Tribunal absuelve a José Luis Abarca, ex Alcalde de Iguala, por caso Ayotzinapa

Jorge Guillermo García Suárez Campos, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, con sede en Matamoros, absolvió a José Luis Abarca Velázquez, ex Presidente Municipal de Iguala, Guerrero, de la privación ilegal de la libertad de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, al estimar que no existen evidencias de su plena responsabilidad.

Dicha sentencia no es definitiva, porque la Fiscalía General de la República puede apelarla ante un Tribunal Unitario de Circuito. Asimismo, el ex Alcalde permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, porque tiene otros tres procesos en curso.

Dos de ellos son por el delito de delincuencia organizada, uno relacionado con los supuestos vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos y otro con las operaciones de lavado de dinero. Un tercer juicio fue iniciado a Abarca por el delito de homicidio, ya que le atribuyen los asesinatos de Arturo Hernández Cardona y Justino Carbajal Salgado.

El 8 de diciembre del 2020, de forma unánime, los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, dejaron sin efecto el auto de formal prisión dictado contra José Luis Abarca Velázquez, quien fue acusado por la entonces Procuraduría General de la República por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de su supuesta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos.

Los magistrados del tribunal federal ordenaron al juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, abrir un nuevo plazo constitucional, en el que llevara a cabo nuevamente la diligencia para tomar la declaración preparatoria de Abarca Velázquez.

La sentencia de amparo también ordenaba que se le hicieran saber todos los derechos de que gozaba Abarca Velázquez, y que de manera clara y precisa, se le informara respecto a la naturaleza y causa de los delitos por los cuales se ejerció acción penal en su contra, así como las conductas u omisiones que en el particular le fueron atribuidas.

Además, los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, ordenaron al juez, asentar de manera clara y detallada dichas circunstancias en el acta respectiva, lo cual incluía los nombres de las personas que atestiguaron en su contra, así como de las pruebas en que ello se basaba.

“Deberá hacérsele saber la identidad de los testigos colaboradores con nombre clave ‘Mateo’ y ‘X’, cuya identidad hasta la etapa de averiguación previa era reservada”, ordenó el tribunal federal, respecto a Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, y Eynar Rodrigo Lozano Mendoza.

El 24 de agosto del 2020, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Segundo Circuito concedió un amparo a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca Velázquez, para dejar sin efectos el auto de formal prisión en el proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que se sigue en su contra.

Con dicha resolución, el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en el Estado de México, debería tomar una nueva declaración preparatoria a la procesada y, a partir de este trámite, considerar qué elementos existían para poder determinar la situación jurídica de Pineda Villa, quien, sin embargo, no recuperaría su libertad.

Además, en el amparo otorgado por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Segundo Circuito, se ordenaba que se revelaran los nombres de los testigos protegidos que declararon contra Pineda Villa y que se exhiban las pruebas que existían en su contra, así como los hechos concretos que se le atribuían, para que pudiera defenderse de los mismos.

Por dicho motivo debía quedar sin efecto el auto dictado el 11 de marzo de 2019 dentro de la causa penal 12/2017. Los nombres y datos de identificación que ordenó revelar el Tribunal, son los de los testigos colaboradores con nombres claves Mateo (Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”) y “X” (Eynar Rodrigo Lozano Mendoza).

“Requiera al agente del Ministerio Público de la Federación que consignó la averiguación previa que dio origen el proceso penal 12/2017, para el efecto de que proporcione el nombre real y todos los datos personales de los aludidos testigos colaboradores en el lapso que se estime prudente, tomando en cuenta el término constitucional para resolver la situación jurídica, recabe nuevamente la declaración preparatoria de María de los Ángeles Pineda Villa”, indicaba el fallo de los magistrados federales.

El Tribunal puntualizó que todo lo ordenado en su sentencia debía realizarse de acuerdo con diversos numerales de la Constitución, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“De manera clara y precisa, le informe sobre la naturaleza y causa de la consignación, esto es, de los delitos por los cuales se ejerció acción penal en su contra, es decir, su denominación y previsión legal, mediante la precisión de los consecuentes hechos materia de la misma, las conductas u omisiones que en el particular le fueron atribuidas, asentando de manera clara y detallada esas circunstancias en el acta respectiva materia de la misma, lo cual incluye los nombres de las personas que deponen en su contra, así como de las pruebas en que ello se basa”, establecía la sentencia.

