Corte cuando resuelvan el fondo del asunto.

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