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Proceso

Tribunal niega a García Luna acceso a investigación de FGR en su contra

El ex funcionario señaló que busca tener acceso a las constancias para se le dé oportunidad de presentar pruebas y demostrar que los bienes asegurados por la FGR los adquirió lícitamente y evitar que las propiedades causen abandono al Estado

MÉXICO._ El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en la Ciudad de México declaró infundado, un recurso de queja que promovió Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, quien impugnó que una jueza rechazó solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR), copia de una de las carpetas de investigación que se integran en su contra.

El ex funcionario señaló que busca tener acceso a las constancias para se le dé oportunidad de presentar pruebas y demostrar que los bienes asegurados por la FGR los adquirió lícitamente y evitar que las propiedades causen abandono al Estado.

Según el expediente, en agosto de 2021, los representantes de García Luna presentaron un escrito en la FGR, firmado por el ex funcionario federal, para que se les reconozca como abogados y se les permita tener acceso a la carpeta de investigación. Como su petición no se acordó favorable, promovieron un amparo.

Sin embargo, el fiscal a cargo de la carpeta de investigación informó a la jueza que conoce el amparo, indicó que no hay certeza de que las firmas en el escrito sean de García Luna, ya que se detectaron posibles discrepancias.

Asimismo, el fiscal presentó copia de un oficio emitido por la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que menciona que el acceso a las personas recluidas en centros penitenciarios federales en territorio estadounidense, se encontraba restringido, debido las medidas implementadas como resultado de la pandemia por la Covid-19.

“Por lo anterior es que esta autoridad por el momento no tiene la certeza de que efectivamente Genaro García Luna haya podido ser visitado en el lugar en el que se encuentra recluido por alguna persona para recabar su firma en escritos a su nombre, ello atendiendo a las restricciones que existen derivadas de la pandemia covid en el centro de detención en el que se encuentra”, detalla la notificación de la FGR.

Por dicha razón, la juzgadora que continúa con el estudio del juicio de amparo, determinó que no procede la petición del quejoso de requerir a la fiscal responsable, la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación, situación que dio origen al recurso de queja.

Ante ello, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, señaló que la jueza no está obligada a requerir la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación, motivo por el cual declaró infundado el recurso.

La institución de procuración de justicia imputa que García Luna acumuló ingresos por más de 27 millones de pesos, que no corresponden a su ejercicio como servidor público, recursos que supuestamente sirvieron para depósitos no identificados en cuentas bancarias, a pagos no identificados en tarjetas de crédito, para la adquisición de un vehículo y, además, la adquisición de cinco bienes inmuebles, de los cuales tres fueron asegurados.

La FGR informó, el 16 de junio del 2022, que obtuvo tres órdenes de aprehensión en diversas carpetas y procesos en contra García Luna, preso en Estados Unidos por narcotráfico.

La primera, por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa (caso “CEFERESOS”). La segunda, por enriquecimiento ilícito, y, la tercera, por introducción ilegal de armamento (caso “Rápido y Furioso”).

“Y se encuentran diversas investigaciones en trámite de las que se espera el cumplimiento de solicitudes de asistencia jurídica internacional, frente a los Estados Unidos. Conforme las diligencias pendientes puedan darse a conocer en versión pública, se hará de inmediato.”, indicó la FGR.

El caso “CEFERESOS” se refiere a las probables irregularidades en contratos con empresas privadas para la construcción de diversos Centros Federales de Readaptación Social. Se trata de ocho convenios por alrededor de 270 mil millones de pesos, que corresponden a adjudicaciones directas para prisiones en Morelos, Guanajuato, Oaxaca, Michoacán, Sonora, Chiapas y Durango.

La segunda orden de aprehensión tiene que ver con el presunto delito de enriquecimiento ilícito por más de 27 millones de pesos. Por este asunto, se ordenó el aseguramiento de sus cuentas bancarias y de tres inmuebles. La FGR estima que García Luna acumuló ingresos que no corresponden a su ejercicio como servidor público, recursos que supuestamente sirvieron para depósitos no identificados en cuentas bancarias, tarjetas de crédito, para la adquisición de un vehículo y, además, la compra de cinco bienes inmuebles.

Las propiedades aseguradas al ex funcionario federal, se localizan en calle Paseo de los Cedros Número 1, colonia Paseos del Sur, alcaldía Xochimilco, un restaurante; y, en calle Monte del Funiar No. 21, colonia Jardines en la Montaña, en la alcaldía Tlalpan, ambos en la Ciudad de México. El otro de los inmuebles está en calle Amate sin número, lotes 12 y 13 de la manzana 22, Fraccionamiento Pedregal de las Fuentes, en el municipio de Jiutepec, Morelos. Este último es una mansión que abarca varios terrenos, en una lujosa zona residencial.

La tercera orden de aprehensión, es por introducción ilegal de armamento, misma que tiene que ver con el caso “Rápido y Furioso”. Según la indagatoria SEIDO/UEITA-SON/0000306/2020, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, ordenó el ingreso ilegal a México de más de 2 mil 500 armas de fuego.

Ello con el objetivo de detectar a los compradores. Sin embargo, el armamento se perdió y quedó en manos de grupos del narcotráfico, además de que, desde el año 2009, fue utilizado en crímenes de alto impacto. En este caso también hay orden de captura contra el ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

Por el caso “Rápido y Furioso”, la FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra cinco personas más, de las cuales se ha ejecutado solo una, contra Facundo Rosas Rosas, quien fuera el primer comisionado general de la Policía Federal (PF) del 2009 al 2012, y uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna.

Otra de las órdenes de aprehensión que falta por cumplimentar es contra Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la División de Seguridad Regional de la PF, también muy cercano a García Luna. Entre enero y febrero de 2021, la FGR citó a comparecer en calidad de testigos a 14 ex funcionarios federales, entre ellos, al ex presidente Calderón Hinojosa, y a los ex titulares de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez.

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