Abarca Velázquez fungía como alcalde de Iguala, Guerrero, cuando el 26 de septiembre del 2014, ocurrió la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) les imputó cargos por delincuencia organizada, al involucrarlos con el grupo criminal de Guerreros Unidos y de haber colaborado con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

La entonces PGR, cuyo titular era Jesús Murillo Karam, aseguró, en su momento, que Felipe Flores Velázquez, en esas fechas titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala -detenido y vinculado a proceso a finales de octubre del 2016- recibió una orden directa de su primo, el entonces alcalde José Luis Abarca Velázquez, de evitar que los normalistas llegara a la plaza principal del municipio, donde su esposa, María de Los Ángeles Pineda Villa, rendía su informe como presidenta del DIF municipal.

Según testimonios y evidencias obtenidas por la entonces PGR, fue Flores Velázquez -en la actualidad preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, de Almoloya de Juárez, Estado de México– quien ordenó a los policías municipales de Iguala secuestrar y entregar al grupo Guerreros Unidos a los normalistas de Ayotzinapa, cuyo paradero se desconoce hasta el momento.

En el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se señalaba que Flores Velásquez mantuvo comunicación con la Policía Federal entre los días 26 y 27 de septiembre del 2014.

La entonces versión oficial, cuestionada por los padres de los normalistas, indicaba que el ex mando policíaco habría pedido apoyo la noche del 26 de septiembre del 2014 a César Nava González, ex subdirector de seguridad pública de Cocula, para trasladar a un grupo al sitio conocido como Lomas de Coyote, donde fueron recibidos por integrantes de los Guerreros Unidos, quienes supuestamente asesinaron e incineraron a los estudiantes.

Sin embargo, los especialistas de la CIDH aseguraron en su informe, que no existen pruebas científicas de que los 43 estudiantes hayan sido quemados en el basurero de Cocula, sitio donde dijo la entonces Procuraduría General de la República, se dio “la verdad histórica”.

Además de ser primo del entonces Alcalde, el ex jefe policíaco era el enlace principal entre este, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, y los mandos del cártel de los Guerreros unidos, y conoció de primera mano lo que sucedió la noche del 26 de septiembre, ya que recibió las órdenes que dio Abarca Velázquez.

El ex titular de la Seguridad Pública de Iguala declaró ante la entonces Procuraduría General de Justicia de Guerrero el día 27 de septiembre del 2014, fecha en la que prácticamente todos los elementos de la corporación municipal bajo su mando ya habían sido detenidos.

En sus declaraciones ante el Ministerio Público local, Flores Velázquez inicialmente afirmó no haberse dado cuenta de nada sobre hechos de violencia, y que incluso, en lo que habría sido la primera agresión contra los normalistas en inmediaciones del palacio municipal, se asomó porque creyó escuchar disparos de arma de fuego, pero tras comprobar que no pasaba nada, regresó a su oficina.

Sin embargo, luego modificó su dicho y señaló que tuvo reportes del C-4 de que en el centro de Iguala se estaban registrando algunos hechos de violencia, los cuales le eran reportados por su subdirector operativo Francisco Salgado Valladares y el encargado de radio de la corporación.

La declaración de Flores Velázquez sirvió a la entonces PGR para acreditar que el entonces alcalde mintió, cuando en entrevistas con medios de comunicación afirmó no haber estado enterado de nada de lo sucedido en su municipio la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

El ex alcalde afirmó antes haber estado en el informe de su esposa, luego haber bailado un rato y, tras ir a cenar con su familia, haber dormido sin que nadie le reportara nada. Pero mintió, según la versión de su primo y ex jefe policíaco municipal.

Según la PGR, los Guerreros Unidos entregaban de manera periódica (semanal o mensual), entre dos y tres millones de pesos a las autoridades municipales de Iguala, Cocula e Ixtapan de la Sal, ya que con ese dinero se pagaba la nómina de los policías.

Las autoridades también relacionan a Flores Velázquez como testigo presencial del asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona, cometido por el propio alcalde de Iguala, tal como lo señala en una declaración notariada Nicolás Mendoza Villa, uno de los sobrevivientes del secuestro realizado 30 de mayo de 2013.